Por: Jimmy Viera
Los tiempos del horror y del terror de Estado se reconocen, casi siempre, demasiado tarde. Los visionarios o visionarias que tempranamente lo denuncian, por lo regular perecen ante sus maquinarias de opresión, pero sólo el tiempo les da la razón.
Aunque queramos zafarnos del pasado, arrancarlo del presente, su sombra nos cubre y está muy vivo, el terror de Estado no se ha ido, permanece debajo de una montaña de amnesia mental colectiva, que el régimen mediático quiere que olvidemos.
La condena a 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba en 1999 por el bloque Central Bolívar de las autodefensas, ordenado, según versión de Mancuso, por el empresario de la Fundación Corona, Hernán Echavarría Olózaga.
Esta condena confirma que los gobiernos oligárquicos adelantaron como política de Estado el paramilitarismo. La política de Estado paramilitar en Colombia, ha sido más letal que todos los gobiernos militares del cono sur en su momento. Tienen en común algunas características: La doctrina de Seguridad Nacional como base ideológica para combatir a un “enemigo interno”; una teoría neoliberal autoritaria para el desarrollo de la política económica y el despojo, y la violencia organizada como instrumento para aniquilar cualquier forma de oposición social o política.
Pero lo que caracteriza a este país, que no instauró un Estado de excepción o dictadura, es la política paramilitar, como el gran atributo de la fuerza paraestatal y fascista, para poder ser aplicada sin comprometer al Estado públicamente en los crímenes y mantener la fachada de democracia, obteniendo su gran propósito económico violento de concentración y uso de la tierra, la acumulación por desposesión, a través de prácticas fraudulentas, canibalísticas y despojo generalizado de tierras, territorios y recursos naturales para su privatización, con la consiguiente expulsión de millones de población desterrada.
Es Piedad Córdoba quien en el 2004 denuncia desde Senado esta práctica de los distintos gobiernos y lo caracteriza como Estado Paramilitar.
La elite capitalista no le perdonó a Piedad en vida, ni muerta, el desnudar el contubernio del Estado y paramilitares como una política para la implementación de su modelo de acumulación por desposesión y su política económica extractivista, que dejó a su paso, guerra, miedo como agente psicosocial, genocidio, etnocidio y ecocidio.
El terror de Estado se ensañó sobre su persona, familia, organización política y la oposición de izquierda. A pesar de sus grandes esfuerzos por la paz del país, el linchamiento mediático, el montaje de la llamada Farc-política, el relato de los computadores de Reyes, interceptaciones telefónicas, el asesinato de su asesor Jaime Gómez, el atentado personal y la persecución fueron la constante, que se agudizó en el gobierno de Uribe Vélez, de acuerdo a la confesión de Marta Leal la subdirectora de contrainteligencia del DAS.
Pero es la guerra jurídica o lawfare, con la utilización de procesos legales y el sistema judicial con fines estratégicos de hostigarla, o inhabilitarla como oponente en medio del conflicto político del país, lo que permite la muerte jurídica decretada por el Procurador fascista Alejandro Ordóñez y la pérdida de sus derechos políticos por 18 años en el 2010.
En el año 2011, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, conocido como IISS, think tank con sede en Londres, instituto de estudios internacionales centrado en cuestiones de defensa, seguridad y asuntos globales, fachada internacional del MI6, que se encarga de seguridad exterior y el espionaje en el extranjero del Reino Unido, quien pone en la mira a Piedad Córdoba y ayuda a generar el clima de terror de Estado contra ella. (Ver libro Los documentos de las Farc: Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes IISS Dossier estratégico).
Pero como si esto no fuera suficiente, desde el 2018, la famosa magistrada con rango militar, la “calladita”, Cristina Lombana Velásquez, emprende una persecución política con la apariencia de legalidad, contenida en el expediente con radicado 29875 de la Corte Suprema de Justicia, sobre los muebles e inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, movimiento financiero desde el punto de vista de ingresos-egresos y bienes de Piedad Córdoba y su núcleo familiar, en el período comprendido entre el 20 de julio del 2006 al 31 de diciembre del 2012.
Este proceso judicial fue ampliamente difundido por los carteles mediáticos, con la finalidad de generar la matriz de opinión de Piedad como beneficiaria económica del gobierno Chávez y de las Farc. Proceso jurídico que se mantuvo como caballo de batalla, un lawfare económico contra ella hasta sus últimos días y después de muerta.
Cuando Piedad sostenía públicamente que Colombia era una gran fosa común, generó el alarido de los grandes medios de comunicación y “personas de bien” del país, el tiempo le dio la razón, cada día se conocen más casos de fosas comunes y se intensifica el trabajo de la Unidad de Búsqueda.
La violencia organizada contra la propia población se convirtió en una característica esencial de la actividad paramilitar y militar, constituyó una forma de guerra psicológica, pues tenía como objetivos expresos la intimidación y el sometimiento de grandes grupos sociales, mediante el empleo de acciones psicológicas, concebidas para imponer la aceptación pasiva de estructuras de dominación autoritarias y fascistas en las regiones y crear en los virtuales opositores sociales, una sensación de constante amenaza existencial y de impotencia personal frente a los aparatos militares o paramilitares en acción.
Esta guerra psicológica se llevó a cabo en varios escenarios que se complementaban mutuamente y que se pueden considerar como las formas principales de la aplicación de la violencia organizada de esta política paramilitar: la desaparición de líderes sociales y políticos de izquierda, los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales y el control y manipulación de los medios de comunicación. Debido a que esta violencia organizada se puede considerar como una agresión premeditada y permanente contra la salud psicosocial de la mayoría de la población.
El resorte oculto de la intimidación afortunadamente se rompió y el pueblo en las calles a través del levantamiento popular en el 2021, enfrentó la dominación de clase y la violencia de Estado y paraestatal.
Desde su tumba a Piedad no le quitan lo bailado, con una sonrisa de triunfo histórico debe estar feliz, pues, no sólo se condena a uno de los ideólogos de su secuestro, sino a uno de los seis patriotas creadores del paramilitarismo, dicho por Carlos Castaño en el libro “Mi Confesión”.
“En el mismo fallo que condenó al exsubdirector del antiguo DAS, José Miguel Narváez, la jueza Claudia Marcela Castro pidió compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, como presuntos determinadores del homicidio de Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle”.
