Por: Laura Espinosa Macías
La fórmula de la Patria Milagro apunta a establecer la excepcionalidad como regla. Bajo el mito de que el país está al borde del abismo (no resiste ningún análisis serio) se justifica la ruptura institucional. El formalismo democrático con el que las clases dominantes se han llenado la boca por décadas, cacareando por doquier que Colombia es “la democracia más larga de América Latina”, resulta insostenible con una nueva apuesta de gobernar aplicando el estado de excepción, como lo hicieron por más de 30 años durante el siglo XX.
A todas las medidas autoritarias y represivas tomadas por el gobierno en menos de dos meses, se suma una iniciativa legislativa para permitirle a Abelardo de la Espriella gobernar por decreto, radicada en el Senado por el Centro Democrático, principal bancada de gobierno pese a los rifirrafes dentro de la derecha. El proyecto 249/2026-Senado busca otorgarle a ADLE facultades extraordinarias para “reorganizar y racionalizar la estructura de la administración pública nacional”, con el argumento de “mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer su capacidad de gestión y contribuir a la sostenibilidad fiscal”.
Dicho así, parece una operación quirúrgica: ordenar la casa, quitar lo que sobra, hacer más eficiente el aparato estatal. La fraseología hegemónica de “lo técnico” hace que decisiones profundamente políticas parezcan ejercicios impolutos y sofisticados de ingeniería institucional.
Resulta muy contradictorio que después de asustar al electorado con el fantasma de “la constituyente”, lleguen a proponer una reforma total del Estado por la vía extraordinaria para no tener que discutirla con nadie, saltándose cualquier escenario de deliberación. El artículo 150 de la Constitución establece que el Congreso puede revestir al presidente de facultades extraordinarias, hasta por seis meses, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Además, la Corte Constitucional ha reiterado que tienen límites temporales y materiales: deben definir de manera clara, específica y concreta aquello sobre lo cual podrá legislar el ejecutivo.
El numeral 10 del mencionado artículo dice que tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y aprobadas por mayoría absoluta de ambas cámaras. La iniciativa fue radicada y figura bajo la autoría de cinco senadores. Por ello, el gobierno debe avalarla para que no resulte inconstitucional por vicios de trámite. Sería muy interesante saber ¿Cómo se resolverán los resquemores entre el CD y el gobierno para lograr este objetivo común?
Adicional al riesgo democrático, preocupan también los previsibles efectos sociales y económicos de este proyecto de ley. En una entrevista ADLE declaró “Milei es un grande, ya tiró la línea sobre lo que debe ser la economía en un país”. Precisamente, la ruta que siguió la Argentina de Milei guarda similitudes: en 2024 el Congreso aprobó la Ley Bases que declaró una emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delegó en el ejecutivo facultades para reformar el Estado. Entre ellas estaban la modificación o eliminación de funciones consideradas innecesarias y la reorganización, fusión, escisión, transformación o disolución de organismos de la administración pública.
Bajo ese marco, Milei redujo los ministerios de 18 a 8 y recortó alrededor de 40.000 empleos públicos. El proceso estuvo acompañado por congelamiento de contrataciones, reestructuración de entidades y una política general de reducción del tamaño y alcance del Estado. La promesa de la “motosierra” en Argentina era muy parecida al “milagro” en Colombia: menos gasto, menos burocracia, más mercado, más inversión, más eficiencia.
Pero el costo de la “motosierra” ha sido alto: el ajuste provocó despidos masivos, deterioró el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, contrajo la actividad económica, golpeó el empleo y llevó a numerosas empresas, especialmente industriales, a cerrar o reducir drásticamente sus operaciones. En dos años, la pobreza pasó de 41,7% a 52,9%, un aumento del 11,2 %, y la indigencia subió de 11,9% a 18,1%, es decir 6,2% más. En el mismo período, la desocupación pasó de 6,2% a 7,6%, con una pérdida de unos 150.000 puestos de trabajo. Curiosamente, en el gobierno “libertario” se ha registrado el mayor cierre de empresas de la historia argentina: 31.000 (33 por día) hasta junio de 2026. En conclusión, el costo de recortar el Estado y cumplir obedientemente con las políticas de ajuste lo asumieron el eslabón más débil de la cadena: los trabajadores, las familias y las empresas pequeñas y medianas. La motosierra sí cortó derechos, bienestar social y tejido productivo.
En el espejo del “león”, podemos ver el futuro al que nos puede llevar el “tigre”. Si bien es justo guardar las proporciones, es legítimo preguntarse si nos encaminamos hacia un panorama de deterioro social después de cuatro años de importantes avances en materia de derechos y reducción de la pobreza, con el agravante de un conflicto armado al que cada día se le inyecta más gasolina, mientras, de ñapa, el país negocia un crédito con el Fondo Monetario Internacional.
El precio del “milagro” parece caro en términos económicos, sociales y democráticos. Las dentelladas del Tigre, destruyen las instituciones que aparentan defender porque en realidad buscan un salto al pasado, un mundo antiliberal. Debería funcionar aquí el sistema de pesos y contrapesos y la “larga” tradición civilista colombiana, para que no termine de establecerse en la historia como una vanagloria.
También es justo saber si el Congreso de la República está dispuesto a delegar una reforma de este tamaño sin chistar. ¿Dónde están los defensores y defensoras de la Constitución que se rasgaban las vestiduras hace apenas dos meses?
¿Y dónde queda el pueblo colombiano que cargará con las consecuencias? Ese pueblo al que “nunca le toca” cuando de repartir privilegios se trata, pero que siempre aparece en la factura cuando hay que pagar la cuenta. Una cuenta que puede salir excepcionalmente larga y cara en términos de derechos y democracia.
