Por: Laura Espinosa Macías
Desde el 7 de agosto, los medios masivos de comunicación en Colombia aclararon la garganta, afinaron la voz y acompasaron el ritmo para ejecutar al unísono la melodía que dicta el nuevo mandatario. De un día para otro, dejaron de ser opositores y veedores acérrimos del gobierno de turno para convertirse en la caja de resonancia de las comunicaciones oficiales del ejecutivo, con errores gramaticales y ortográficos incluidos. En estos dos meses, los medios corporativos han funcionado como un coro sinfónico que repite el relato político de la Patria Milagro.
No todos los medios. No todos los periodistas. No de la misma manera. Pero sí hay una tendencia que resulta difícil de ignorar.
Desde el inicio, el gobierno centralizó todo: los ministros, directores y altos funcionarios deben coordinar previamente sus declaraciones con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa. Se dio la instrucción de no dar ruedas de prensa ni entrevistas, salvo sobre algunos asuntos estratégicos y con previa autorización de la Casa de Nariño. Además, la conversación se debe sostener especialmente con los “medios amigos” y los jefes de las carteras pueden dar una sola declaración en determinados eventos, pero sin lugar a preguntas; los grandes anuncios están reservados al jefe de Estado.
Los productos comunicativos y de propaganda emanados de la presidencia ocupan cada vez más el lugar de la noticia: sus conceptos, mensajes y marcos son el nuevo lenguaje periodístico masivo. Las piezas audiovisuales generadas por el equipo de marketing del gobierno circulan como información: por ejemplo, el paseíllo del vicepresidente Restrepo para deleitarse con una oblea en el centro de Bogotá fue el magno acontecimiento del fin de semana pasado y, ni hablar, de la “sesuda” reunión entre el presidente ADLE y la directora de la ANT, Lina Garrido. Ambos, hechos políticos prefabricados para subir la popularidad del gobierno que marca una alta desfavorabilidad en el arranque de su gestión.
El coro rechina cada vez más en los ojos y oídos de los colombianos y colombianas que aprecian cómo se apagan las voces críticas y disidentes en el ecosistema mediático nacional. Menos voces, menos preguntas, menos ruido, más control sobre la matriz informativa.
Algunas líneas editoriales parecen haberse acomodado rápidamente al nuevo gobierno. Ciertas mesas de análisis matutino, pese a sus posturas críticas durante la campaña presidencial, hoy se desgranan en loas al presidente y son bastante indulgentes ante sus salidas en falso, su despliegue autoritario y la gala que hace de su ignorancia. El doble rasero merece, por lo menos, una nota al margen: hechos que durante el gobierno Petro fueron presentados como prueba de autoritarismo, propaganda o captura institucional, en el gobierno del “Tigre” se describen como estrategia, esfuerzo, eficiencia, firmeza, jocosidad o audacia técnica. Hemos presenciado en tiempo récord cómo los mismos acontecimientos pueden cambiar de nombre cuando cambia el presidente.
El ejercicio periodístico riguroso y la investigación palidecen ante la reproducción acrítica de los contenidos oficiales. Así ocurrió con el famoso “Libro de la Verdad” donde se presentaba un supuesto aumento del 744 % en los contratos del Ministerio de Ambiente durante el gobierno anterior. La escandalosa cifra se regó como pólvora en todos los titulares. Sin embargo, al contrastar ese dato con las cifras del SECOP II, la realidad muestra un aumento de apenas el 25 %. Lo mismo sucedió con los anuncios sobre seguridad, el bastión del gobierno: el 19 de septiembre, ADLE reportó con bombos y platillos 92.621 kilos de estupefacientes y 2.316 armas incautadas, así como 21.940 capturas desde el inicio de su mandato. No obstante, el diario extranjero El País mostró que los resultados en incautaciones estaban por debajo de los promedios de los cuatro años anteriores durante el mismo periodo: un 45 % menos de estupefacientes y un 11,6 % menos de armas. En cuanto a las capturas los registros de la Policía reportaban solo 6.660.
Ante el sinsabor que genera el coro mediático, valdría la pena una declaración de principios y un sinceramiento editorial como el que hizo El Heraldo cuando explicitó su apoyo a la candidatura de ADLE. Esa decisión es perfectamente legítima, los medios pueden tener posiciones políticas. Y, bajo ese ejercicio de transparencia, los colombianos y colombianas también tenemos la libertad de elegir si leerlos, escucharlos o verlos.
El marco se completa con la situación del sistema de medios públicos, que se suma a la interminable lista de contradicciones oficiales.
El nuevo gobierno llegó denunciando a RTVC -Inravisión- como una “máquina de propaganda”. Sin embargo, lo que ayer era propaganda, hoy empieza a llamarse comunicación estratégica y se funcionaliza en favor de las narrativas de la Patria Milagro. Esta semana se reactivó la franja informativa y fueron contratadas dos influenciadoras que hicieron campaña abierta por ADLE: Stefany Forero y Alejandra Montes. Forero recibió un contrato de $ 15,9 millones para actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad y Montes, uno de $ 16,8 millones para producción audiovisual. Ambas asistieron como invitadas al evento de posesión presidencial.
De tanto decir una cosa y hacer otra, la “extrema coherencia” se está convirtiendo en otro de los milagros de esta patria tan maltratada por quienes dicen defenderla.
La democracia necesita medios que hagan preguntas, que contrasten cifras, que investiguen hechos, que incomoden. Pero, por ahora, parece que el coro mediático se ha unido a la batalla cultural que libra el neofascismo criollo contra la democracia y las mayorías excluidas.
Por más duro que suene, el coro no puede acallar las voces que disienten de la partitura oficial. Allí donde el poder exige que “aplaudan ¿por qué no aplauden?”, es justo que emerja la crítica, la disonancia, como condición para la democracia.
