Por: Mauricio Chamorro Rosero
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló en un informe del año 1996, las condiciones lamentables en las que se encontraba el trabajo agrícola asalariado en el mundo. Las conclusiones a las que había llegado este informe, extraídas del análisis de las condiciones de los asalariados y las asalariadas agrícolas de más de setenta países, fueron contundentes: la mayor parte de estas personas acceden a empleos ocasionales, trabajan en condiciones altamente precarias y disponen de una protección social mínima o carecen absolutamente de ella.
Ya han transcurrido cerca de treinta años desde que el informe de la OIT alertó sobre las condiciones del trabajo agrícola asalariado en el mundo; sin embargo, en el caso de Colombia está situación no parece mejorar. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2022, el 16% de la población ocupada trabaja en el sector agrícola, de los cuales cerca del 40% podrían ser considerados trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. De ellos, la inmensa mayoría lo hace en condiciones de informalidad, una cifra que alcanza el 86% en el campo, duplicando los niveles urbanos.
La extrema informalidad laboral, sumado a las condiciones de pobreza y violencia en las que se encuentra inmerso el trabajo agrícola asalariado en el país, propició que, en el marco del Acuerdo de Paz del 2016, el Estado colombiano se comprometiera con su dignificación. La Reforma Rural Integral, incluida en el Acuerdo de Paz, contiene medidas claras, entre las que se encuentran la adjudicación de tierras, subsidios y acceso a créditos especiales. Sin embargo, los avances han sido limitados.
Aunque a partir de la firma del Acuerdo de Paz se han presentado algunos avances, el intento más consistente de formalización y mejora de las condiciones del trabajo agrícola asalariado fue su inclusión en el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Gustavo Petro en el año 2023. Este proyecto proponía medidas concretas: regulación del contrato agropecuario, formalización del jornal y garantía de vivienda digna para los asalariados y las asalariadas agrícolas. A pesar de su relevancia, tras los debates en la Cámara de Representantes, el 8 de octubre de 2024 los artículos que protegían directamente los derechos de estos trabajadores fueron eliminados. Más adelante, el 18 de marzo del presente año, toda la reforma sería archivada por la Comisión Séptima del Senado de la República.
Esta nueva frustración ha llevado al gobierno a convocar una consulta popular, una herramienta democrática para insistir en la necesidad de reformas estructurales que incluyan, entre otras cosas, la protección de los asalariados y las asalariadas agrícolas. En un país donde la explotación de la fuerza laboral ha sido la base de su inserción en los mercados agroalimentarios globales, garantizar derechos laborales dignos para quienes trabajan la tierra no solo es un imperativo de justicia social, sino también un paso fundamental hacia una paz verdadera y duradera.
En la consulta popular propuesta por el gobierno, el presidente ha convocado al pueblo para que se pronuncie acerca de aspectos importantes relacionados con la reforma laboral. Concretamente, la consulta se compone de doce preguntas, dos de ellas relacionadas directamente con la dignificación de las personas que trabajan en el campo. La pregunta número 8 de la consulta busca la aprobación de un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. Por su parte, la pregunta 12 pretende la construcción de un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas.
Así las cosas, la consulta popular no debe verse como un simple mecanismo político; representa una oportunidad histórica para que la sociedad colombiana decida si quiere seguir perpetuando la marginalidad rural o dar un salto hacia una nueva ruralidad basada en la dignidad, la equidad y el respeto por quienes alimentan al país. Ignorar esta oportunidad sería darle la espalda a una deuda histórica que no admite más aplazamientos.