Por: Elmer Montaña
Una de las estrategias adoptadas por las estructuras mafiosas de la corrupción que operan en las diferentes entidades del Estado, es guardar silencio frente a las denuncias públicas que realiza la ciudadanía. Para ello suelen contar con la complicidad de los grandes medios de comunicación que, dependiendo de los específicos intereses que tengan, silencian las denuncias y promueven una imagen intachable de los denunciados.
Durante la pasada campaña a la Presidencia de la República, por ejemplo, los medios de comunicación opuestos a la candidatura de Gustavo Petro, no tuvieron recato en mostrar al ingeniero Rodolfo Hernández como un abanderado de la lucha contra la corrupción, un empresario honesto y trabajador, un viejo bonachón e irreverente que le daba garrote a los corruptos, pese al conocimiento que tenían sobre el juicio que en ese momento enfrentaba su candidato, precisamente por un caso de corrupción, por el cual meses después de la campaña fue condenado a prisión por un juez de la República.
Los empresarios, como Alejandro Eder, abrazaron la candidatura de Hernández, porque preferían un corrupto en el poder que un presidente progresista con las manos limpias, sin ningún proceso abierto en su contra por ese tipo de conductas.
Cuando Eder promovió abiertamente la candidatura de Hernández, pensamos que actuaba por simple afinidad ideológica, pero ahora, tenemos razones de sobra para pensar que el actual alcalde de Cali está siguiendo los mismos pasos de Hernández.
No vamos a hacer una comparación detallada entre estos dos políticos de derecha, solo nos detendremos en ciertas similitudes como funcionarios públicos, que son preocupantes.
En ambos personajes se destaca, en primer lugar, el absoluto desconocimiento del funcionamiento del Estado y una vanidad que raya en la bobería. Hernández creía que los procesos de contratación pública eran una simple fachada, mientras que Eder los considera como un obstáculo para su gestión, por eso es que casi el 80% de la contratación de la alcaldía la ha realizado en forma directa, sin convocatorias públicas, es decir, a dedo.
Hernández ordenó a sus subalternos infringir la ley, convencido que su rol como alcalde le permitía esa licencia. Cuando una de sus Secretarías le insistió que debía respetar la ley, le gritó que con la ley “se limpiaba el culo”. Eder no ha dicho semejante improperio, porque, hay que decirlo, es un hombre de buenas maneras, pero en la práctica viene demostrando que la ley le sirve para lo mismo.
Sin contar con el permiso del Concejo Distrital de Cali, Eder se atribuyó la facultad de renegociar la deuda con los bancos y después cometió la torpeza de firmar los convenios y contratos derivados de dicho acuerdo. Como era de esperar la negociación se vino al suelo al igual que todos los compromisos firmados por la alcaldía sobre ese particular.
Casi al mismo tiempo se autofacultó para modificar el presupuesto de la ciudad, usurpando de nuevo la función del concejo y expidió los decretos respectivos. La Gobernación los demandó y pocos meses después la justicia contenciosa administrativa tumbó todos los decretos fruto de esa torcida decisión, indicando claramente que el alcalde había incurrido en una usurpación de funciones públicas, lo cual constituye un delito a la luz del artículo 425 del Código Penal. Sin embargo, la Fiscalía y los órganos de control miraron para otro lado. La ventaja de tener un buen apellido, porque si el hecho lo hubiese cometido un alcalde sin alcurnia ni abolengo le habrían abierto investigación penal el mismo día en que la justicia profirió el fallo.
Siguiendo la misma ruta del desaparecido candidato a la Presidencia, cuando era alcalde de Bucaramanga, Eder viene disponiendo de la contratación de la Alcaldía como si se tratara de una de sus empresas. Contrató firmas bogotanas para defender los intereses jurídicos de la alcaldía de Cali, ordenó a su consentido secretario, Andrés Stapper, que firmara un contrato interadministrativo con TEVEANDINA por 7.200 millones de pesos, para que ese pequeño canal de televisión suministrara pandebonos, luladas, fritanga vallecaucana y atendiera la logística de eventos sin programar de la Secretaría de Gobierno.
TEVEANDINA es un “contratadero”, cuyos directivos tuvieron la malicia de incluir en su objeto social todo tipo de actividades, para de esa manera quedar autorizados para suscribir contratos directos con entidades del Estado y después subcontratar los servicios con terceros. Esta fue la modalidad que usó durante mucho tiempo IMPRETICS, la famosa imprenta del Valle del Cauca, hasta que pusimos al descubierto su modus operandi y denunciamos el asunto ante la Fiscalía. Gracias a esas denuncias se le imputaron cargos al gerente de esa entidad, por varios delitos de corrupción al igual que a Jorge Iván Ospina, a la sazón alcalde de Cali y al entonces secretario de seguridad de la Alcaldía.
Hernández se creía el dueño de la Alcaldía de Bucaramanga, por eso le importaban un bledo las denuncias de la ciudadanía. Eder en 2020, se oponía a esa práctica y dejó sentado en un tuit que “lo más triste de la politiquería es que hacen trampas, luego aguantan a que pase la rabia pública y siguen como si nada”; pero, ahora como alcalde, no responde las denuncias en su contra y se queda aguantando a que pase la rabia pública, para seguir en las mismas.
Hace un par de meses denunciamos ante la fiscalía al director del DAGMA por otro contrato torcido entregado a dedo a CORPONADECOL, una corporación con domicilio en Bogotá, para que, al igual que TEVEANDINA suministre papas rellenas, pandebonos, aborrajados, papas chorreadas, etc., a la Alcaldía de Cali. El problema no es que Eder y sus secretarios consideren que en Bogotá elaboren la mejor fritanga vallecaucana, sino que nuevamente el contratista no tiene dentro de sus actividades las artes culinarias vernáculas. CORPONADECOL se dedica a la exploración marina y submarina, la construcción de pozos petroleros, la física cuántica y otros asuntos que superan con creces las actividades de la NASA.
Hernández no dudó en premiar con jugosos contratos y puestos a sus aliados políticos, cosa que Eder hace con absoluto descaro. El mismo día de su posesión nombró como asesoras de despacho, con un sueldo de 15 millones de pesos mensuales a sus rivales durante la campaña a la Alcaldía, Juanita Cataño y Darscham Ocampo. Estas damas, otrora furibundas denunciantes de la corrupción, ahora fungen como escuderas del alcalde “más honesto, inteligente y capaz que hemos tenido en la ciudad”.
Pero el más afortunado de sus contrincantes fue Wilson Ruiz Orejuela, ex ministro de Justicia de Iván Duque, quien por haber retirado su candidatura a la alcaldía y ponerse al servicio de la campaña de Eder, recibió en pago un contrato (a dedo) de la Alcaldía de Cali, por 646 millones de pesos, para que atendiera, entre mayo y diciembre de 2024, un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, que antes de la firma del contrato había sido apelado ante el Consejo de Estado, donde se encuentra actualmente. En consecuencia, el contratista recibirá más de 80 millones de pesos mensuales de honorarios por sentarse a esperar que el asunto sea decidido en segunda instancia. Tan bueno así, diría mi tía Inés.
Cuando iniciamos la investigación sobre este asunto nos encontramos con la sorpresa de que la Alcaldía no ha publicado los documentos que aportó el contratista ni el contrato mismo. Presentamos un derecho de petición al alcalde y como suele hacer, nos respondió a medias, sin aportar los documentos exigidos.
Publicamos el caso en esta revista y lo difundimos ampliamente en las redes sociales, pero aún así se ha negado a responder y dar explicaciones.
No lo hace porque los empresarios de la alta oligarquía caleña, solo rinden cuentas a los socios del Club Colombia y Eder no es la excepción.
Eder está siguiendo los pasos de Hernández, al pie de la letra, tanto es así que no oculta sus aspiraciones presidenciales. Lo que no puede pasar por alto es que Hernández usó la ley como papel higiénico hasta que fue llevado a juicio y condenado a cárcel, de la que se libró porque el cáncer le puso fin a sus días.
Cuando convergen en un servidor público la ignorancia sobre los asuntos públicos, el desprecio por la ley y la vanidad, el único resultado por venir es la tragedia. Téngalo presente, señor alcalde.
ADENDA. Al cierre de esta columna el juez 8 civil del circuito de Cali, falló una tutela a nuestro favor ordenándole al alcalde que nos suministre información sobre la política pública de infancia y adolescencia que se negaron a entregarnos en respuesta a un derecho de petición. Lo mismo tendremos que hacer para que nos hagan entrega del contrato con Wilson Ruiz.
