Por: Julián Cortés
Hace unas semanas, un grupo de académicos e investigadores colombianos cercanos a las luchas del Catatumbo, junto con líderes campesinos de la zona, nos sentamos con un sueño concreto y necesario: aprovechar una convocatoria del Sistema General de Regalías para sembrar, cosechar y transformar en esa región el mejor café de Colombia, sustituyendo los cultivos de uso ilícito y sacando a los jóvenes de la guerra que durante décadas ha marcado este territorio. En la iniciativa participó, con muchas ideas, el ingeniero Nelson Moya, uno de los hombres que más sabe en este país de tecnología cafetera y a quien el presidente Petro había propuesto, en su momento, para presidir Fedecafé. Después de mes y medio de jornadas extenuantes y cruces interdisciplinarios entre agronomía, ingeniería, ciencias sociales y economía, tuvimos en las manos un análisis riguroso sobre la transición productiva y la construcción de paz en la región.
No nos contentamos con la mesa de planeación. Conversamos — desde la distancia, porque ni presupuesto tuvimos para viajar — con las comunidades, y hasta logramos lo improbable: que una fundación de inspiración católica, dirigida por un sacerdote italiano, pusiera a disposición dos predios para el proyecto. En condiciones normales, ningún equipo investigativo consigue algo así. Pero cuando se camina con las comunidades, hasta lo imposible empieza a ceder.
Lo que no cedió un milímetro fue el aparato burocrático del Estado colombiano ni los instrumentos creados por las élites que nos gobiernan desde hace décadas para acceder a los recursos. Paradójicamente, en el gobierno del cambio, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (y también muchos de los funcionarios al frente de otros Ministerios y entidades) no se han dado cuenta de que en las formas, los métodos y los procedimientos también hay política y lucha entre maneras de ver el mundo. No bastaba con cambiar el discurso ni a algunos funcionarios, había que cambiar también la filosofía detrás de cada procedimiento.
Subir el proyecto a la plataforma de Minciencias y a la MGA fue una historia pesada. Cada ítem del presupuesto exigía cuatro o cinco minutos de digitación; cada universidad aliada, una validación independiente; cada comunidad, un paquete de firmas y certificaciones; cada figura formal, un requisito sacado de los cabellos. Cuando llegamos al campo de “instituciones aliadas”, descubrimos, a pocas horas del cierre, que la Universidad Santo Tomás — nuestra principal aliada — y la Universidad de América no aparecían en el sistema. Hacíamos clic y nada. Validarlas implicaba coordinar actores que no iban a resolver ese “problemita” en dos horas. Mes y medio de trabajo colectivo se evaporaba por una falla del catálogo institucional del propio Estado.
La frustración no fue por la ciencia ni por falta de conocimiento, presupuesto, aliados territoriales o creatividad. Involucramos una universidad mexicana, una española, a algunos de los mejores intelectuales de agroecología del mundo, tres universidades colombianas, dos profesionales con doctorado y siete estudiantes de maestría: un recurso humano importante y reconocido. Nuestra frustración fue contra un sistema que abrió la convocatoria con apenas mes y medio de anticipación — porque hay que ejecutar lo que no ejecutamos todo el año y antes del 7 de agosto — y que pretende que un equipo académico estructure en treinta días una propuesta seria, recoja el aval de varios rectores, obtenga el visto bueno de un comité de ética y consiga el respaldo de organizaciones campesinas en medio de la guerra. Como si el mundo pudiera detenerse, porque hay 12.000 millones en juego, o como si nuestras agendas fueran las de funcionarios disponibles veinticuatro horas para responderle a un sistema mal diseñado.
Compárese con cualquier convocatoria del programa Horizon Europe de la Unión Europea, donde las acciones Marie Skłodowska-Curie publican sus calendarios con uno o dos años de antelación. Allá un investigador planifica su candidatura con tiempo, ajusta la formulación, conversa con socios, cumple cada requisito sin saltarse el sueño. Aquí no. Aquí se exige rigor académico en plazos diseñados para lobistas, no para investigadores. Y eso, conviene decirlo, no es ineptitud: es la politiquería tradicional que sigue en la cabeza de quienes arman los términos de referencia. Es un filtro que elimina a quienes hacen ciencia con las comunidades y deja con ventaja a los de siempre, los expertos en correr trámites, los amigos de los funcionarios de antaño, los que ya tienen a alguien por dentro.
Como si fuera poco, en este país, donde a personajes con currículo improvisado se les abren puertas a cargos de importancia — tanto en la izquierda como en la derecha — los académicos terminamos compitiendo por recursos que se difuminan no por el mérito, sino por la mala fe de un sistema que ni siquiera garantiza tiempo razonable para presentarlos. Max Weber describió hace un siglo cómo la burocracia, concebida como racionalización del poder, podía endurecerse hasta convertirse en jaula. David Graeber, en La utopía de las normas, mostró que el papeleo absurdo no es accidente sino forma deliberada de redistribuir poder hacia los más fuertes. La parafernalia de las plataformas finge exigir legalidad y rigurosidad cuando todos sabemos que, en instancias superiores, sigue siendo una rosca muy poderosa y el CVY la que define quién gana una convocatoria.
Reconozco que la convocatoria por primera vez usa conceptos clave para el progresismo: soberanía alimentaria, participación, economía circular. Algo novedoso para una lógica que solo hablaba de pequeños y medianos productores y que ahora habla de campesinos; que hablaba de emprendimientos y seguridad y hoy habla de economía solidaria y construcción de paz. Es un avance. Pero nos quedamos cortos, de nuevo, en las formas. Como solemos repetirnos en estos casos, no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre.
A las comunidades del Catatumbo se les ha exigido históricamente que abandonen la coca con la promesa de que el Estado las acompañará. Cuando un grupo de académicos, agrónomos, ingenieros, científicos sociales — y hasta un sacerdote italiano — ponen su trabajo, su tiempo y su patrimonio a disposición de esa transición, lo mínimo que cabría esperar del Estado es una plataforma que funcione, un cronograma respetuoso y reglas que premien la rigurosidad en lugar de penalizarla. Lo otro, seguir abriendo convocatorias relámpago a un país que clama por investigación con sentido, es una manera elegante de incumplir, una vez más, el Acuerdo de Paz y los compromisos con la sustitución voluntaria. Invito a la ministra a darle un vistazo a las epistemologías del sur. Los tiempos del burocratismo del centro no son los de las comunidades ni los de la periferia. Ni siquiera los europeos dan plazos tan cortos: la convocatoria vigente de posdoctorado Marie Skłodowska-Curie está abierta hasta septiembre, seis meses para diseñar una propuesta. Aquí tuvimos mes y medio para un proyecto de siete maestrías, un doctorado y dos posdoc.
Esta no es una queja personal, es una denuncia técnica. Cualquiera que haya intentado subir un proyecto a la MGA o al SIGP en estas condiciones sabe lo que digo. Lo que necesita Colombia no son más convocatorias improvisadas, sino un sistema de ciencia que respete a quienes hacen ciencia, que escuche a las comunidades y sus tiempos, y que no se arrugue ante la urgencia legítima del Catatumbo de cambiar la coca por café. Mientras eso no ocurra, los académicos seguiremos trasnochando sin recompensa y las comunidades, otra vez, esperando.
Un abrazo de paz.
