Por: Santiago Salinas
El olor agrio a carne quemada permanece en las paredes de la carceleta de la estación de policía del barrio San Mateo en Soacha, donde 11 personas ardieron encerradas durante 21 minutos, en un cuarto enrejado de 2 por 3 metros, a la vista de 3 oficiales de policía que tenían las llaves y un extintor a su alcance, 8 de ellas fallecieron, 3 resultaron gravemente heridas.
Durante la semana del 26 de octubre de 2026 se adelantó el juicio a los implicados; 6 años y un mes después los 3 policías se encontraron en el estrado ante un juez de la República, escuchando a la Fiscalía narrar lo que hicieron, o más bien, lo que dejaron de hacer.
Con un tono desafortunadamente condescendiente, la Fiscalía ha indicado en la acusación, que existió una “inercia policial” para señalar. Palabras más palabras menos, un cálculo por parte de la fuerza pública según el cual, era mejor tener once personas muertas en lugar de once fugitivos.
Al escuchar la descripción del caso, resulta inevitable pensar en un sistema que valora la vida e integridad de las personas como prescindible; de manera concreta la vida de las personas marginales, racializadas y privadas de la libertad. La convergencia de estas condiciones parece ser un predictor de violencia policial, donde el resultando más probable que te mate la policía si eres joven, pobre, negro o indígena y caes en su custodia.
A solo 4.5 kilómetros del CAI San Mateo, un joven afro se asfixia en el piso de la estación de policía de Cazucá tras múltiples descargas eléctricas, semidesnudo, desmayado, a la vista de todos los policiales que transitan allí, incluyendo al comandante de estación; una arritmia extingue su vida lentamente sin que nadie note lo irregular de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que le han sometido.
Esta normalización de la humillación y la violencia es tangible e hiriente, al repasar las grabaciones; no hay un esfuerzo por ocultarse, a plena luz del día, en mitad de la calle un grupo de policías lo rodea para agredirlo, ninguno interrumpe al que le da las descargas eléctricas, o se interpone entre la patada al costado, o el golpe detrás de la cabeza.
Al verlo desmayado en el suelo de la estación, se limitan a pasar por encima como si fuera paisaje, “pasa todo el tiempo” nos indica la actitud displicente con la que se alza la pierna del agente para pasar sobre una persona inconsciente que ha pedido ayuda reiteradamente antes de que alguno le retire las esposas, solo aboga por él un conocido del barrio detenido en la misma farsa de procedimiento.
Los antecedentes de este caso nos hablan de una intervención arbitraria y desproporcionada, -similar a la animosidad con la que se interviene la protesta social por estos días - que parte de una versión exagerada de un agente en terreno que se siente ofendido por las palabras de un ciudadano, y siente la “inercia policial” de aleccionarlo. Se trata de enseñarles quien manda en el espacio público, sobre sus vidas, en la mazmorra y en la estación de policía.
La autoridad y la hombría del capataz es lo que se juega allí, la constitución, la ley, dios ni patria se interponen entre la violencia y el abuso que evoca las prerrogativas del esclavero o del maestro cauchero sobre el subordinado rebelde de una tez más oscura que la de él, que ha cometido la falta de no tener un trabajo o de vivir con necesidades.
En la exhibición pública de la arbitrariedad y la violencia no solo se escenifica la idea de impunidad y de respaldo de grupo, también se imprime la idea de la existencia de un otro inferior, menos persona que merece el daño, por ningún lado asoma el ciudadano o sus derechos.
El 23 de enero de 2023 en el CTP de Cazucá (Soacha), nuevamente esta atribución de la “inercia policial” bajo la cual se abroga el papel de jueces y verdugos se pondrá en movimiento cuando Jhon Edward Bautista, un joven trabajador de la construcción, ingresa como parte de la imposición de una medida preventiva para afrontar serias acusaciones en el marco de un proceso penal. Dos días después, sin la oportunidad siquiera de poder defender su inocencia, será encontrado sin vida, con signos de tortura y violencia sexual, a escasos kilómetros de donde, dos años antes, ardieron hasta perder la vida 8 personas.
Un paréntesis en la narración del abuso nos permite apreciar una obviedad en los antecedentes formales: los informes sobre hacinamiento carcelario de los últimos 10 años nos hablan de forma permanente respecto a la sobrepoblación de los centros de detención, explicando que estos lugares se encuentran repletos de personas a las que su situación jurídica no les ha sido definida, es decir personas inocentes.
En tiempos como los que transcurren no es avaricia reclamar la vigencia de un principio de humanidad según el cual la tortura, la pena de muerte, los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos, en especial frente a personas inocentes e incluso si las personas resultaran responsables de algún delito.
La persistencia de la atrocidad, el abuso y la violencia a través del tiempo. 2021, 2023, 2026 habla de un problema estructural y del despliegue de medidas mediocres e insustanciales para la protección de la vida y la integridad de las personas bajo custodia policial. La estabilidad y constancia de la brutalidad y el abuso sugieren su institucionalización y la estructura de los casos conocidos explican que no es un fenómeno aislado de unos cuantos “agentes malos”.
Durante por lo menos 6 años, personas diferentes de la misma institución han perpetrado atrocidades parecidas, en el mismo lugar, contra ciudadanos con las mismas características; estos casos, junto a otros más han sido judicializados y comunicados como casos de “manzanas podridas” y muy probablemente serán objeto de condena, no obstante, su persistencia en el tiempo debería encender las alarmas sobre la estructura que hace posible su reproducción.
Cuando hay tantas “manzanas podridas” quizá lo que esté enfermo sea el árbol. Sin profundas transformaciones institucionales los discursos virulentos que ven en los ciudadanos que ejercen sus derechos una amenaza, terminarán por multiplicar las escenas de atrocidad. El cambio en el discurso presidencial respecto a los derechos humanos pone a prueba la relevancia de las transformaciones logradas en periodos pasados.
Hay una dimensión de justicia para las víctimas de violencia policial que se encuentra pendiente, la no repetición requiere más que ajustes cosméticos y cambios de siglas, sin controles explícitos que extingan y proscriban prácticas racistas, clasistas y patriarcales, el discurso del ciudadano como enemigo interno seguirá campeando. Sin cambios de doctrina, la dimensión de la no repetición seguirá en deuda y en tanto la justicia continuará cosechando casos individuales de una enfermedad estructural.
