Por: Elmer Montaña
Control Ciudadano Colombia, colectivo del cual soy vocero, obtuvo mediante un derecho de petición, la relación de los contratos suscritos por la alcaldía de Cali, en el marco de la COP16. Tan pronto inició su estudio encontró serias irregularidades que serán expuestas en esta columna paulatinamente.
Por ahora, nos detendremos en uno de los primeros contratos que sirve de ejemplo para alertar sobre lo que está pasando en la alcaldía de Cali con los recursos públicos.
Según información oficial, con ocasión de la COP16, la alcaldía de Cali celebró 111 contratos por un monto de 30 mil millones de pesos. De estos, 93 contratos, por valor de 26 mil millones de pesos, se llevaron a cabo de manera directa, es decir, a dedo (Alejandro Eder criticó duramente a su antecesor Jorge Ivan Ospina, por realizar contratación a dedo, pues la consideraba falta de transparencia y publicó un libro blanco donde consignó esta práctica como irregular).
Que el 84.5% de la contratación relacionada con la COP16 haya sido directa, genera el interrogante de si hubo irregularidades y quiénes fueron los afortunados beneficiarios de estos contratos. Las preguntas resultan necesarias porque la regla de la experiencia enseña que esta forma de contratación está siendo usada de manera indiscriminada en nuestro país para saquear los recursos públicos y favorecer a las mafias de contratistas enquistadas en el estado.
Volviendo al listado, encontramos un contrato de arrendamiento por 159 millones de pesos entre la inmobiliaria JM INMOBILIARIA S.A.S y la alcaldía de Cali, respecto a un inmueble localizado en la Avenida 2 A No.13 A-Oeste-35, del barrio Santa Teresita de Cali, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, o sea, 53 millones de pesos mensuales de arriendo.
Antes de escribir esta columna nos trasladamos a la dirección anteriormente mencionada y pudimos observar que se trata de una casa de dos plantas, situada en una esquina, en cuya parte externa hay un aviso con el logotipo del DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión Ambiental de la alcaldía de Cali) .
Casa por la que la alcaldía de Cali paga $53 millones mensuales en arriendo cada mes
La funcionaria que nos atendió manifestó que la casa tiene dos sitios para reuniones con capacidad para 10 y 20 personas. Una sala amplia de recibo y un pequeño espacio para grupos de trabajo. Una segunda planta con una enorme terraza. Esto significa que la alcaldía pagó 53 millones mensuales de arriendo por un pequeño espacio en una zona exclusiva, para realizar reuniones con pocas personas teniendo a disposición salones amplios y confortables en diversos edificios públicos de la ciudad, como, por ejemplo, el edificio Coltabaco, recientemente remodelado y el Centro Cultural de Cali.
La descripción que la funcionaria hizo de la sede, contrasta con las especificaciones del inmueble contenidas en la invitación que la alcaldía de Cali envió a JM INMOBILIARIA S.A.S para que presentara la propuesta, en la que claramente se dice que las instalaciones deben contar como mínimo con cinco espacios para adecuar oficinas, un espacio para adecuar sala de juntas y espacios multiusos para adecuar salas de reuniones y salas de capacitaciones, que puedan albergar entre 10 y 80 personas, mientras que la casa cuenta solo con dos pequeños donde solo caben 10 y 20 personas respectivamente.
Para evitar que esta discrepancia fuera detectada, el contrato se limita a describir el lote por su tamaño y linderos, pero no hace mención a la distribución interna de la residencia.
Pero, lo peor viene enseguida.
Detrimento patrimonial
Verificamos el valor del alquiler de inmuebles en el sector donde está ubicada la casa y encontramos una residencia de similar tamaño ofrecida en alquiler por 6 millones de pesos mensuales. También consultamos el portal FINCARAIZ y verificamos que el arriendo en este sector oscila entre los 3.5 millones y los 7 millones de pesos. Como sea, no existe ningún sitio en Cali donde el arriendo de una casa cueste 53 millones de pesos mensuales. A todas luces estamos frente a un escandaloso sobrecosto pagado con dinero de los caleños.
Pero eso no es todo, hay algo peor. Como encadenando una espiral de malas prácticas, resulta que el contrato fue firmado por el director del DAGMA, Mauricio Mira Pontón, quien al mismo tiempo es miembro de la junta directiva de la Fundación Zoológico de Cali, propietaria del inmueble. De acuerdo con la ley esto configura una inhabilidad para el funcionario de la que se deriva la nulidad del contrato, además de las responsabilidades de carácter legal.
Un poco de derecho para entender las implicancias del asunto:
La Corte Constitucional (2021) ha dicho que con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se pretende i) el cumplimiento de la capacidad jurídica para contratar, ii) materializar los principios de la función administrativa, iii) garantizar la selección objetiva de los contratistas y iv) asegurar la celebración y ejecución del objeto contractual. Además, esas faltas pretenden persuadir al servidor público a que cumpla los principios que rigen la contratación estatal y su deber funcional. Podríamos agregar que el sistema busca darle claridad, transparencia y seguridad jurídica a la contratación estatal.
Es importante saber que de acuerdo con la Corte Constitucional “las incompatibilidades comportan una prohibición al titular de una función pública, que le impiden ocuparse de determinadas actividades que pueden verse afectadas por una indebida acumulación de funciones o la influencia de intereses particulares que pueden ver comprometida la imparcialidad y la independencia que deben guiar de quien ejerce función pública”. (Corte Constitucional, Sentencia SU-625, 2015)
Mauricio Mira Pontón, director del Dagma
Reincidente
El inédito director del DAGMA, Mauricio Mira, ya había sido denunciado en esta columna por un contrato que suscribió con una corporación bogotana dedicada a la ciencia, la tecnología y la investigación científica de la más diversa índole, para que suministrara a la alcaldía de Cali, empanadas, aborrajados, papas chorriadas, champus, etc. La explicación que el funcionario dio a la denuncia, produce asombro e indignación por el nivel de descaro al que han llegado en esta administración, esto dijo: “es que requerimos contratar a las personas con más altas calificaciones”. De acuerdo con esta postura un estudioso de la física cuántica, radicado en Bogotá, prepara, gracias a sus conocimientos científicos, mejor la fritanga valluna que doña Matilde en la galería Alameda de Cali.
En manos de quien está la ciudad
En las pocas ocasiones que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio explicaciones públicas sobre asuntos relacionados con la contratación de la alcaldía, dejó claro su absoluto desconocimiento sobre la materia. Esto explica porqué algunos de sus funcionarios están haciendo fiesta con los dineros públicos, entregando contratos de manera irregular, a manos llenas.
Cuando denunciamos públicamente el contrato por más de 7.625 mil millones de pesos suscrito entre la Secretaría de Gobierno de la alcaldía con el CANAL TEVEANDINA, el alcalde pidió a los caleños que estuvieran tranquilos porque la alcaldía había actuado con transparencia y acotó: “no se trataba de contratación directa”, sino de un contrato interadministrativo y agregó que la alcaldía no contrató con TELEPACIFICO, porque necesitaban contratar con un canal público.
Cualquier persona medianamente informada sobre contratación estatal sabe que los contratos interadministrativos son por naturaleza contratos directos, es decir, que pueden adjudicarse a dedo, también es de dominio público que TELEPACIFICO es un canal público.
Cuando Eder salió con semejantes dislates nos quedó claro que no está en capacidad de cumplir su principal promesa de campaña consistente en darle un manejo transparente a los dineros públicos cuando asumiera las riendas de la alcaldía y que durante los 4 años de su gobierno quedaría en manos de sus subalternos. Si la diosa fortuna decide favorecerlo con personas honestas no tendrá ningún problema, pero tal parece que no ha contado con la suerte necesaria y en su desgracia puede arrastrar la ciudad.
Mientras los órganos de control y la Fiscalía toman decisiones, el alcalde Alejandro Eder debe destituir al funcionario y con esa decisión enviar un mensaje a la ciudadanía sobre su postura respecto a los actos de corrupción en su administración. Nosotros seguiremos muy juiciosos en la tarea de escudriñar el resto de contratos, en ejercicio del derecho ciudadano a ejercer control sobre nuestros gobernantes y sobre los recursos que son públicos.
