Por: Dumar A. Jaramillo-Hernández
Para los ciudadanos que abrazan una lectura tácita de la ley (positivistas jurídicos) para justificar sus fechorías, amparadas en ambientes de corrupción, se desnaturaliza el ser humano, cuya esencia es servir y velar por el bien común. Estos ciudadanos reflejan intereses de poder en lugar de un compromiso con la justicia. Para ellos es importante recordar a Agustín de Hipona (san Agustín), quien dejó un legado inolvidable a través de su máxima jurídica: “Lex iniusta non est lex” (una ley injusta no es ley en absoluto). Con ello, situó la ley en el centro de la reflexión ética.
Desde esta visión del derecho natural, la ley per se no se asocia necesariamente con la justicia ni, mucho menos, con la legitimidad; es tan solo una norma que requiere evaluación ética. Solo así podría considerarse legítima para la sociedad. La justicia es la finalidad de la ley; no es un carácter automático ni implícito en ella. Así, las normas contrarias a la justicia, a la razón o al bien común carecen de validez ética y de auténtica legitimidad jurídica.
Por consiguiente, la lectura e interpretación de la ley desde la hermenéutica constituyen un llamado natural al desarrollo de la inteligencia humana y del ser sensible a su entorno. Exigen del ciudadano consciente una integración teológica e histórica, así como un análisis contextual y sistemático que garantice la justicia, es decir, el fin de la ley. Se está ideológica, ética y moralmente vacío cuando la mera exégesis literal acompaña la aplicación de la ley en tiempos modernos. Hoy sabemos, de primera mano, que quien infiere y disemina profusamente leyes y promueve una interpretación simplista y tácita dentro de la sociedad suele intentar justificar actuaciones corruptas y comportamientos antinaturales, tiránicos y demagógicos.
Es así que parte del título de esta columna de opinión hace referencia a “más allá de la ley”, donde las sociedades han acuñado una estructura de autoorganización cuya evolución emerge de forma natural, sin necesidad de diseños generales de estructura topológica, y que, sin embargo, permite interacciones eficientes entre nodos. Estos nodos conforman una estructura de distribución fractal: no importa si se observa, incluso mediante fotografía satelital, una comunidad de alta, media o baja densidad demográfica; el patrón fractal permanece constante.
La Real Academia Española (RAE) define fractal, término acuñado por el matemático francés Benoît Mandelbrot en 1975, como: “Objeto geométrico en el que una misma estructura, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas y tamaños”.
Es decir, nuestras sociedades se autoorganizan en múltiples nodos de diversos tamaños o escalas de integración. Tomemos como ejemplo la manera en que las ciudades se estructuran: las calles de comidas rápidas, las zonas de joyerías o las áreas de comercio informal, entre otras. Se trata de redes autoorganizadas de variados orígenes que presentan relaciones inextricables entre sí —tecnológicas, económicas, sociales, entre otras—.
Este comportamiento autoorganizacional de las sociedades (que están más allá de la ley) se sustenta en la teoría de la complejidad. Aunque esta teoría tiene más de cincuenta años, poco hemos aprovechado sus aproximaciones constitutivas de la realidad, que amplían los límites del conocimiento. La teoría de la complejidad puede utilizarse para modelar múltiples relaciones dinámicas en diferentes niveles o escalas dentro de los sistemas, alejándonos de la clásica intención determinista de explicar un fenómeno mediante ecuaciones lineales simples desde una lógica reduccionista de causa-efecto.
Responde a la premisa de que la vida misma exige niveles de criticidad —ese límite entre el orden y el caos— para ser vida y sostenerse como tal.
Si entendemos, como sociedad, que nuestra capacidad evolutiva de autoorganización nos ha permitido emerger en estructuras complejas interconectadas entre sí, que han soportado malos y muy malos gobiernos locales, departamentales y nacionales —sin mencionar a los directivos de diversas empresas privadas y públicas, como las universidades—, podríamos alcanzar representatividades reales y leyes justas. Seríamos sociedades que antepongan el bien común y la justicia a la mera racionalidad jurídica, es decir, a la ley per se.
Murray Gell-Mann (premio Nobel de Física en 1969, por sus aportes al estudio de las partículas elementales y sus interacciones) y Kenneth Arrow (premio Nobel de Economía en 1972, por sus contribuciones a la teoría del equilibrio general y la economía del bienestar) realizaron importantes aportes a la ciencia de la complejidad. Desde los estudios sobre la organización espontánea de elementos individuales —como una especie o una población— hasta su integración en estructuras complejas como ecosistemas y economías, sus enfoques muestran cómo surgen patrones organizados sin un diseño central. Las estrellas se agrupan en galaxias y las avalanchas de copos de nieve se configuran como si estos sistemas obedecieran a un impulso interno que oscila entre el orden y el caos.
Hoy está claro que la coexistencia y el cooperativismo constituyen un llamado natural de las especies que desean progresar dentro de la exigente dinámica sistémica, llámese ciudad, pueblo o comunidad universitaria, entre otras. Así como la intuición permitió avances decisivos en el conocimiento —por ejemplo, la teoría de la relatividad especial y general—, esa misma intuición debería conducirnos a reconocer en el otro a un interlocutor interconectado, directa o indirectamente, con nuestras acciones. Nuestra comunidad funciona como un simbionte que se autoorganiza.
Ese reconocimiento, donde todas las vidas importan, impulsa la máxima evolutiva Homo sapiens sapiens. Ese “sapiens” adicional dentro de la especie de los homínidos alude a una conciencia evolutiva en la que el otro, el medio ambiente y sus individuos —el sistema complejo en su conjunto— son considerados importantes e incluso vitales. Hemos pasado de sobrevivir a vivir en sociedad.
Jamás debemos interpretar los niveles de criticidad necesarios para sostener la vida como una demanda de caos, ni como la excusa para invocar leyes que acomoden intereses de poder y subjetividades, para “joder” —si se me permite la expresión coloquial—. Ese afán es propio de la mediocridad o la brutalidad: una clara involución. Nuestras sociedades autoorganizadas requieren sentido crítico para mantener una tendencia de crecimiento que respete al otro y sus necesidades, e integre lo justo en las actuaciones individuales y colectivas.
Es esa misma sociedad la que recurre a la protesta social para exigir la libertad natural de sus acciones, interpretadas desde la hermenéutica. La criticidad —ese estado que roza el caos desde el orden lineal, ese ir y venir entre el confort y el disconfort— permite crecer, traza sendas de evolución y responde a la naturalidad de una sociedad justa: aquella que se autoorganiza sin depender exclusivamente del sentido estricto de la ley per se.
