Por: Freddy Ordóñez Gómez
Claudia Steiner en su célebre trabajo Imaginación y poder. El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960 relata cómo la mirada que desde el interior de Antioquia se presentaba sobre la región del Urabá se construía sobre una noción doble de frontera: por una parte, el límite nacional a defender después de la secesión de Panamá, la región en la cual ejercer soberanía; y, por otra, la de una región de selva inhóspita a civilizar, una tierra salvaje a modernizar, con salida al mar y “riquezas naturales listas para ser explotadas por el elemento antioqueño”. Lo anterior no era solo el imaginario de pobladores o la idea de algunos individuos del interior del departamento de Antioquia, sino que fue el referente desde el que se tomaron decisiones políticas, económicas y sociales. Esta última forma de entender la frontera está claramente marcada por una idea de colonización del Urabá, asociada a la conquista del Otro, al cual había que incorporar en lo mismo o cambiarlo, lo que llevaba su negación y superación, desde una idea de raza antioqueña, que, nos recuerda Steiner, estaba fundamentada “en una serie de valores compartidos; entre estos, ser fervientes católicos, defensores de la vida familiar, muy trabajadores y, especialmente, blancos” (Steiner, 2019, p. xx). El discurso antioqueño sobre la región enfatizaba en ésta como “futura despensa de Antioquia”, una historia de Urabá que en el siglo XX “comienza con la penetración del capital y la entrada masiva de inmigrantes antioqueños”, señala la profesora Steiner (2019, p. xxx).
El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia.
En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.
A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.
El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.
La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.
Alejandro Costa Posada, director ejecutivo de Puerto Antioquia, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia, afirmó: “socialmente necesitamos entender quiénes son nuestros vecinos y qué quieren y para dónde van y cómo se ven”. Es importante que estas afirmaciones no sean sólo para generar aplausos entre antioqueños que, como si estuvieran en 1925, ven en Urabá la tierra prometida y que dicen hacer un capitalismo consciente, sino que se traduzcan en el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas que tienen por territorio y hábitat la Bahía Colombia, los ríos León y Suriquí, que se traduzcan en el reconocimiento de los Otros, de los ofendidos.
