Por: Elmer José Montaña
Bajo la sombra de las palmas que adornan el parque Caycedo, Alejandro Eder pronunció su discurso de posesión como alcalde de Cali y, con voz firme, señaló que la herencia recibida era peor de lo que se imaginaba. Aunque no le correspondía señalar responsables, advirtió que "cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad ante las autoridades competentes". Anunció además la publicación de un "libro blanco", que revelaría presuntas falencias en la operación, adjudicación, supervisión y ejecución de ciertos contratos o proyectos, que habrían propiciado una posible ineficiencia administrativa presupuestal. Eder subrayó que lo encontrado en la administración de Jorge Iván Ospina "es el reflejo de lo que no debe repetirse y tiene el valor de una memoria que nos reta a mejorar".
Han pasado nueve meses desde esa mañana soleada de enero, y se han presentado varias denuncias ante la Fiscalía y los órganos de control por presuntas irregularidades en la celebración de contratos en la administración municipal.
Control Ciudadano Colombia, un colectivo que realiza veeduría a la contratación pública, denunció formalmente la celebración de algunos contratos interadministrativos sin el cumplimiento de los requisitos legales, como un contrato por más de 7.500 millones de pesos con el canal bogotano Teveandina, destinado a gestionar la logística en los actos públicos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali. Otro contrato, por más de 400 millones de pesos, fue suscrito entre el DAGMA y una corporación especializada en investigación marina y submarina, construcción de pozos petroleros y otras actividades científicas, cuyo objeto era suministrar a la alcaldía papas rellenas, empanadas, tarimas, equipos de sonido, pasajes aéreos y servicios de hotelería.
Ver denuncia penal caso DAGMA y CORPONADECOL
Ambos casos representan típicos ejemplos del delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, ya que los servicios contratados no corresponden a las actividades ordinarias de los contratistas. Para cumplir con las obligaciones, los contratistas deberán subcontratar, lo que constituye una violación a las normas que regulan la materia y un delito según el Código Penal. Jorge Iván Ospina enfrentó denuncias penales y disciplinarias por prácticas similares, además del escarnio público.
El asunto actual evidencia que Eder está replicando las mismas prácticas de su antecesor, y el famoso "Libro Blanco" terminó siendo el modelo que actualmente sigue la administración municipal. Se ha detectado la utilización de dineros públicos para pagar favores políticos. Esto se refleja en la contratación de varios asesores de despacho que, durante la campaña, fueron contendores políticos de Eder, cada uno de los cuales recibe un salario mensual promedio de 15 millones de pesos.
El apoyo más costoso para los caleños hasta ahora ha sido la adhesión a la candidatura de Eder por parte de Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Iván Duque. Ruiz se inscribió como candidato a la Alcaldía de Cali por firmas, pero en la recta final de la campaña anunció su renuncia para sumarse a la campaña de Eder. En una rueda de prensa, Ruiz declaró que su alianza con Eder estaba motivada por "el amor por Cali", aunque, en realidad, se trató de un acuerdo que implicaba un pago con dineros públicos.
Este pago se materializó en un contrato de prestación de servicios por 645 millones de pesos, para que Ruiz representara legalmente al municipio en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, un caso iniciado por las empresas de transporte masivo GIT Masivo y Blanco y Negro Masivo contra el Distrito de Santiago de Cali. El contrato, firmado el 2 de mayo de 2024, estipula una remuneración de 80 millones 625 mil pesos mensuales, equivalente a más de 2 millones 687 mil pesos diarios de honorarios.
Según los registros judiciales, Ruiz inició su actuación en el proceso el 6 de mayo de 2024, solicitando la contestación de la demanda. Sin embargo, el 15 de mayo el proceso fue enviado al Consejo de Estado para resolver una apelación, mientras las partes demandantes solicitaron la suspensión del proceso para intentar resolver el litigio mediante un tribunal de arbitramento. Esto indica que Ruiz recibirá sus honorarios mientras espera a que el caso se resuelva en otra instancia.
No se cuestiona la capacidad profesional de Wilson Ruiz Orejuela, pero queda claro que el contrato firmado con la Alcaldía de Cali es, en esencia, un pago por su apoyo en campaña. El alcalde Alejandro Eder, empresario multimillonario, podría haber financiado estas alianzas políticas con su propio patrimonio, pero en su lugar utilizó dineros públicos, lo que constituye corrupción, ya que los recursos públicos son sagrados.
Además, la revisión del SECOP II, plataforma oficial para la publicación de documentos contractuales, reveló que el contrato no ha sido subido ni se han publicado los documentos correspondientes. Esta omisión, que debía haberse subsanado dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, es inusual y sugiere que algo irregular está siendo ocultado por la administración municipal.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6064072&isFromPublicArea=True&lsModal=False
Esta falta de transparencia exige la intervención inmediata de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación, que ya han sido informados. Cuando Eder asumió el cargo, prometió abrir todos los archivos de la alcaldía y asegurar que quienes hubieran robado a Cali pagarían por sus delitos. Es hora de cumplir con esa promesa.
Algunas referencias
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion [RADICADO: 76001233300020230056800]
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/180182/discurso-de-posesion-del-alcalde-alejandro-eder/
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/wilson-ruiz-se-unio-a-la-candidatura-de-alejandro-eder-815106