Por: Juliana Ramírez Rojas
Entre la frontera nariñense con Ecuador y la frontera del Catatumbo con Venezuela, se extiende la cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más extensas del mundo; nacen el río Magdalena y el Cauca, convergen múltiples culturas y también se hace presente la intervención imperialista, que, como si siguiera un manual, perturba la vida de las comunidades.
Colombia ha sido objeto de intervención desde antaño. Un hecho que la clase política tradicional ha aceptado con complacencia. Casi rogándola, ha promovido que el dinero de Estados Unidos fluya por las arterias de las Fuerzas Militares y termine en la sangre que mancha las manos de efectivos del Ejército, responsables de más de 6.402 asesinatos, presentados falsamente como bajas en combate.
Las excusas de Estados Unidos para intervenir países con recursos estratégicos, o con rebeldías en alza, son variadas, pero en Colombia existe un libreto perfeccionado: el narcotráfico. Como quien recita palabras mágicas y ve abrirse las puertas del país. No obstante, resulta paradójico que, tras el Plan Colombia, que, según sus propios promotores, se implementó para “combatir el narcotráfico”, los estupefacientes sigan fluyendo y siendo recibidos en Estados Unidos sin mayores novedades.
Mientras tanto, en Colombia se cometió un genocidio político (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021) contra quienes, en la cotidianidad, construían una posibilidad de futuro distinto para las comunidades que han resistido al aniquilamiento. También es ilustrativo que las operaciones paramilitares que derivaron en masacres y desplazamientos forzados en la década del 2000, muchas veces en omisión o connivencia con las Fuerzas Militares, facilitaran el asentamiento de multinacionales en territorios estratégicos para el extractivismo voraz.
El conflicto armado colombiano, lejos de ser ajeno a la intervención imperialista, ha sido estimulado por ella. Veintisiete años después del Plan Colombia y diez años después del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP, mucho ha cambiado en cuanto a los actores, pero no necesariamente en las dinámicas estructurales del conflicto. En la llamada Paz Total, incluso en asuntos de alta sensibilidad, se ha optado por hacerse el de los oídos sordos frente a las reiteradas advertencias de las comunidades.
Es momento de precisar que la paz transformadora sigue siendo la apuesta. Sin embargo, los puntos que siguen, buscan analizar cómo una estrategia carente de herramientas reales para su implementación y vacía en su prospectiva de futuro ha terminado, más que por desescalar la confrontación, por enrarecer un escenario históricamente atravesado por la disputa territorial y la intervención imperial.
Lo que se ha presentado como avances del progresismo en materia de Paz Total puede observarse con mayor claridad en dos casos concretos.
Primero, la mesa de diálogo con el “Estado Mayor de Bloques y Frentes”, encabezada por alias “Calarcá”, actual disidencia de las FARC. Lejos de traducirse en alivio humanitario para el nororiente colombiano, ha implicado, entre otros factores, el agravamiento de la emergencia humanitaria en el Catatumbo.
Tras la escalada militar de enero de 2025, se establecieron “Zonas de Ubicación Temporal” en el corazón de esta región. En paralelo, se instaló una narrativa nacional que dividió el escenario entre “armados buenos” y “armados malos”. En medio de esa confusión, el gobierno suspendió la mesa de diálogo con el ELN, atribuyéndole una masacre por la que, semanas después, fueron capturados dos hombres señalados por la Fiscalía como integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de “Calarcá”.
Esto ha ocurrido en un territorio que posee reservas probadas de 17 millones de barriles de petróleo, es corredor natural entre Venezuela y el Caribe, concentra extensas áreas de cultivos de coca y cuenta con riqueza mineral significativa. Es, en términos geopolíticos, un punto de conexión entre fronteras, y proyecciones extractivas.
Este escenario no puede entenderse al margen del contexto internacional. Este 2026 inició con un asedio imperial sobre el mundo, como quien agoniza y da sus últimos respiros —fuertes y estruendosos—, EEUU posó sus manos, una vez más, sobre Nuestra América. El 3 de enero, bombas cayeron sobre Caracas y se secuestró a un presidente en tierra extranjera. Un mes después, tras discursos grandilocuentes sobre soberanía y llamadas diplomáticas de palabras medidas, el presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Estados Unidos. El 4 de febrero, apenas un día después de una reunión a puerta cerrada con Trump, volvieron a caer bombas en la selva del Catatumbo y en frontera con Venezuela, por primera vez en tres años.
El segundo caso es la mesa con “Comuneros del Sur” y la mesa con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB). Comuneros del Sur, fue un frente guerrillero del ELN ubicado en Nariño, bajo el marco de la “paz territorial”, este grupo se escindió del Comando Central del ELN e inició un proceso de desarme y establecimiento de Zonas de Ubicación Temporal. A este escenario se sumó una mesa con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de la Segunda Marquetalia.
En ese contexto, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, el nuevo dócil aliado de Estados Unidos, parece repetir la historia protagonizada hace 18 años por Álvaro Uribe, quien ordenó la Operación Fénix en territorio ecuatoriano, bajo la lógica de mostrar resultados ante el “patrón del norte”. En una autonomía regional en disputa, el giro discursivo del presidente Petro profundiza esa tensión. Tras denunciar en el Consejo de Ministros del 17 de marzo de 2026, un bombardeo en territorio colombiano proveniente de Ecuador, el 20 de marzo matizó su posición afirmando que “no existe 100% de certeza; hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano” (Petro, 20 de marzo del 2026). Más que un gesto de “madurez o profesionalismo”, ese viraje dejó la sensación de una soberanía en disputa, administrada con cautela frente a presiones externas.
En medio de denuncias reiteradas de las comunidades fronterizas, tenemos un gobierno que, nuevamente, se hace el de los oídos sordos, y en el que la soberanía pareciese un recurso retórico que puede sacarse del bolsillo mientras los pies caminan lo que la cabeza parece obviar. Sánchez, desde inicios de marzo, había prefigurado en lo que terminaría esta corta coyuntura binacional, al afirmar que se pondría en marcha una “Operación Binacional Espejo” en la frontera entre Ecuador y Colombia, parece que, en complacencia con las medidas acordadas con Estados Unidos, continúa el plan imperial.
Colombia, lejos de la soberanía, pareciese estar siendo cercada por el intervencionismo militar y la complacencia política, con unas elecciones que seguirán marcadas por investigaciones de fiscalías federales estadounidenses a miles de kilómetros del país de la belleza.
Referencias:
Tribunal popular de los pueblos. (2021). Sentencia sobre el genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia (2020-2021). https://permanentpeoplestribunal.org/sentencia-del-tpp-sobre-el-genocidio-en-colombia/?lang=es
Petro, G. [@petrogustavo]. (20 de marzo del 2026). Comunicado del ministro de defensa: Frente al hallazgo de MUSE (munición sin explotar), tipo bomba de 250 kg, en territorio. [X]. X. https://x.com/petrogustavo/status/2035073311323877877
