Por: Aiden Salgado Cassiani
El 23 de abril se cumplen 25 años del vil asesinato del estudiante de derecho Humberto Contreras Sereno, quien fue uno de los líderes y fundador de la organización estudiantil Alma Máter de la Universidad del Atlántico, de la cual orgullosamente hice parte en la ciudad de Barranquilla, estudiando contaduría pública hasta el 28 de abril del año 2001, cuando fuimos desplazados. Hoy, un cuarto de siglo después, escribo esta nota como inventario para recordar que la memoria de las víctimas de la Universidad del Atlántico tiene historia.
El asesinato de Humberto Contreras, así como toda la persecución de líderes estudiantiles y del estamento, fue orquestada por el paramilitarismo alineado con la administración del momento, como lo comprueban las sentencias que han condenado a los responsables de esos hechos violentos. En el caso de Humberto, fue el paramilitar Carlos Arturo Romero Cuarta quien lo testimonió en audiencia de Justicia y Paz. Este caso no es aislado: entre los más de 25 asesinatos y otras víctimas de la universidad hubo una connivencia entre actores armados legales e ilegales, políticos y miembros de la administración universitaria de ese momento.
Detrás de los más de 25 crímenes —entre estudiantes, sindicalistas y exdirectivos miembros de esa administración que, al renunciar, fueron asesinados— se encuentra la coincidencia de que todos eran oposición a la administración del momento. Esa oposición siempre estuvo liderada por la organización Alma Máter, que perdió a cuatro de sus líderes; toda la militancia visible tuvo que desplazarse y exiliarse para no ser asesinada por el paramilitarismo en complicidad con otros actores de la ciudad de Barranquilla.
Hoy, 25 años después, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), seguimos esperando que se esclarezca la verdad de lo sucedido en la Universidad del Atlántico, en especial de los miembros de Alma Máter. Si bien Humberto Contreras y Reinaldo Serna recibieron una reparación administrativa por parte del Estado, en los casos de José Luis Martínez Castro y Adolfo Altamar Lara seguimos esperando claridad sobre los hechos. El fatídico 4 de febrero de 2000, cuando introdujeron un artefacto explosivo en nuestra sede que les destrozó la vida, es una realidad sobre la que pedimos verdad. La JEP tiene la responsabilidad de investigar la violencia en las universidades públicas para esclarecer los hechos violentos y reconocer el caso de Alma Máter como un caso emblemático de violencia estatal. Después de nuestro reconocimiento como víctimas, parece que intereses oscuros siguen ejerciendo presión para que este caso quede en el olvido; pero las víctimas de la Universidad del Atlántico tenemos memoria y continuaremos exigiendo claridad sobre lo sucedido.
Hace alrededor de una década comenzó un proceso para la dignificación de las víctimas de la Universidad del Atlántico, acompañado por la Unidad para las Víctimas. Se creó el comité de impulso y con él se emprendió la discusión que originó un plan de reparación integral, el cual llegó a ser formalizado y socializado con la comunidad en 2023, todo ello previo a la declaración de la universidad como sujeto de reparación colectiva. A la fecha, ese plan parece un documento en los anaqueles de esa entidad. El plan es tan importante porque incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para reconstruir el tejido social: la creación de una comisión de la verdad, la elaboración de memorias escritas y audiovisuales sobre los hechos, lugares de memoria, entre otras.
Estos 25 años del asesinato de Humberto son la oportunidad para revivir ese proyecto y comenzar su implementación. Ese plan de reparación integral, en el gobierno del cambio, también tiene que agenciar transformaciones para la Universidad del Atlántico, más aún en el debate sobre la violencia en la ciudad, que —como en la universidad— solo tocó a unos sectores, pero no a la administración de la universidad que, como en aquella época, tuvo responsabilidad, esta vez en la violencia de Barranquilla su administración tiene responsabilidad por acción u omisión.
Quienes sobrevivimos de Alma Máter, a pesar de las circunstancias, logramos rehacer nuestras vidas y terminar carreras universitarias —algunos incluso con doctorado—, pero no olvidamos que la violencia cambió el ciclo de nuestras vidas. Ese 28 de abril, cuando algunos montamos en avión por primera vez después de amanecer escoltados —unos en sus casas, otros en guarnición militar, por la gravedad de las amenazas—, hoy seguimos solicitando claridad sobre lo sucedido en la Universidad del Atlántico. Nuestros familiares también sufrieron la inclemencia de la violencia, y una forma de resarcir ese daño es con la verdad de lo sucedido. Si bien en este gobierno se ha avanzado en esa meta de justicia, creemos que en el tiempo que resta las entidades con responsabilidad frente a las víctimas de la Universidad del Atlántico pueden alcanzar mejores resultados, y la implementación del plan es uno de esos resultados.
La puesta en marcha del plan de reparación integral por parte de la Unidad para las Víctimas, junto con la profundización de las investigaciones por parte de la JEP, es un imperativo apremiante. Hoy, con estas letras como homenaje a la vida de Humberto Contreras Sereno —arrebatada el 23 de abril de 2001—, hago un llamado contra la impunidad de los hechos violentos en la Universidad del Atlántico, porque las víctimas de esa institución tenemos memoria con historia.
Humberto Contreras Sereno ¡presente, presente, presente!
Hasta cuándo… hasta siempre.
Porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Desde el Palenque, un cimarrón todavía.
