Por: Karla Diaz
El Proyecto de Ley 261 de 2024 Senado – 421 de 2025 Cámara, aprobado el pasado 24 de marzo en plenaria de la Cámara de Representantes y que está en fase de conciliación, propone convertir los sistemas de trazabilidad animal en instrumentos contra la deforestación, cruzando la información ganadera (SINIGAN, SNIITA, SIGMA) con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, el catastro multipropósito y el registro de propiedad inmueble. Propone la constitución de Zonas de Alta Vigilancia en Núcleos Activos de Deforestación (NAD) para la imposición de medidas especiales de control, y establece la obligación de cumplir con la debida diligencia en la verificación del lugar de origen de la carne. La apuesta busca desincentivar el consumo de carne proveniente del daño ambiental. Sin embargo, existen vacíos importantes que generan alertas sobre sus impactos diferenciados sobre campesinos en condiciones de vulnerabilidad.
La exposición de motivos documenta con rigor el impacto ambiental de la ganadería, evidenciando que el hato ganadero ocupa alrededor de 14 millones de hectáreas, cuando solo 2,7 millones son aptas para uso pecuario, según el IGAC; que el hato creció en más de 690.000 cabezas entre 2016 y 2019 en municipios aledaños al PNN Chiribiquete, mientras se perdían 290.000 hectáreas de bosque. Lo que no contiene es una sola estimación de cuántas familias campesinas en la Amazonía y en áreas ambientales dependen de la ganadería para su subsistencia, o cuántos trabajadores rurales – vaqueros, mayordomo– dependen de esta economía; ni una cifra. El hecho de que no se considere como algo importante contar a las personas, reitera un modelo de conservación que se niega a ver a quienes habitan la Amazonía.
Ellos aparecen solo como la sombra de una cadena productiva que hay que disciplinar. Mientras tanto, lo que no se dice, pero se supone, es una distinción que estructura toda la norma: quien es ganadero dentro de la frontera agropecuaria consolidada es un productor legítimo; quien lo es por fuera, es un agente de destrucción.
Los datos del DANE dicen otra cosa sobre quiénes habitan al otro lado de esa línea. La Región Orinoquía-Amazonía registra la mayor incidencia de pobreza multidimensional del país, con un 20,3% en 2024, casi el doble del promedio nacional. En el Caquetá, según datos del Censo Nacional Agropecuario, más de la mitad de las viviendas rurales carecen de cualquier servicio público y una de cada seis tiene pisos de tierra, mientras tres cuartas partes de la población en edad de estudiar no asisten a la escuela. En las áreas protegidas la situación es aún más grave, pues el 65% de la población que las habita se encuentra en condiciones de pobreza, un 19,4% más que los habitantes del área rural dispersa del país. Como se denota, no todos los campesinos ganaderos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero sí la mayoría.
Como no se ven personas, sino cabezas de ganado, la propuesta no plantea la necesidad de crear medidas de transición económica, ni plantea medidas para la atención de los trabajadores de este sector, ni define cómo se atenderán a las familias que derivan su sustento de esta economía, o los impactos en otros sectores adyacentes, como el queso y la leche, que es fuente de ingresos principales de las familias campesinas en la Amazonía. ¿Qué pasa entonces con las familias que viven de esa carne? ¿Cómo se garantizará el derecho a la alimentación que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP)?
Los impactos desbordados sobre pequeños productores ya han sido identificados. El Inter-American Dialogue y el Climate Policy Initiative han expresado que estas medidas tienden a excluir del mercado especialmente a los pequeños ganaderos, advirtiendo que los costos de la debida diligencia tendrán un impacto desigual en ellos frente a los medianos y grandes productores, profundizando aún más la desigualdad dentro del modelo ganadero. Esto es aún más crítico si se tienen en cuenta las dinámicas de acaparamiento que se presentan dentro de la frontera agrícola, en donde se encuentran y tienen los principales hatos esos actores que empujan la frontera, con una voz mucho más fuerte dentro de Fedegan. Estos actores con capital que mueven la ganadería, la gran ganadería, la ganadería extensiva que explota a la naturaleza y a los trabajadores rurales, se ven beneficiados por este tipo de medidas al vivir del lado correcto, cerca de vías, de mercados y ahora, siendo “productores libres de deforestación”.
Tampoco es claro el alcance temporal de la medida, pues no se establece desde cuándo se configura la deforestación relevante; si esa indefinición se resuelve retroactivamente o si será la deforestación generada a partir de que se sancione el proyecto. Si se llegase a configurar sobre todas las áreas sin vocación ganadera, estaríamos hablando de miles de familias sobre las que recaería la medida, sin importar si son grandes, medianos o pequeños productores.
Hay un elemento especialmente problemático en el artículo 13, que dispone que la información generada por la interoperabilidad podrá usarse "sin perjuicio de la acción penal, la acción policiva y las acciones sancionatorias". Esto convierte datos recolectados bajo la promesa de la reforma rural, a través del catastro multipropósito, en insumos para la persecución ambiental, penal y ahora vía mercado. Este artículo hace recordar la caracterización socioeconómica de familias campesinas que habitan Parques Nacionales Naturales que fue levantada con fines de política social en el 2017, pero que fue posteriormente empleada como insumo para expedir órdenes de captura durante la Campaña Mayor Artemisa. Esta instrumentalización sancionatoria de datos de los campesinos requiere de mucha transparencia, especialmente cuando faltan aún muchos datos por recopilar del catastro rural, un elemento fundamental para la Reforma Rural Integral.
Lo que este proyecto no hace es interpelar las dinámicas de poder que están detrás de la deforestación, más allá de la vaca y de vivir del lado equivocado de la frontera. No se trata de negar la gravedad ecológica de la ganadería extensiva, sino de señalar que una política sin enfoque diferencial, que sanciona, vía mercado, a poblaciones en condición de vulnerabilidad, sin ofrecerles alternativas ni garantías, sin tocar los capitales que financian la expansión de la frontera y que, además, convierte en arma la información que el Estado les solicita, puede terminar siendo profundamente injusta.
