Por: Jaime Gómez Alcaraz
La iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, anunciada en 2026 con una conferencia internacional que culminó en una fotografía en donde la indignidad era su protagonista: varios presidentes de América Latina, todos de derecha, confesaban con esa foto, su claudicación frente al pedófilo presidente de Estados Unidos. A la foto se le juntó el desprecio explícito de Trump, presidente convocante, a la idea de aprender el idioma español. Esto constituye un episodio significativo dentro de la larga historia de las arquitecturas de seguridad hemisférica promovidas desde Washington. Aunque formalmente se presenta como una coalición destinada a enfrentar el crimen organizado transnacional y el llamado “narcoterrorismo”, su surgimiento debe analizarse dentro de un marco histórico más amplio, caracterizado por la persistente tensión entre soberanía latinoamericana y hegemonía estadounidense.
El concepto de seguridad hemisférica ha estado históricamente vinculado a doctrinas geopolíticas que situaron a América Latina dentro de una esfera de influencia estratégica. La Doctrina Monroe, proclamada en 1823, estableció el principio de que el continente debía permanecer libre de interferencias europeas, pero en la práctica evolucionó hacia un instrumento que legitimó la expansión política, económica y militar de Estados Unidos en la región. Durante el siglo XX, esta lógica se materializó en diversas políticas de intervención directa o indirecta, desde ocupaciones militares y golpes de estado hasta programas de cooperación en seguridad que, bajo el ropaje de la estabilidad regional, consolidaron estructuras coloniales de dependencia.
El “Escudo de las Américas” aparece en este contexto como una reconfiguración contemporánea de tales mecanismos. A diferencia de los dispositivos de la Guerra Fría, orientados a contener el comunismo, el nuevo marco discursivo se articula en torno a amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y la competencia geopolítica. Sin embargo, el cambio en la retórica no implica necesariamente una transformación sustancial de las relaciones de poder subyacentes, sino una adaptación a un orden internacional cada vez más multipolar.
El problema central no radica únicamente en la cooperación en materia de seguridad, sino en la asimetría estructural que la define. Cuando la agenda y los marcos operativos son definidos por una potencia imperial externa, la cooperación se transforma en subordinación institucionalizada. El diseño operativo del acuerdo tiende a convertir a los territorios latinoamericanos en plataformas de ejecución de la política exterior estadounidense, configurando una relación en la cual Washington define prioridades estratégicas y provee equipamiento militar, mientras los Estados asociados aportan territorio, alineamiento político y aceptación de esquemas operativos que incluyen la presencia de fuerzas extranjeras con amplios márgenes de actuación.
Esta crítica se inscribe en un debate más amplio sobre la naturaleza del consentimiento en contextos de marcada asimetría internacional. La formalidad jurídica de los acuerdos no elimina necesariamente las relaciones de dependencia que condicionan las decisiones estatales. En ese sentido, el análisis del “Escudo de las Américas” debe examinar sus implicaciones para la autonomía política y estratégica de los Estados latinoamericanos.
Militarización de la seguridad y dilemas del derecho internacional
Uno de los elementos más controvertidos del “Escudo de las Américas” es su redefinición del narcotráfico como una forma de “narcoterrorismo”. Esta conceptualización tiene profundas implicaciones jurídicas y políticas. Al equiparar organizaciones criminales con actores terroristas, se abre la puerta a la utilización de instrumentos militares diseñados originalmente para conflictos armados o para operaciones antiterroristas de alta intensidad.
Durante las últimas décadas, numerosos organismos internacionales y expertos en políticas públicas han señalado las limitaciones de los enfoques estrictamente militarizados para enfrentar el narcotráfico. La experiencia histórica muestra que la llamada “guerra contra las drogas” ha generado, en muchos casos, niveles elevados de violencia y violaciones de derechos humanos, sin lograr una reducción sostenida del comercio ilícito de estupefacientes. En América Latina, la militarización de la seguridad interna ha tenido efectos desastrosos que han comprometido el ejercicio de los derechos humanos, debido a la debilidad institucional de algunos Estados, a las profundas desigualdades socioeconómicas y a la sesión del ejercicio de la soberanía frente a un poder imperial.
La eventual autorización de operaciones militares extranjeras en territorio de Estados soberanos plantea interrogantes significativos. El principio de soberanía territorial constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico internacional contemporáneo. Cualquier forma de intervención armada debe evaluarse a la luz de este principio y de las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Los defensores del “Escudo de las Américas” sostienen que las operaciones previstas se realizarían con el consentimiento de los Estados participantes. No obstante, la cuestión de fondo radica en las condiciones bajo las cuales se otorga ese consentimiento. En contextos de asimetría, el consentimiento formal no siempre equivale a una decisión autónoma. Por ello, esta iniciativa podría convertirse en una forma contemporánea de coordinación militar regional que, bajo el lenguaje de la lucha contra el crimen organizado, legitime dinámicas de intervención externa. Este proyecto puede entenderse como una actualización de mecanismos de cooperación represiva del pasado, aunque en un contexto distinto al de las dictaduras del siglo XX.
A ello se suma el riesgo de que la expansión del rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debilite el control civil democrático. La experiencia latinoamericana demuestra que la militarización prolongada puede erosionar instituciones civiles y favorecer prácticas contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.
Geopolítica, desigualdad y alternativas desde el sur global
Más allá de sus dimensiones militares, el “Escudo de las Américas” debe analizarse dentro de la competencia geopolítica contemporánea. La creciente presencia económica de China en América Latina ha ampliado el margen de maniobra de los países de la región. En este contexto, la arquitectura de seguridad propuesta puede interpretarse como parte de una estrategia para reordenar el espacio hemisférico frente a la competencia global. La seguridad se convierte así en un instrumento de reorganización geopolítica, articulado con incentivos económicos y mecanismos de alineamiento estratégico.
Desde esta perspectiva, varios gobiernos han optado por un alineamiento pragmático con Washington, priorizando beneficios inmediatos. Esta dinámica reduce la capacidad de formular políticas exteriores autónomas y los integra como piezas funcionales dentro de una disputa geopolítica más amplia.
No obstante, la dimensión geopolítica del proyecto no puede separarse de las profundas desigualdades sociales que caracterizan a América Latina. La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, con enormes brechas socio-económicas, un desigual acceso a la educación, profundas desigualdades de género, ausencia de empleo digno y servicios básicos. En este contexto, el crimen organizado también responde a condiciones estructurales de exclusión social.
Un enfoque centrado exclusivamente en la dimensión militar corre el riesgo de tratar los síntomas sin abordar las causas profundas. Las comunidades en contextos de pobreza estructural son las que más sufren tanto la violencia criminal como las políticas represivas. Cualquier estrategia de seguridad que ignore estas dimensiones sociales resulta incompleta.
Las alternativas planteadas desde diversos sectores enfatizan la necesidad de construir políticas de seguridad basadas en el desarrollo social, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento institucional. Ello implica invertir en educación, empleo, equidad de género, justicia social y sistemas de salud pública.
Asimismo, es importante fortalecer mecanismos de cooperación regional que no reproduzcan relaciones de subordinación geopolítica. La construcción de agendas autónomas, basadas en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, constituye uno de los desafíos centrales para el sur global.
En última instancia, el debate sobre el “Escudo de las Américas” refleja la tensión entre seguridad, soberanía y dignidad política en un mundo marcado por profundas desigualdades estructurales. La historia nos enseña que la estabilidad duradera no se construye mediante alianzas militares, sino a través de sociedades más justas, instituciones democráticas sólidas y relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.
