Por: Migdalia Arcila
En agosto de 2025, el entonces precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, al ser cuestionado sobre el genocidio en la Franja de Gaza en una entrevista para el medio Publimetro, afirmó que “el estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo, y es lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. Cueste lo que cueste. (…) Uno tiene que defender a su gente y uno no puede, ante ninguna circunstancia, arrodillarse ante el terrorismo”. A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, el video de esta entrevista ha circulado ampliamente en redes sociales generando en muchos la indignación y el desconcierto correspondientes a la promesa de un genocidio.
Por supuesto, no me sorprende que estas afirmaciones provengan del tipo de abogado que es Abelardo de la Espriella. Solo alguien con su extenso prontuario como defensor de paramilitares, abusadores sexuales, estafadores y corruptos, podría justificar el exterminio de todo un pueblo como una medida proporcional de autodefensa. Es difícil enfatizar la gravedad que tiene el hecho de que un candidato presidencial anuncie explícitamente su voluntad de seguirle los pasos a alguien como Bejamin Natanyahu, quien tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero, además, me sorprende el nivel de indolencia que alguien debe tener para hacer esas afirmaciones en una región y en un país con una historia como la nuestra.
Con la esperanza de que a quienes apoyan a este candidato sólo les haga falta un ejercicio de memoria, me gustaría recordarles que Israel ha brindado apoyo táctico y militar a los regímenes de ultraderecha más violentos que ha visto nuestro continente. Por ejemplo, durante el “Stronato”, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay, Israel proporcionó armas y asistencia técnica para el asesinato de más de 18,000 personas a cambio de que Paraguay aceptara 60,000 palestinos expulsados tanto de Gaza como de Cisjordania en 1969. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Israel le vendió al régimen 100 misiles Shafrir aire-aire, 150 tanques Sherman y 150 aviones Westwind II. En 1989 el ejército chileno usó equipo antimotines fabricado por Beit Alfa kibbutz para brutalizar a los manifestantes pro-democracia. Durante la dictadura militar argentina (1976-1983), Israel fue uno de sus principales proveedores de armas pese al antisemitismo explícito de un régimen que asesino a por lo menos 3,000 judíos. Desde 1950, todos los gobiernos latinoamericanos que han estigmatizado a sectores de su población como una “amenaza terrorista”, para justificar un exterminio cuyo objetivo es siempre la obtención de ganancias territoriales, políticas o económicas, han contado con el respaldo de Israel. Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción.
Si bien la relación entre Israel y la violencia política en Colombia podría rastrearse desde al menos 1980 con la incursión de mercenarios israelíes como Yair Klein y David Candiotti, y agentes del Mossad como Rafael Eitan, me gustaría poner sobre la mesa un episodio reciente que muestra el peligro al que nos enfrentaríamos con la presidencia de Abelardo de la Espriella. Durante el gobierno de Duque, el ESMAD fue dotado de tanquetas, gases lacrimógenos y un sistema de lanzamiento de proyectiles llamado VENOM que provenían de empresas de seguridad israelí. El sistema VENOM está denunciado por El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (El Observatorio de Derecho Humanos) por ser un arma que causa un daño desproporcionado e indiscriminado sin garantizar el control eficiente de una amenaza legítima. Este sistema permite lanzar hasta 30 proyectiles de manera individual, serial o simultánea y fue el arma detrás de la muerte de al menos 3 jóvenes y de las heridas de gravedad de al menos otros 7.
Cuando Abelardo nos promete que está dispuesto a hacer lo mismo que Natanyahu ha hecho en Gaza, esta es una amenaza que debe entenderse a la luz de los más 77,000 muertos que ha cobrado el genocidio en Palestina (de los cuales el 48% son niños) y de los miles de muertos que ni siquiera hemos terminado de contar en nuestro país y que han sido víctimas de las mismas políticas de estigmatización, persecución y exterminio que propone este candidato. Independientemente de las simpatías políticas personales, el reconocimiento de la gravedad de un genocidio es la línea roja que ningún candidato (y ninguna persona) debería cruzar. ¿En qué momento permitimos que alguien capaz de justificar un genocidio y de prometernos los mismos niveles de violencia se convirtiera en una opción para gobernar nuestro país?
