Por: Jaime Gómez Alcaraz
El sistema internacional vive un ciclo acelerado de militarización que redefine prioridades políticas, económicas y sociales. Según los datos más recientes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), el gasto militar mundial alcanzó 2,44 billones de dólares en 2023 y se elevó a alrededor de 2,7 billones en 2024, lo que representa el aumento más alto registrado en una década y un incremento anual cercano al 9 %. Este crecimiento se desarrolla en medio de una crisis global marcada por aumento de la pobreza, desplazamientos forzados, crisis climática y debilitamiento institucional debido a la pérdida de capacidad real de organismos internacionales e instituciones multilaterales para cumplir sus mandatos. La paradoja fundamental es que, en lugar de invertir en seguridad humana —educación, salud, protección social y justicia climática—, los Estados están priorizando la expansión militar.
Tendencias recientes del gasto militar mundial
El incremento del gasto militar no es aislado ni localizado: se trata de una tendencia global estructural. SIPRI registra que 2023 fue el noveno año consecutivo de aumento, con un crecimiento del 6,8 % en términos reales. En 2024, la curva continuó al alza, con casi 2,7 billones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 2,5 % del PIB mundial.
La concentración del poder militar es notable. Los cinco países con mayor inversión militar —Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí— representan alrededor del 61 % del gasto global. Estados Unidos representa cerca del 37 % del total mundial y dos tercios del gasto agregado de la OTAN. China destina alrededor de 300 mil millones de dólares anuales y mantiene casi tres décadas consecutivas de incrementos.
Además, por primera vez desde 2009, todas las regiones del mundo incrementaron su gasto militar simultáneamente, impulsadas principalmente por Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.
Guerras activas y rivalidades estratégicas
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido un detonante central del ciclo actual de militarización. Ucrania se convirtió en el país con mayor carga militar relativa a su economía, destinando en 2024 alrededor del 30–35 % de su PIB a defensa. La respuesta europea a la invasión rusa produjo incrementos presupuestarios significativos. Alemania pasó a ser en 2024 el cuarto mayor inversor militar del mundo, incrementando su presupuesto más del 25 % en un solo año mediante un fondo extraordinario.
En Asia-Pacífico se desarrolla una carrera armamentista regional. La rivalidad estructural entre Estados Unidos y China impulsa inversiones en modernización de fuerzas navales, misiles hipersónicos y capacidades estratégicas diversas. Japón, Corea del Sur y Australia anunciaron fuertes ampliaciones presupuestarias, argumentando la necesidad de balancear el poder militar chino. Este proceso responde al clásico dilema de seguridad: cada incremento defensivo es percibido como ofensivo por los rivales, lo que alimenta un ciclo permanente.
El llamado Oriente Medio, enfrenta el ciclo más agresivo de expansión militar. Israel registró en 2024 el mayor incremento porcentual en más de medio siglo, superior al 60 % respecto al año anterior, impulsado por el genocidio en Gaza y la escalada regional. Le siguen Arabia Saudí e Irán, reforzando una región caracterizada por represiones internas, violaciones graves del derecho internacional humanitario y dependencia estructural de soluciones armadas.
Reconfiguración de bloques y transformaciones de la arquitectura de seguridad
El aumento del gasto militar redefine alianzas internacionales al interior de la OTAN. El compromiso del 2 % del PIB para defensa vigente desde 2014, ha sido sustituido por un nuevo objetivo político: un gasto del 5 % del PIB para 2035, acordado en la cumbre de La Haya de 2025 bajo fuerte presión estadounidense. Trump sostuvo entonces, que los aliados deben asumir una carga mucho mayor dentro de la financiación estratégica del bloque. En conjunto, el bloque atlántico concentra cerca del 55 % del gasto militar global, lo que le otorga una ventaja estratégica pero también profundiza la confrontación sistémica con potencias competidoras.
Paralelamente, China y Rusia fortalecen plataformas multilaterales alternativas como la Organización de Cooperación de Shanghái, la OTSC y el BRICS ampliado, que integran cada vez más componentes de cooperación militar y tecnológica. El ascenso del BRICS, con nuevas incorporaciones como Arabia Saudí, Irán y Egipto, redefine la correlación geopolítica frente a la hegemonía occidental.
Numerosos países del Sur Global, presionados por crisis fiscales y endeudamiento, incrementan su inversión militar a costa del gasto social, lo que refuerza su dependencia y reduce autonomía estratégica.
Costos de oportunidad: seguridad humana y retrocesos sociales
Diversos estudios han demostrado que incrementos sostenidos en defensa desplazan el gasto social esencial, fenómeno conocido como “crowding out”. Por ejemplo, un análisis que abarca 116 países entre 2000 y 2017 confirmó que el gasto militar reduce el gasto público en salud de manera significativa.
La Secretaría General de la ONU ha señalado que una fracción mínima del gasto militar global sería suficiente para erradicar el hambre extrema y garantizar educación básica universal. Sin embargo, la tendencia actual canaliza recursos hacia armamento en lugar de prevención de conflictos, infraestructura resiliente o justicia climática.
El impacto en derechos humanos es directo: los Estados están obligados a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar derechos económicos, sociales y culturales, pero la asignación actual revela prioridades que anteponen la seguridad estatal armada sobre la seguridad humana. Esa elección reproduce desigualdades, debilita servicios sociales y agrava desplazamientos masivos. Además, la militarización normaliza respuestas armadas a problemas estructurales como desigualdad, exclusión, crisis climática o colapso institucional, debilitando opciones de diplomacia, mediación y construcción de paz.
Derecho internacional y erosión normativa
El fortalecimiento militar coincide con una crisis del derecho internacional. Las guerras en Ucrania y Gaza muestran los límites del sistema institucional: violaciones masivas al derecho humanitario, bloqueos políticos en el Consejo de Seguridad y dificultades para hacer cumplir decisiones de la Corte Penal Internacional cuando intervienen potencias con respaldo militar o alianzas estratégicas sólidas.
Simultáneamente, el poder de los complejos industrial-militares condiciona políticas exteriores y frena esfuerzos en control de armamentos, desarme y regulación transparente del comercio de armas. Esto reduce el espacio para soluciones cooperativas y favorece la proliferación y uso de fuerza en conflictos internos y externos.
Así las cosas, el récord del gasto militar mundial no es una respuesta inevitable a amenazas reales, sino una decisión política que prioriza el uso de la fuerza armada en detrimento de la cooperación y la seguridad humana. Está reconfigurando alianzas, intensificando rivalidades, debilitando el derecho internacional y restringiendo la capacidad global para enfrentar amenazas estructurales como la pobreza, la crisis climática, la erosión democrática y la desigualdad.
El desafío central consiste en construir una agenda alternativa de seguridad centrada en la vida y la dignidad humana, basada en transparencia presupuestaria, reducción progresiva del gasto militar, respeto a la justicia climática, prevención de conflictos y fortalecimiento del multilateralismo. La pregunta decisiva para el futuro es si la comunidad internacional será capaz de romper la espiral de militarización antes de que sus consecuencias humanas y ambientales sean irreversibles.
