Por: Freddy Ordóñez Gómez
El pasado 23 de octubre se conmemoró por primera vez el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que quedó establecida en la Ley 2364 del 18 de junio de 2024, en homenaje al aporte que estas hacen a la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la memoria histórica, los derechos humanos y a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
En Colombia, según el tomo 4 del informe final Hay futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad 1, se estima que el universo de víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016 es de 121.768 personas, pero pueden llegar a ser de 210.000, según la Comisión. El texto también reseña, citando al Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo este crimen se desarrolló en 1.107 municipios del país, el 99 % de estas entidades político-administrativas. De otra parte, a nivel departamental, Antioquia presenta la mayor cantidad de casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016 (23%), seguido del Valle del Cauca y Meta (7 %), y Bogotá (4 %).
El citado informe, presenta también una lectura temporal del delito. Así, señala que a finales de la década de 1970 hay un incremento en las desapariciones forzadas, como consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia militar y la adopción del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Julio César Turbay. Posteriormente, entre los años ochenta y noventa, la barbarie paramilitar implicó la desaparición forzada y asesinato de personas a través de prácticas que impedían el reconocimiento de las víctimas y el hallazgo de los cuerpos. Después de los hechos del Palacio de Justicia, entre 1985 y 1988, solo en Bogotá, los servicios de inteligencia desaparecieron a 259 personas, acusadas por estos de tener vínculos con grupos guerrilleros. Desde 1988, con la elección popular de alcaldes, se empezó a cometer este crimen como forma de eliminar a candidatos y a activistas de izquierda, consolidándose la desaparición forzada como una práctica contrainsurgente con participación de agentes estatales. Con la década de 1990 y la Estrategia Nacional contra la violencia del gobierno Gaviria, la expansión paramilitar de las ACCU y la conformación de las AUC, así como con el afianzamiento territorial de las guerrillas, el delito continuó implementándose, para finalmente encontrar dos picos en los años 2002 y 2007, durante la implementación de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y en relación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales; y tener hoy la continuidad de las desapariciones de la mano de los grupos armados surgidos con posterioridad a las AUC.
De acuerdo con la Comisión, el principal responsable de las desapariciones forzadas en el país ha sido el paramilitarismo, con 52 % de los 121.768 casos. Las víctimas abarcaron un universo muy amplio de personas: dirigentes y militantes de izquierda, integrantes de organizaciones guerrilleras, sindicalistas y líderes sociales y populares, población socialmente marginada, personas vulnerables y discriminadas, así como aquellas que no se adaptaban al orden impuesto por el actor armado; todos fueron desaparecidos, a todas y todos sus familiares los han estado buscando, ante una institucionalidad y una sociedad que durante mucho tiempo negó o invisibilizó estos crímenes.
Quienes padecieron el ocultamiento y el rechazo fueron los familiares, aquellos que buscaban a sus desaparecidos en medio de un clima de discriminación, revictimización e impunidad, siendo la búsqueda una labor fundamentalmente desplegada por mujeres: de acuerdo con la Fundación Nydia Erika Bautista, el 95 % de los casos de los territorios que acompaña, son mujeres quienes asumen la búsqueda de sus desaparecidos, son ellas las buscadoras, las “portadoras de la memoria de sus muertos y desaparecidos, [quienes] evitan que el resto de la sociedad caiga anestesiada por el olvido”2. De acuerdo con esta Fundación las principales protagonistas de la búsqueda son madres (59 %), seguidas por las esposas o compañeras de las víctimas (14 %), las hermanas (13 %) y las hijas (4 %); mujeres que en este trasegar han soportado además violencia de género, indefensión, desconocimiento de sus derechos y despojo de sus proyectos de vida, como muy acertadamente recuerda la exposición de motivos de la iniciativa legislativa base de la Ley 2364; pero no por ello han desistido:
El silencio y ocultamiento permanente y deliberado del paradero de las víctimas por los perpetradores durante años e incluso décadas, ha obligado a las madres, esposas, hermanas y otros familiares a «raspar la tierra» y «escarbar las orillas de ríos», con la esperanza de desenterrar la justicia. La vida cotidiana se transformó, ya no solo por los impactos de la desaparición forzada, sino por las exigencias diarias que implica buscar la verdad sobre los desaparecidos.3
Por este padecimiento y revictimización, se reconoció en la Ley 2364 a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección constitucional, debiendo el Estado desplegar una serie de deberes y medidas para su cuidado integral. De igual forma, con la norma es ahora deber del Estado garantizar su participación efectiva en las políticas públicas de paz y de construcción de la verdad, sensibilizar a los servidores públicos que las atienden y a la sociedad en general, prevenir y responder a los casos de violencia basada en género y otros delitos que se cometan contra ellas, generar información y adelantar un registro único de mujeres buscadoras, así como solicitar el reconocimiento mundial de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.
El 23 de octubre es un día para que la sociedad colombiana, cada año, reconozca que las mujeres buscadoras han hecho del amor por sus desaparecidos una lucha contra la impunidad, una fuerza que les permite abrazar al otro, a la otra, a ese desaparecido de alguien más, y juntarse colectivamente para hacer memoria, para ser reclamo, para reafirmarse como buscadoras, construir una identidad y un lugar político, para persistir y resistir, para llenarse de esperanzas.
Citas:
1. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 4. Hasta la guerra tiene límites. Violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas. Bogotá: CEV.
2. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 7. Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Bogotá: CEV, p. 252.
3. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 5. Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias. Bogotá: CEV, p. 273.
