Por Yessika Hoyos
La década de los noventa fue especialmente riesgosa para la defensa de los derechos humanos. La estigmatización, las amenazas y la violencia marcaron la vida de activistas y defensores, muchos de los cuales fueron asesinados, desaparecidos u obligados al exilio. La mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad, pero un patrón es claro: sus nombres aparecían en informes de inteligencia militar y policial, prueba de que su labor en favor de la justicia y la verdad era vista como una amenaza para el Estado. Integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) fueron algunos de los reseñados por la Policía y el Ejército por su defensa de los derechos humanos.
Una década después, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la agencia estatal de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), creó un grupo ilegal denominado G-3, que se dedicó a perseguir a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y sus familias, ocuparon un lugar central en estas labores ilegales. Fueron hostigados, señalados, perseguidos, amenazados y vigilados ilegalmente.
Hace un año, el 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la agresión sistemática sufrida por integrantes de Cajar desde los años noventa, en un contexto de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia. El Tribunal Interamericano, encontró responsable al Estado colombiano de violar los derechos a la vida, la integridad personal, la vida privada, la libertad de pensamiento y de expresión, al derecho a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, la honra, las garantías judiciales, la protección judicial, la libertad de asociación, de circulación y de residencia, la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho autónomo a defender los derechos humanos de los y las integrantes del Cajar y sus familiares.
El corazón de la decisión es justamente la inteligencia ilegal. El fallo destacó que dichas acciones fueron claves en la generación de riesgos para la vida e integridad de los y las integrantes de Cajar. Además, estableció que la vigilancia, la interceptación de comunicaciones y la recolección de datos personales pueden vulnerar el derecho a la privacidad si no cuentan con autorización judicial previa. También determinó que las actividades de inteligencia deben tener restricciones especiales para proteger las fuentes de periodistas y el secreto profesional de los abogados frente a sus clientes.
Transcurrido más de un año desde el fallo, el Estado solo ha cumplido con dos de las dieciséis medidas que la Corte ordenó: el pago de compensaciones económicas y las publicaciones del resumen concertado de la sentencia en un periódico de circulación nacional, el Diario Oficial y en algunas las páginas web de las instituciones.
Están pendientes de cumplimiento concertado con las víctimas: la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad; una campaña informativa a nivel nacional respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos; implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre violencia contra las personas defensoras; adecuar la Ley de inteligencia y contrainteligencia y los manuales militares en la materia a los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual es novedoso en su jurisprudencia; investigar las más de 100 agresiones contra las víctimas y depurar los archivos de inteligencia.
Algunas de estas medidas requieren la expedición de leyes por parte del Congreso de la República, por ejemplo, la designación del día nacional de las personas defensoras y el fondo de protección de defensoras y defensores. En esa dirección, la congresista Jahel Quiroga, en noviembre de 2024, presentó un proyecto de ley concertado con las plataformas de derechos humanos que crea un Estatuto para las Personas Defensoras, el cual no ha tenido ningún debate, a pesar de que la comunidad defensora de derechos humanos ha insistido ante el Gobierno para su impulso en el legislativo.
Por su parte, el ajuste ordenado al Sector de Inteligencia, requiere la participación tanto del Gobierno como del Congreso. Con la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, el Cajar ha sostenido un diálogo fluido, logrando avances significativos en la identificación de las modificaciones que se requieren para cumplir con los estándares internacionales. No ha pasado lo mismo con el Ministerio de Defensa a quien le ha faltado una posición clara frente a esta importante garantía de no repetición.
El año pasado, el senador Ariel Ávila presentó un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en los aspectos ordenados por la Corte, pero no tuvo impulso suficiente y se hundió en el Congreso de la República. La propuesta incluía acciones para mejorar el escrutinio de las labores de inteligencia estatal y crear un procedimiento para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de que toda persona pueda acceder a la información de inteligencia que el Estado tenga sobre ella, así como solicitar su corrección, enmienda o destrucción.
En cuanto a la depuración de los archivos del DAS, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió el auto OPV 182 de 2023 que permite el acceso al antiguo archivo de inteligencia y contrainteligencia con orden judicial. Pero esta acción es insuficiente sin una clasificación de las más de 60.000 unidades de información que contiene, para garantizar un genuino acceso a la verdad, no solo para el Cajar, sino para los numerosos crímenes cometidos por la agencia de inteligencia desde su creación a mediados del siglo XX.
Aunque la sentencia es un reconocimiento único y sin precedentes para quienes defendemos derechos humanos y una guía para brindar garantías a nuestra labor, el déficit de cumplimiento es alto. Pero no solo frente a esta decisión, sino a los 30 fallos del tribunal interamericano, de los cuales, el Estado solo ha cumplido uno. Esperamos que en los meses que quedan de este gobierno, el Estado demuestre su coherencia con los compromisos internacionales adquiridos y avance seriamente en la satisfacción de los derechos de las víctimas.
