Por: Freddy Ordóñez Gómez
El 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una fecha que a nivel global se estableció por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, en homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. El crimen fue cometido por un escuadrón de la muerte conformado por exmilitares, de orden impartida por el exmayor Roberto D’Aubuisson, tal como se puede leer en el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Días después, en Colombia, el pasado 9 de abril, se rindió homenaje a las víctimas con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, establecido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011. Con ocasión de las fechas indicadas, quisiera abordar dos elementos, la verdad y la memoria, desde lo que ha sido su planteamiento en las más recientes contribuciones de la justicia transicional colombiana, aquellas derivadas del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2018 – 2024), publicó en julio de 2024 su informe de la visita a Colombia adelantada del 19 al 29 de septiembre de 2023. En este, analiza las medidas de justicia transicional implementadas en el país, a partir de los cinco pilares de su mandato (verdad, justicia, reparación, memorialización y garantías de no repetición). En cuanto al primer pilar, destaca el gran trabajo realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, indicando que su informe final “es un avance trascendental para el esclarecimiento y el reconocimiento de la verdad de las violaciones cometidas durante el conflicto armado, y para la garantía de los derechos de las víctimas, incluidos los pueblos étnicos y las víctimas de violencia basada en género”. Seguidamente, llama la atención en las dificultades para la implementación de las recomendaciones de la Comisión, incluyendo los inconvenientes que ha tenido el Comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones, así como los obstáculos que se presentaron en el Congreso para que normativamente existiera un deber de acogerlas progresivamente. Con relación a la verdad el señor relator, también abordó la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los avances en la materia y las dificultades de articulación institucional.
En cuanto a memorialización, el informe resalta que Colombia no tiene una política pública nacional de memorialización, que se han producido numerosos informes, especialmente por parte del Grupo de Memoria Histórica (bajo la Ley 975 de 2005) y por el Centro Nacional de Memoria Histórica, una vez se estableció la Ley 1448 de 2011. Destaca también la estipulación del 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En sus recomendaciones, el relator presenta propuestas orientadas a superar las dificultades presentadas por el Comité, la desarticulación institucional y la carencia de una política de memoria, entre otros.
Ahora bien, tal como lo expresó el relator Salvioli, el Informe Final Hay futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad (CEV) representa avances loables, para “la identificación de las raíces, circunstancias, características, estructuras y responsabilidades que conllevaron las violaciones cometidas en el marco del conflicto”. De las lecturas realizadas de este informe, quisiera destacar algunos de sus hallazgos más significativos.
En primer lugar, las dimensiones de la tragedia. En Colombia, de acuerdo con la CEV, “no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”. El conflicto armado “supone una afectación directa al menos para el 20 % de la población colombiana que resultó víctima”. Una guerra en la que más del 90 % de los afectados pertenecen a la población civil y en la que en “el 42 % de los casos recogidos por la Comisión, las personas fueron víctimas de distintos hechos en varios momentos e, incluso, por diferentes grupos armados”. El 75 % de las víctimas del conflicto armado, según los registros oficiales, se generaron entre los años 1996 y 2008 y si se guardara un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto, el país permanecería silenciado durante 17 años.
Como segundo aspecto, se destaca que la guerra tuvo impactos diferenciados en grupos poblacionales específicos. El campesinado fue la principal víctima de la guerra: de los más de 10 millones de hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, más de cuatro millones, el 45,5 %, afectaron a campesinas o campesinos. Los pueblos indígenas y grupos étnicos, así como sus territorios, han padecido un contínuum de violencias relacionadas con el trato colonial y el racismo estructural presentes en la sociedad, el Estado y el derecho colombianos, los cuales se acentuaron y agravaron con las formas de violencia sufridas con la guerra, destacándose la identificación de corredores del conflicto armado en diecisiete macroterritorios étnicos. Las mujeres también padecen un contínuum de violencias a lo largo de sus vidas, de diferente tipo e interconectadas: económica, social, política, cultural, etc., existiendo también continuidad histórica y territorial, siendo estas violencias rasgos del machismo y del patriarcado, violencias que exacerbaron y fueron exacerbadas con el conflicto armado: diferentes tipos de acciones en la confrontación fueron dirigidas contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. En este orden, “los impactos del conflicto armado en las mujeres fueron desproporcionados justamente por la existencia previa del patriarcado en la sociedad y en la cultura”.
Finalmente, un tercer elemento, es la multiplicidad de partícipes de la guerra más allá de los combatientes, resaltándose que “Esta guerra no ha sido solo entre grupos armados, sino de entramados y aparatos políticos y económicos, donde se incluyen actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, dinámicas del poder y en la disputa por la tierra”. Esa multiplicidad de actores: agentes e instituciones estatales, estructuras paramilitares, organizaciones guerrilleras, civiles individual y colectivamente considerados, tuvieron “diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al DIH”, que padecieron diferencialmente los sujetos anteriormente mencionados y en las dimensiones de la tragedia descrita.
Estos elementos presentados corresponden a algunos aspectos del informe asociados específicamente a las víctimas, pero otros relacionados con el entendimiento complejo de la verdad, al régimen político, a la configuración sociocultural y territorial del país, y a las dimensiones económicas deberán igualmente ser revisados, buscando entender sus alcances y limitaciones, así como las ausencias y silencios frente a otros aspectos de necesario abordaje de cara a la construcción de una paz total y de la paz en los territorios, si realmente se quiere algo más que procesos de paz fragmentados, frustrados y pospuestos.
