Por: jimmy Viera Rivera
En “Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza”, Carlos Monsiváis escribe a propósito del terremoto en México -19 septiembre 1985-, que Ciudad de México experimentó una toma de poderes de las más nobles de su historia, trascendiendo por mucho los límites de la mera solidaridad, cuando presenció un pueblo que actuó como un gobierno además de sustituir el desorden oficial por un orden civil.
Frente al terremoto reciente en Colombia, la ciudadanía también se organiza, convocada por su propio impulso, para recoger vituallas y medicamentos y hacerse presente a través de la solidaridad, en medio de un presuroso y valeroso agolpamiento. Asimismo, sobre la marcha y sin previo aviso, se organiza espontáneamente en grupos de 25 a 100 voluntario(a)s, constituyendo cadenas listas para el denodado esfuerzo de trasladar de mano en mano objetos, halar de sogas o gestionar maquinaria pesada; con el anhelo de salvar vidas. Es una ciudadanía que se expone a todo más allá del riesgo y el cansancio, pero, su prioridad son las víctimas.
Realmente, la solidaridad de la población significa una toma de poder por parte de un pueblo que responde como un gobierno. Esta participación directa se sintetiza en una frase: “solo el pueblo salva al pueblo”.
En contraste con el comportamiento de la población ante la coyuntura, el ilegítimo actual gobierno muestra una ineficiencia proverbial que denota debilidad estructural, traducida en la indecisión, lentitud, ambigüedad e imprecisión en diversas materias y, ante todo, temor al poder ciudadano. La prioridad del gobierno está centrada en aplicar cuidadosamente la doctrina del shock.
En el libro “La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre”, la autora Naomi Klein describe una teoría económica y política que explica cómo los gobiernos y grandes empresas aprovechan graves crisis -desastres naturales, guerras, golpes de Estado, epidemias o crisis financieras-, para imponer medidas muy duras de libre mercado, expropiación de recursos naturales o, violación a la soberanía nacional.
El gobierno actual camufla en nombre del humanitarismo, la intervención de tropas -una operación injerencista encubierta del “Escudo de las Américas”-, para imponer la verdadera agenda oculta y tomarse el país. ¿Cómo explicar en Colombia, operaciones humanitarias de rescate por parte del mismo ejército que comete genocidio en Gaza o del ejército de EE. UU. que lleva la guerra, a muchos países?
El desacertado manejo gubernamental en medio del desastre sísmico causa una gran ruptura del nexo entre el nuevo gobierno y la sociedad civil, debido a la banalización de la tragedia; el camuflaje de la militarización extranjera; el reconocimiento de soberanía de Israel sobre el Golán y de Marruecos sobre el Sahara Occidental; la autorización sin consultar al Senado, de operaciones militares conjuntas con tropas de EE. UU.; y el anuncio de retiro de Colombia con relación a la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
El gobierno hostiliza mediante la declaración de toques de queda y militarización en los barrios, para cumplir la agenda de intervención con cuerpos del ejército de varios países, en lugar de demostrar algún grado de sinergia o empatía. Además, sustituye a la población rescatista colombiana por “rescatistas” extranjeros, en vez de reconocer el gesto y gesta épica, lograda mediante la capacidad de respuesta. El reciente terremoto pone a prueba la celeridad y capacidad de respuesta de la población, en particular joven del oriente de Cali, inaugurando una nueva creación colectiva que demuestra la experiencia e inteligencia social, adquirida durante el levantamiento popular de 2021. La capacidad de controlar acertadamente la situación en medio del desastre, para sobreponerse al caos que el sismo genera, posibilita el paso a la normalidad de los sectores más afectados en el estrato 3 o 4.
Aunque un anuncio presidencial promete reconstruir los sitios y, paliar los daños, a través de la creación del “fondo milagro”, el gobierno actúa en realidad conforme a una agenda oculta de intereses foráneos. Asimismo, no publica directamente la información acerca de acuerdos o decisiones presidenciales con relación a otros países, sino que la población se entera por los anuncios de voceros de los otros gobiernos.
Sin embargo, en el país, la población percibe un clima social de soberanía ciudadana que reemplaza al precario gobierno de agenda autoritaria al servicio del gran capital y gobiernos extranjeros.
Allí, donde la arbitrariedad estatal es tendencia, también la creciente incapacidad es notoria con respecto a solucionar problemas sociales. Predominan las acciones de caridad, paternalismo farandulero, show de balones (como se vio en las visitas presidenciales) y seguimiento al desastre desde una cómoda playa en Santa Marta; que causan un manifiesto rechazo por parte de la población.
El terremoto pone su sello indeleble sobre el futuro del actual mandatario que se encuentra frente a la disyuntiva de atender la agenda nacional o dedicarse a la agenda encubierta extranjera (su prioridad como ciudadano de EE. UU.) que, según palabras de Trump, le permitió ganar la presidencia. Durante la campaña, el poder estadounidense o israelí estuvo siempre en la sombra, para imponer a toda costa el triunfo. De igual modo, actualmente se encuentra detrás del gobierno.
Atender la agenda nacional requiere una eficiente respuesta a la tragedia, a partir de un completo y riguroso censo unificado sobre el impacto económico, social, físico o cultural además del nivel de afectación en todas las regiones y municipios, y las poblaciones damnificadas. También, un paquete de alivios tributarios, congelamiento al pago de impuestos (incluso el predial) y servicios públicos, auxilio oportuno de arrendamiento, atención psicosocial, de inclusión a las organizaciones, demandas y veedurías de los damnificados.
Aún no se anuncian alternativas de política social y económica consistentes de emergencia en el corto y mediano plazo.
La reconstrucción también requiere incorporar una perspectiva diferencial territorial que permite reconocer que las poblaciones damnificadas son no solo beneficiarias de asistencia humanitaria sino también sujetos de derechos de protección especial, con capacidad de organización y conocimiento de sus territorios, y el derecho a participar en las decisiones que determinan cómo se reconstruye su comunidad o barrio o cuadra… según el caso.
Reconstruir más de 450 municipios afectados y dinamizar sus economías, no es posible mediante una sola vía del presupuesto nacional o de vigencias futuras. Es necesario tomar una decisión temporal como un acto legal necesario, de no pago de la deuda externa; moratoria; o suspensión unilateral, debido a la situación de necesidad, amparado por el derecho internacional. Un Estado puede suspender legalmente el pago de su deuda externa, cuando la priorización de este gasto impide garantizar a su población, los derechos fundamentales (salud, alimentación o supervivencia).
La solución no es aumentar más la deuda pública, ni exonerar de impuestos a los ricos y superricos, mientras se le exige disciplina fiscal a los pobres y clases medias.
Frente a la agenda que el capitalismo del desastre pretende imponer mediante una lógica represiva y tendencia a la arbitrariedad estatal, corporativista o neofascista; la alternativa debe consistir ante todo en rechazar cualquier compromiso con la gestión autoritaria del gobierno, confiar en la solidaridad social y defensa a la vida, y construir desde la base, una sociedad distinta, gestionada directamente por la población en cada uno de sus tejidos y territorios sociales.
Si la reconstrucción se convierte en el próximo negocio del gran capital, para lucrarse del “fondo milagro”, este gobierno quedará bajo los escombros. El anhelo frustrado de reconstruir las ciudades y campos harán acrecentar el descontento general, particularmente de sectores rurales, profesionales e industriales medianos o pequeños.
La solidaridad de la población es en realidad una toma de poder que está por encima del desorden oficial y autoritarismo gubernamental. El terremoto también ha agrietado el edificio de gobierno y sus réplicas económicas y socio-ecológicas amenazan con desplomarlo.
