Por: Elmer Montaña
El debate de control político que adelantaron las concejalas María del Carmen Londoño y Ana Erazo del Pacto Histórico, a varias secretarías de la Alcaldía de Cali, sobre la exoneración y devolución de $2.242 millones de pesos del impuesto predial al fastuoso Club Campestre de Cali, evidenció que el alcalde Alejandro Eder, está rodeado de una tropa de funcionarios inexpertos, incompetentes y mañosos y que en el Concejo de Cali tienen asiento personajes que consideran que los ciudadanos perdieron la vocería cuando los eligieron concejales y que pueden decidir lo que les venga en gana exentos del control social.
Sin mayores dificultades, con las normas, documentos y mapas en mano, la concejala María del Carmen demostró que en 2014 el Concejo de Cali, declaró Bienes de Interés Cultural de la Ciudad (BIC) 2 edificios, el hotel, el salón de belleza y la zona húmeda del Club Campestre; que la zona declarada BIC, tiene un área de 5108 mts2 y que esta hace parte de un predio del Club con un área de 466 mil mts2, es decir, que la zona BIC es en proporción el 1.1% del área total de este.
También acreditó que las normas vigentes permiten que se exonere a los propietarios de los BIC, hasta del 100% del impuesto predial, para compensar las restricciones de explotación económica y los gastos que implican la conservación de dichos bienes; sin embargo, en el caso del Club Campestre de Cali, los bienes declarados BIC son explotados económicamente, sin restricciones derivadas de su mantenimiento, razón por la cual no tendría derecho a dicha exoneración. Además demostró que el Club impide el goce de los bienes BIC a la comunidad, en contravía de lo dispuesto por la misma Alcaldía, que recomendó tumbar los muros que los ocultan y dejarlos expuestos para “el disfrute” de ciudadanía.
Pero lo más importante es que probó que el Club no cumplió con la recomendación de la Alcaldía de desenglobar los bienes declarados BIC (5108mts2), para poder reclamar la exoneración del impuesto predial y en cambio se aprovechó de la situación para lograr la exoneración y devolución de dicho impuesto ($2.249 millones) respecto a todo el predio del Club (466 mil mts2), donde se encuentra una gran cantidad de salones, centros de convenciones, canchas de golf, etc, que son explotadas económicamente, gracias a lo cual este inmenso ateneo caleño obtuvo ingresos en 2023 de 64 mil millones de pesos. De paso, hay que señalar que quien quiera ser socio del club debe pagar 300 millones de pesos y una cuota mensual de $2.500.000.
Por su parte, la concejala Ana Erazo, demostró que en solo 3 días, la Alcaldía tramitó favorablemente la solicitud presentada por el Club para la exoneración y devolución del impuesto predial y que 10 días después consignó al club $2.242 millones de pesos, correspondientes a las sumas que no le habían sido devueltas por el anterior alcalde, Jorge Iván Ospina (quien solo había autorizado la exoneración del 50%), referidas a los años 2020,2021, 2022, 2023 y 2024.
Las concejalas dejaron en evidencia que el Club Campestre de Cali, se aprovechó de la falta de una reglamentación clara sobre el procedimiento que debe adelantarse en estos casos para ordenar la exención del 100% del impuesto predial y maliciosamente logró que la Alcaldía le devolviera $2.242 millones. Esta maroma ha causado irritación en la ciudadanía caleña, afectada por un incremento exagerado e impagable del impuesto predial.
Los funcionarios de la Alcaldía respondieron estos hechos con un rosario de imprecisiones, verdades a medias y mentiras que generan indignación.
Respecto a la exención, el director de planeación sostuvo que las normas vigentes permiten que la totalidad del predio se beneficie con la exoneración del impuesto predial. La concejala María Del Carmen, insistió al funcionario que citara las normas legales, pero una y otra vez se salió por la tangente y no mencionó ninguna norma por la sencilla razón de que no existe.
En el mismo sentido, la Secretaria de Cultura afirmó que la ley prohibía que las edificaciones declaradas BIC fueran desenglobadas del predio total del Club, y por lo tanto, resultaba imposible devolver el impuesto de manera proporcional al tamaño del predio objeto de la declaración. Por supuesto que tampoco indicó cuál era la supuesta ley, porque no existe.
El director de Hacienda tuvo que enfrentar a la concejala Erazo, quien exhibió documentos que muestran que el Club Campestre de Cali, presentó la solicitud con todos los documentos de manera extemporánea y la Alcaldía, no solo la recibió sino que en el término de 3 días produjo la resolución respectiva, exonerando al Club del pago del impuesto y ordenando que le devolvieran los dineros que había cancelado por ese concepto en los años 2020, 2021, 2022 y 2024. (En febrero de 2024, habían exonerado al Club del impuesto del año 2023, que por cierto no pagó ese año)
Pero lo más sorprendente es que lo funcionarios coincidieron en afirmar que la declaratoria de Bien de Interés Cultural abarca a todo el Club Campestre: canchas de golf, tenis, squash, hockey, casetas, caballerizas, salones de baile, restaurantes, etc., desconociendo olímpicamente que el acuerdo 0373 de 2014, definió de manera clara que los bienes BIC son dos edificaciones, el hotel, el salón de belleza y la zona húmeda. (No dejo de preguntarme qué habrá pasado en esa zona húmeda, qué secretos guardará para la historia de Cali, que mereció ser declarada Bien de Interés Cultural de la ciudad)
Sin ningún respeto por la verdad e incurriendo en mentiras fácilmente comprobables, los jóvenes emisarios del alcalde respondieron los cuestionarios de las concejalas convencidos de que debían ganar el debate a como diera lugar.
Cabe preguntarnos si las mentiras son cosecha de estos servidores públicos de la Alcaldía o estaban siendo voceros de una estrategia engañosa urdida con el conocimiento del alcalde. Cualquiera de las dos posibilidades es grave. Si el alcalde no tiene nada que ver en esta comedia de engaños debe consultar el asunto con expertos y sacar del gobierno a los trapisondistas. Si sabía, quiere decir que estamos en manos de un alcalde tramposo y saqueador de los recursos públicos.
Al término del debate, el concejal Roberto Ortiz quedó convencido de que la administración había actuado conforme a la ley y pidió al Club Campestre de Cali, que en un acto de generosidad con la ciudad devolviera esos dineros. Ortiz se inclinó por la versión oficial, muy seguramente de buena fe, pero sería conveniente que ahondara en el asunto por su propia cuenta para que tenga claridad. Si lo hace, estoy seguro que acompañará la propuesta de las concejalas Erazo y Londoño, así como del concejal Rodrigo Salazar, en el sentido de exigir a la Alcaldía que lleve a cabo las acciones legales para obtener el reintegro de los $2.249 millones, birlados por el Club.
Durante el debate, varios concejales pidieron que me concedieran el uso de la palabra para dar a conocer el resultado de una rigurosa investigación que hicimos sobre este asunto y que, dicho sea de paso, fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El presidente del Concejo, Edinson Lucumí, sometió la proposición a consideración de la plenaria y con una votación de 9 votos en contra y 8 a favor me negaron el uso de la palabra. El mismo Lucumí votó en contra con enorme regocijo, al igual que el concejal Andrés Escobar, del Centro Democrático, quien seguramente debe sentir algún malestar en mi contra por haberlo denunciado ante la Fiscalía por el aleve y cobarde ataque armado que perpetró con otros sujetos en contra de manifestantes inermes durante el Paro Nacional, gracias a lo cual fue recientemente acusado por varios delitos ante un juez penal del circuito.
La codicia de los directivos del Club Campestre de Cali, especialmente del señor Alberto Habad, quien firmó la solicitud de devolución de los dineros, aprovechando su calidad de amigo del alcalde a quien apoyó en la campaña electoral, siendo después nombrado jefe de movilidad de la ciudad, puso a este exclusivo paraiso de la oligarquía caleña en el ojo del huracán y permitió que saliera a la luz otro hecho de mayor gravedad: el Club, tiene invadidos desde hace décadas, terrenos del municipio con una extensión de 1 millón 26 mil mts2, un área igual al Parque Simón Bolívar de Bogotá.
Lo grave del asunto es que ningún alcalde ha querido iniciar las acciones legales para recuperar esos predios, sin embargo, hoy muchos caleños estamos dispuestos a dar la pelea para que cese esta invasión de cuello blanco.
El caso del Club Campestre de Cali, demuestra que en la ciudad hay una marcada diferencia entre los privilegios que el Gobierno local le concede a los ricos y poderosos y las migajas que les entrega a los sectores más vulnerables. Que la fractura social entre ricos y pobres no es fruto del discurso de lucha de clases de unos cuantos mamertos resentidos sino una realidad palpable y que salta a la vista que los oligarcas caleños usan la ley a su amaño para no pagar impuestos, mientras que el resto de la ciudadanía trabaja a lomo partido para cumplir con las onerosas obligaciones tributarias.
La rancia oligarquía caleña, que otrora posaba de altruista, correcta y tolerante se ha ido convirtiendo en una secta virulenta, egoísta, codiciosa y desvergonzada. Durante el Paro Nacional se fueron lanza en ristre contra los manifestantes y aplaudieron las brutales acciones policiales que dejaron decenas de muertos y heridos. Tampoco dudaron en apoyar a los grupos paramilitares conformados para atacar a la Minga Indigena. Imposible olvidar hechos tan dolorosos y recientes.
Eder propone reconciliar la ciudad, mientras abruma con privilegios a sus pares y familiares y entrega contratos torcidos a quienes lo apoyaron en la campaña. Su propuesta encierra una falacia, porque el objetivo es que guardemos riguroso y obediente silencio y aceptemos con sincera humillación la fortuna de tenerlo como alcalde.
Reconciliar la ciudad supone que los ricos dejen de actuar como malhechores y cumplan con la ley, que paguen sus impuestos, que respeten la libertades de pensamiento y opinión en lugar de satanizar y despreciar a quienes piensan y opinan diferente, mediante hordas de sicarios morales que usan las redes sociales para intimidar y desprestigiar a quienes se atreven a realizar veedurías, denunciar la corrupción y ejercer control social.
Las marchas de odio que la oligarquía promueve en contra de la izquierda y el progresismo, el triunfalismo desafiante que manifiestan por las pingües victorias de la extrema derecha son dardos que intoxican a la ciudadanía con el veneno del rencor. Por ese camino el próximo estallido social no será en contra del gobierno de turno sino contra los ricos y oligarcas. Si eso llegase a ocurrir se abriría paso la oscuridad.
ADENDA. El alcalde insiste en decir que está cumpliendo con normas anteriores de hace 20 años, que no puede hacer nada para recuperar los dineros entregados al club porque son derechos adquiridos y que en 2023 se aprobó exonerar los bienes de interés cultural por 10 años más. Lo primero es falso, la exoneración del 100% es obra de su administración, lo segundo también porque el delito no es fuente de derecho y en este caso se cometieron delitos y tercero la exoneración aprobada fue del 50% no del 100% y no se refirió al caso del Club sino respecto a todos los bienes BIC de la ciudad.
