Por: Carolina Jiménez Martín
La rebelión social y popular de abril de 2021 en Colombia exhibió la conjunción de dinámicas destituyentes y constituyentes que expresaban, por un lado, un rechazo al orden social vigente, y por el otro, procesos de producción de poder social desde abajo capaces de anidar prácticas y sistemas de relaciones de carácter contrahegemónico.
Justamente, el triunfo electoral de la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez en el 2022 se explicó, en buena medida, por ese despliegue de rebeldía que lo antecedió. De ahí que en ese momento ya surgía una serie de interrogantes acerca de la relación entre un proyecto político alternativo que alcanzó la presidencia y las luchas populares que ponían en cuestión el orden social vigente.
Transcurrido un poco más de 1.5 años del gobierno progresista de Gustavo Petro se han podido advertir las dificultades encaradas, las cuales provienen tanto de las reacciones sistémicas de las clases dominantes, como de las entrañas mismas del gobierno.
En efecto, y como el mismo presidente lo advirtió: “El poder todavía lo tienen otros”. Y esos poderes de facto, pese al adelgazamiento de su capacidad hegemónica, han operado, combinando múltiples formas del ejercicio del dominio, como un factor inmovilizador y de defensa del orden social vigente.
Si bien el presidente ha situado debates fundamentales de crítica al régimen imperante: capitalismo mafioso, fracaso de la lucha contra las drogas, mercantilización de los derechos consagrados en la Carta del 91, explotación del mundo del trabajo, hiperconcentración de la tierra, crisis climática y la carbonización de la economía. Estos no han logrado aupar el conjunto de transformaciones requeridas.
Las diferentes expresiones del movimiento social y popular se sitúan en este escenario en algunos casos expectantes, en otros inmovilizados por ciertas dinámicas de cooptación institucional y en el mejor de los casos, en una suerte de alistamiento latente para el despliegue movilizador que reclama la coyuntura actual.
El presidente Gustavo Petro parece tener una clara comprensión de lo que está ocurriendo. De ahí que, en aquel lugar emblemático de la resistencia de 2021, en Puerto Resistencia (Cali), anunció el pasado 15 de marzo la necesidad de abrir un proceso constituyente que permitiera transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz; y en consecuencia materializar un conjunto de reformas favorables al mundo popular.
El anuncio de lo constituyente ha despertado múltiples inquietudes, incluso provenientes de sectores que hacen parte de las fuerzas de izquierda. Las fuerzas de derecha, en voz de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, han señalado que el problema no es la Carta del 91 sino la “falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el Estado gigante, la corrupción y el odio a la participación privada”. Para sectores de las entrañas del Santismo, en la vocería de Humberto de la Calle, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es el eje populista de la campaña electoral de Petro. Y finalmente, algunas fuerzas sociales y políticas del progresismo han alertado sobre la posibilidad de perder algunos derechos ganados en la Carta del 91 si no se logra una correlación de fuerzas favorables a la propuesta del gobierno del cambio.
Para las diferentes fracciones de la clase dominante, incluso pese en la fractura interna que sufrió el bloque en el poder entre el santismo y el uribismo, resulta claro que una apelación al constituyente primario abre y activa un acumulado de energías rebeldes que mostraron su fuerza destituyente/instituyente el pasado 2021. De ahí su temor y reticencia a que se curse este camino y las posibilidades de recomponer los puentes entre ellas.
Para los sectores más tímidos, por no decir reformistas, del progresismo, su evasión a apoyar un proceso constituyente parecería indicar una suerte de comodidad con el gatopardismo en curso, posición política inexplicable ante la imposibilidad de facto de impulsar una agenda del cambio.
El curso de este año y medio de gobierno indica que bajo la estrategia imperante se asiste a la pérdida de una oportunidad histórica. Avanzar en un horizonte constituyente puede abrir y habilitar condiciones importantes para impulsar las transformaciones que demanda la sociedad colombiana.
De ahí el carácter estratégico de este llamamiento hacia la conformación de las asambleas populares, los comités de coordinadoras populares, en síntesis, la construcción del poder popular desde abajo. Los desafíos y riesgos son múltiples, no hay que subestimarlos, pero estos no pueden configurarse en factores inmovilizadores de la acción y movilización popular. La crisis civilizatoria reclama una movilización del pensamiento sobre el horizonte de visibilidad que queremos y requerimos cursar.
