Por: Jimmy Viera Rivera
En Colombia, a la gran crisis política e institucional, se suma la implosión del modelo neoliberal que se manifestó en abril de 2021. Crisis estructural prolongada que aún no termina.
Como respuesta al paquetazo neoliberal del gobierno Duque, la radicalización de amplios sectores sociales del país, en especial el juvenil, halló su primer vocero en los jóvenes desempleados de los barrios populares que hicieron estallar las costuras del modelo económico, no durante un día, ni dos, sino a lo largo de más de un mes, demostrando su potencia latente y el surgimiento de un nuevo protagonista social.
La conflictividad social se trasladó desde la esfera de la producción en el mundo de las fábricas, hasta el territorio barrial.
Los estallidos o revueltas fueron de diversa naturaleza social con participación masiva de una multiplicidad de sujetos como los jóvenes, mujeres, estudiantes, gente de tercera edad o desempleada. Por lo tanto, el Paro Nacional se convirtió en un levantamiento popular de larga duración y confrontaciones diarias con las fuerzas policiales y parapoliciales.
En Cali, el levantamiento fue producto del acelerado proceso de marginación y empobrecimiento de amplios sectores sociales, en general, y de la población negra, en particular, de la periferia de la ciudad.
El profesor Fernando Urrea describe algunos factores desencadenantes del levantamiento popular en Cali y su región metropolitana: “son la ciudad-región ampliada con gran diversidad étnica-racial con 28 municipios, 14 del norte del Cauca y 14 del sur del Valle, incluyendo a Buenaventura, el patrón de segregación racial residencial, el efecto particular de la pandemia”1.
Además, hay que agregar “el peso de situaciones locales como las migraciones provenientes del Pacífico, las pandillas, los jóvenes sin futuro (“ninis”), las malas administraciones municipales, la ausencia del Estado, etc.”2.
Todos los estudios sobre el 28 abril de 2021, coinciden en que la juventud sublevada tomó, no solo la palabra en las asambleas de barrio, sino también el control territorial, reafirmando una identidad comunitaria y cultural de clase, para abrir las puertas a la práctica de la democracia directa en la calle y, al desarrollo de comunidades autogestionadas y de defensa contra los ataques del terror de Estado.
Fueron creados espacios de gobernabilidad popular, asambleas, procesos de construcción de autoconvocatoria del poder colectivo, bibliotecas comunales y ollas comunitarias que paliaron el problema del hambre y la salud, pero ante todo, fue subvertido el tiempo de vida en los territorios.
La contundencia y duración del combate callejero, la flexibilidad de las acciones ejecutadas y la coordinación sin un eje central puso en evidencia el desarrollo de una nueva forma de inteligencia social con “neuronas” en cada punto de resistencia. Esta novedosa táctica de enjambre no tuvo un liderazgo centralizado, ni una estructura de mando sino, esa forma multicéfala, imposible de decapitar.
La represión y el terror general del Estado que dejó un saldo de crímenes en la impunidad, fue la respuesta por parte del gobierno Duque frente a la crisis social.
Bastó que los grandes medios de comunicación juzgaran de vándalos, para que los jueces condenaran de criminales, a los jóvenes rebeldes. La desobediencia social está criminalizada, más que la delincuencia que roba al país y se lucra de las ganancias mediante la corrupción. Esta, es causa de muertes por el robo en la salud, pensiones y los crímenes alimentarios, ambientales, educativos y laborales. La justicia clasista llora solo por el ojo derecho de los intereses privados rentísticos del gran capital financiero.
La juventud, golpeada a raíz de la crisis económica que dio lugar a la discriminación y exclusión y, sometida al desempleo y al hambre, además de estar marginada de los sectores productivos y de ser arrojada a un gueto territorial; no puede ejercer su derecho a la rebelión, ni sublevarse, y cientos de ellos y ellas continúan presos o presas en las cárceles.
Las causas de los acontecimientos del estallido social prolongado, continúan como tendencia y permanecen a través del tiempo. Por consiguiente, las reducciones presupuestales que el actual gobierno afronta, exacerban la crisis social general.
El bloqueo por parte del gran capital, sus voceros políticos y el poder judicial contra las reformas sociales del gobierno, demuestra la incapacidad del modelo económico neoliberal en cuanto a satisfacer las más elementales necesidades económicas, sociales y culturales, particularmente cuando avanza hacia su tercera fase de arrasamiento a los recursos naturales.
El FMI que impone y monitorea las recetas que exprimen a los argentinos, arrojándolos a las calles y paro general, también exige a Colombia, cobrar hasta el último peso de la gran deuda pública heredada del 60%, que no se ha reducido y no deja espacio para la ejecución completa del Plan de Desarrollo y que será detonante de nuevos acontecimientos sociales. El FMI es corresponsable de la catástrofe económica en América Latina.
Considerando que existe todavía un elevado potencial de radicalización de amplios sectores de la juventud, habrá consecuencias si el Estado y la sociedad no plantean claras invitaciones socializadoras en educación y empleo, deporte, etc. Posiblemente en cualquier momento, este polvorín social se traducirá en un estallido que dará lugar a un nuevo levantamiento popular o desembocará silenciosamente en la vinculación del ejército juvenil de reserva, a los circuitos de violencia, narcotráfico y conflicto armado como ha venido profundizándose en algunas partes del país, por ejemplo en la Costa Pacífica3.
La suma de las cifras de cobertura de los importantes programas del actual gobierno para la juventud, logra cubrir solo una pequeña franja de la población juvenil que requiere políticas universales.
El más reciente informe publicado por el DANE, sobre el mercado laboral en Colombia, demuestra que más de 2,6 millones de jóvenes que representan el 24,2 % del total de la población joven (entre 18 y 28 años de edad), son “ninis” (ni estudian, ni trabajan).
A esta inflamable situación de desempleo juvenil, se le lanza un fósforo cuando se le niega a 400.000 jóvenes practicantes del SENA, la recuperación del carácter laboral con respecto al contrato de aprendizaje con garantías dignas como el derecho a cesantías, primas y subsidio de transporte. Este atentado fue causado por parte de la derecha que hundió en la Comisión Séptima del Senado, al proyecto de ley de reforma laboral.
Tras cuatro años de haber ocurrido el levantamiento popular, persiste una gran deuda con las y los jóvenes de la Primera Línea que, a partir de su desobediencia, abrió las compuertas hacia un nuevo momento en el país, como es el gobierno progresista después de 200 años de historia de gobiernos manejados por las oligarquías.
Hoy, se impone el indulto para ellos y ellas, a pesar de que en la derecha y desde el legalismo autoritario, los miembros de la Primera Línea son considerados como simples delincuentes o terroristas. Sin embargo, las acciones constituyen formas auténticas de desobediencia civil y, por lo tanto, sus integrantes deberán ser acogidos mediante el indulto, en su calidad de sujetos sociales y políticos.
Honores a todas las y los jóvenes caídos o caídas y a todas las víctimas del levantamiento popular. Ni cárcel, ni olvido.
¡El agradecimiento es la memoria del corazón!
NOTAS:
1 Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali. Documentos especiales. Cidse Universidad del Valle. Pag 167.
2. Documentos especiales. Cidse Universidad del Valle.pag.15.
3. Buenaventura: Violencia estructural y lucha por dignidad - Desde Abajo
4. Martínez, Felipe: La rebelión caleña en el paro de abril de 2021 en Colombia. Nov. 2023.
5. La Palabra Univalle. Mayo 2021.
