Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
Periodista y analista de geopolítica internacional en Francia
El escenario no puede ser peor, después de la autoproclamada reelección del presidente Nayib Bukele en el Salvador, en el marco de unos comicios electorales marcados por un extenso despliegue militar al mejor estilo de un régimen, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado manifestó:
“La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.”
“Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”.
Frente a este claro pronunciamiento de la reconocida ONG internacional, vamos a ir al detalle con relación a los vínculos de colombianos con el régimen de Bukele que se inspira en el fenómeno paramilitar de la era Uribe.
El controvertido nombramiento del colombiano Andrés Guzmán Caballero en el gabinete presidencial de Nayib Bukele para proteger los derechos humanos y la libertad de expresión del país centroamericano, generó suspicacias por sus vínculos con polémicos casos de parapolítica y la sociedad que tendría Guzmán con el ex fiscal de El Salvador Luis Antonio Martínez, quien se encuentra en arresto domiciliario y tiene pendientes dos procesos judiciales por delitos de corrupción: peculado, mal uso de fondos públicos, omisión de la investigación, tráfico de influencias y lavado de dinero.
Antes de continuar con el colombiano nombrado como Comisionado Presidencial de Derechos Humanos del régimen centroamericano quiero volver al pronunciamiento de la directora de Amnistía Internacional para las Américas Ana Piquer, con el propósito de dar un contexto más profundo a los lectores de la actual situación de El Salvador. La señora Piquer también manifestó:
“La gestión gubernamental de Nayib Bukele también se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de información pública, la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico, la militarización de la seguridad pública, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia en el país, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”.
“Es imperativo que la instrumentalización del proceso penal y la instauración de facto de una política de tortura en el sistema penitenciario no se perpetúen, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad. Si no se corrige el rumbo, estaremos a las puertas del surgimiento de una nueva generación de víctimas a manos del Estado”.
Desde el año 2021, Nayib Bukele dejó claro que la libertad de expresión y el respeto por la libertad de prensa no era lo suyo cuando expulsó de El Salvador al periodista Daniel Lizárraga, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. El reciente nombramiento de Andrés Guzmán ratifica el desinterés de Bukele por este tema, pero además la cercanía de su gobierno con el ex fiscal que está en prisión y hoy tiene una empresa forense en Colombia que contrata con entidades como la Procuraduría General de la Nación, un fenómeno de corrupción similar al del ex fiscal Barbosa de Colombia.
Nayib Bukele, de 41 años, lidera hoy el régimen que se ha convertido en tendencia en algunos países de América Latina. Incluso en Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán que se autoproclamó el Bukele colombiano y propuso militarizar el departamento acudiendo al Ejército Nacional para mejorar la seguridad y de los espacios de mayor concurrencia en la capital de Santander.
Otro seguidor de Bukele en Colombia quien ha buscado reclutar jóvenes para seguir la ideología del régimen es el exconcejal de Sogamoso Mauricio Morris, el activista del partido verde publicó una foto en redes sociales que ha causado polémica.
Morris se hizo popular por ser el amigo íntimo del actual Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, luego de que publicara fotos con el mandatario regional en lujosos yates en Europa. Hace unos meses también publicó en sus redes sociales una fotografía suya en la que aparece con una chaqueta que tiene escrito “Bukelistas Colombia". La foto está acompañada del siguiente texto: “¿Quiénes quieren hacer parte del equipo de Bukelistas Colombia?” En una entrevista Mauricio Morris agredió al entrevistador tratándolo de guerrillero en la Plaza de Bolívar de Bogotá e incitando a la violencia.
Hoy no es posible saber cuál es la situación en las prisiones de El Salvador, teniendo en cuenta que desde que inició el régimen de excepción, los medios de comunicación son vigilados incluso por empresas que podrían estar en otros países como Adalid Corp, la polémica empresa colombiana de inteligencia militar de la que escribiré en las siguientes líneas.
De acuerdo con algunas de las cifras oficiales, que tampoco son confiables, desde que fuera impuesto el régimen de excepción, más de 67.000 supuestos delincuentes han sido arrestados, de los cuales más de 5.000 han sido liberados ante la falta de pruebas que demuestren los vínculos con las bandas delincuenciales. Estos últimos son jóvenes que han sido, en algunos casos, torturados y han salido con traumas bastante delicados por la dureza de los centros penitenciarios.
No obstante, el aumento de la pobreza y la desigualdad en El Salvador es creciente según OXFAM, 160 millonarios controlan el 87 por ciento de la riqueza nacional, mientras el joven presidente tortura la juventud y dedica el capital del Estado para estructurar grupos de limpieza militares y paramilitares.
El Banco Central de Reserva del Salvador reveló en su más reciente Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, el deterioro de diferentes indicadores sociales y la degradación de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño.
Nayib Bukele, el pasado 24 de mayo, anunció la designación del colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Este nombramiento, me causó mucha curiosidad, además, por la importancia del tema en un país el cual ha sido cuestionado por organizaciones como Amnistía Internacional por la violación permanente de derechos humanos y la libertad de prensa.
El vínculo de Andrés Guzmán Caballero con una empresa Adalid Corp, fundada por un ex fiscal que está en casa por cárcel en El Salvador y sus contratos con la procuraduría en Colombia e incluso los servicios ofrecidos por parte de esta empresa en defensa de la parapolítica en Colombia, conectan los laboratorios forenses del ex fiscal Martínez del Salvador con casos polémicos como el de Bernardo Moreno.
Adalid Corp se describe como la única empresa de América Latina con un equipo forense de más de 200 profesionales de todo el mundo con dos laboratorios propios, completamente dotados y especializados en el análisis de acústica forense, extracción segura de información y toma de evidencias digitales. Distintas empresas del sector público y privado de Colombia han contratado con esta empresa como lo demuestra en su sitio web.
Andrés Guzmán Caballero en su red social de LinkedIn, expresa que dentro de su experiencia profesional se encuentra el haber sido presidente de Adalid Corp. Esta empresa dentro de su experiencia señala contratación para seguridad informática con la Procuraduría General de la Nación en Colombia.
Pero no es todo, la empresa también en su sitio web expone que realizó el análisis de los archivos descubiertos por la fiscalía general en la acusación contra Bernardo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Álvaro Uribe. Fueron más de doscientos millones de documentos organizados, revisados e indexados, que sirvieron para preparar la defensa técnica. Dentro de este proceso el Dr. Andrés Guzmán Caballero, fue designado perito informático; como tal “entregó un informe técnico en el que se analizó la traza, origen, destinatarios, direcciones IP y existencia de direcciones de los correos electrónicos del caso” dice la empresa en su web oficial.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de El Salvador, Martínez el socio de Guzmán y fundador de la empresa que factura en Colombia, fue condenado por el caso “Corruptela”, por los delitos de omisión de la investigación, lavado de dinero, peculado, falsedad documental, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad ideológica, prácticas que esperamos no se estén generando con la contratación de servicios forenses en Colombia. Claramente esta empresa tiene cifras muy altas por el nivel de los clientes que, expone, han requerido de sus servicios. Recientemente hackearon muchas instituciones del Estado, y en esta investigación queda claro que el ex fiscal condenado en El Salvador, Martínez, fue quien montó esta empresa en Colombia, nombró a Guzmán su presidente y ahora Bukele se lo llevó para su gabinete. La pregunta es ¿qué control tiene el Estado colombiano para estas empresas de inteligencia digital transnacional que operan libremente en el país?
