Por: Jimmy Viera
Una gran sombra de ilegalidad persigue al nuevo gobierno de Colombia. La palabra fraude está en boca de trece millones de votantes y la idea de trampa seguirá gravitando en el imaginario del país. Las evidencias develan que Abelardo de la Espriella no ganó de manera justa, legal y honesta la disputa política.
Esta sombra se agiganta por causa de la injerencia directa del gobierno de EE. UU. que infringe la Constitución y la soberanía nacional. Trump reconoce públicamente la intromisión y se adjudica como propio este triunfo electoral, apoderándose del gobierno, sin necesidad de una invasión o golpe militar de Estado. Este primer impacto de la operación estadounidense pulveriza la democracia representativa en Colombia.
Abelardo no sería presidente, sin el apoyo del gobierno de EE. UU. Por lo tanto, le debe a Trump, el triunfo.
Un sofisticado golpe blando se ha realizado, a través de operaciones encubiertas e ilegales, con mucho dinero y apoyo técnico, que pretende eliminar al Estado social de derecho, para reinstalar por vía de decretos, una república señorial dentro del marco de un nuevo modelo de Estado panóptico, corporativista-imperial, colonial y de restauración violenta conservadora.
Se instala un nuevo modelo de Estado, para detener el avance de la movilización del pueblo y liquidar la continuidad del proyecto de cambio.
En vez de asistir a un cambio de gobierno, estamos ante un cambio de régimen político. La relación Estado-sociedad será radicalmente alterada y las relaciones no serán democráticas sino disciplinarias y de sometimiento. El terrorismo de Estado abre otra puerta al terrorismo económico, bajo formas controladas y restringidas de gimnasia electoral, para ajustar más el modelo neoliberal y convertirse en una dependencia imperial.
Aunque la Registraduría calla, la Fiscalía no investiga y el CNE omite el escrutinio internacional; sin embargo, la Misión de Observación y Acompañamiento Internacional documenta la demostración de injerencia extranjera, desinformación, opacidad en el software de escrutinio y omisión institucional.
“Pero tampoco debemos normalizar algo que puede ser más peligroso: la opacidad que convierte al fraude en una posibilidad no verificable. Cuando el software que cuenta los votos es propiedad privada, cuando el escrutinio exterior se publica como “completado” con miles de actas faltantes, cuando las instituciones no investigan, estamos normalizando el fraude. Y una democracia que acepta el fraude sobre sus procesos electorales no es una democracia. Es un acto de fe. Y la fe, en política, siempre termina en autoritarismo”. El informe final de la misión internacional documenta injerencia extranjera, opacidad electoral y omisión institucional en Colombia. (Natalia Munevar S.).
La Operación Júpiter y el Hondurasgate son estrategias para ganar fraudulentamente elecciones e implantar el tecnofascismo, con base en el microtargeting (microsegmentación). Esta técnica de comunicación política utiliza el Big Data y analítica avanzada, para enviar mensajes, altamente personalizados, a pequeños grupos de electores ya perfilados por medio de la recopilación de datos que permiten inferir los rasgos psicológicos. Esta operación de alto impacto fue lograda por compañías monopólicas extranjeras de tecnología superior, con algoritmos de las redes sociales de cada individuo. El software de la Registraduría fue manipulado para alterar algoritmos que debían ser inmodificables y el censo electoral fue aumentado con la adición de 848.000 personas entre las que figuran jurados o votantes ya fallecidos o abstencionistas.
El programa del próximo gobierno va a dar vía libre a empresas extranjeras, para ejecutar acciones de cibervigilancia y apoderarse de los recursos naturales. Se prevé que va a eliminar instituciones, recortar los presupuestos sociales, desmontar derechos conquistados, imponer mordaza a la libertad de expresión, garantizar el reinado del dólar, retomar el porte legal de armas, revivir el ESMAD, militarizar la sociedad, generar un estado interno de guerra, adelantar una contrarreforma agraria, eliminar las Entidades Territoriales Indígenas y las Consejerías de Paz y Derechos Humanos, establecer alianzas con Israel, ejercer control social biopolítico, crear bloques de seguridad urbana y sostener mediante la política del odio, un fascismo criollo con arraigo en las capas populares y medias, soportado en el individualismo neoliberal, el fanatismo evangélico y la cultura mafiosa.
Adelantar este programa implica recurrir a un estado de excepción o “dictadura civil fascista” (Sara Leukus). Es decir, impulsar una nueva modalidad autoritaria de dominación neofascista dependiente de EEUU e Israel.
“Se busca pulverizar un derecho tras otro, para que la fachada de los regímenes constitucionales subsista, sin ningún contenido democrático real. Algunos utilizan el término “pos democracia” para tipificar a este nuevo sistema de descarnada tiranía de los poderosos”. (Lantos, 2025)
La agenda del próximo régimen se pone al servicio absoluto de la política de seguridad de EE. UU., para instaurar un modelo contra la soberanía nacional (a pesar de su retórica patriotera), buscando una rápida acumulación capitalista mediante un renovado pacto de élites oligárquicas con el gran capital estadounidense y, articular un nuevo bloque dominante de poder.
“En este contexto, la injerencia en los procesos electorales, la incidencia sobre las doctrinas de seguridad y la orientación de las prioridades económicas constituyen expresiones contemporáneas de una racionalidad neocolonial orientada no solo a garantizar gobiernos aliados, sino, sobre todo, élites disciplinadas y funcionales a un orden hemisférico bajo hegemonía estadounidense”. (Alfonso Insuasty)
“El litio andino, el cobre chileno, peruano y colombiano, la biodiversidad amazónica, las reservas energéticas venezolanas, el agua dulce continental y los corredores bioceánicos adquieren una centralidad inédita en un contexto marcado por el ascenso de China, la consolidación de los BRICS y el debilitamiento relativo de la hegemonía estadounidense”. (CEPAL, 2024)
Una breve mirada al nuevo gabinete ministerial, confirma el sello clasista de los de siempre en el Ejecutivo. Los 150 decretos presidenciales, anunciados, prevalecerán sobre las decisiones del Congreso de la República y marcarán la tendencia autoritaria presidencialista del nuevo régimen político.
Antes, durante y después de la contienda electoral, la derecha ha orquestado una sofisticada operación nacional e internacional de odio, para restablecer la intimidación y el miedo a través de la guerra mediática, judicial o cognitiva contra el gobierno y el candidato del Pacto Histórico. El objetivo es desconocer la fuerza política de los trece millones de votos, judicializar con pretensión de extraditar al presidente Gustavo Petro, “destripar a la izquierda”, criminalizar y eliminar al movimiento social, fabricar enemigos y justificar la represión bajo pretexto de acusaciones como: narcoterroristas, criminales, terroristas o “extremistas violentos de izquierda”.
Una victoria electoral cuestionada y deslegitimada, debido a un golpe blando de la derecha, no representa una derrota política del campo popular. El neofascismo sólo triunfa cuando el pueblo se muestra incapaz de tomar en sus manos el destino de la sociedad.
Frente a este nuevo escenario de invalidación a la democracia es necesario dotarse de un programa estratégico y plan de lucha, para superar los errores cometidos y replantear no solo el horizonte emancipador de la izquierda y el progresismo sino también, la reconstrucción del campo popular y estructuras partidistas. Además, construir desde la base territorial, amplias alianzas democráticas con los movimientos sociales en el marco de una formación conjunta de la resistencia civil activa, a partir del poder popular territorial autónomo.
Se requiere una agenda de unidad, construyendo los cimientos de un nuevo tipo de gobierno nacional popular alterno, con un gabinete en la sombra y una bancada parlamentaria compacta y fiel a las decisiones del pueblo, que van desde la desobediencia civil hasta la huelga general y la sublevación democrática.
ADENDA: debe emprenderse una campaña nacional para recuperar la curul afro, arrebatada por parte del Consejo Nacional Electoral al Movimiento Libres.
Anexo: Nulidad_electoral_-_Presidencia_Colombia_2026._Vrs_0__2_.pdf - Google Drive
