Por: Elmer Montaña
El abogado Hernando Morales Plaza, quien es defensor de confianza del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, del ex gerente de Emcali, Juan Diego Flórez y del ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, emprendió una ofensiva judicial dirigida a quienes hemos denunciado públicamente el entramado de corrupción en la Alcaldía de Cali, en Emcali e Impretics.
Morales plaza, radicó farragosas querellas en la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia, quejas disciplinarias y tutelas, en defesa del buen nombre de sus prohijados, señalando que como ninguno de ellos ha sido condenado por la justicia, nadie puede relacionarlos con actos de corrupción.
Basado en largas citas jurisprudenciales, Morales Plaza reivindica la presunción de inocencia de sus clientes y exige a la justicia que obligue a todo aquel que los califique de corruptos que se retracte públicamente o asuma la pérdida de su libertad. Según ha dicho, “están cansados de tanta persecución”. Por lo visto están dispuestos a parar de una vez por todas la andanada de denuncias por corrupción.
Morales Plaza es un viejo defensor de corruptos impenitentes. Hace una década se batió como una fiera en celo defendiendo al exgobernador Juan Carlos Abadía, en el proceso disciplinario que enfrentó por haber realizado un contrato torcido con un prestigioso médico de la ciudad. A la vieja usanza, no vaciló en difamar al denunciante y mostrar a su cliente como víctima de una oprobiosa persecución política.
Por aquel entonces me desempeñaba como secretario general de la gobernación del Valle del Cauca, durante el encargo que asumió Francisco Lourido y casualmente recibí información sobre irregularidades en un contrato que Abadía suscribió con un médico para operar a personas que sufrían de obesidad.
Verifiqué la carpeta del contrato, que en realidad eran dos por una suma cercana a los 1.500 millones de pesos y pude constatar que carecía de soportes, es decir, no había ninguna constancia sobre las personas que habían sido operadas.
Pacté una cita con el médico contratista y a las pocas horas nos reunimos en su consultorio. Era evidente que el galeno no tenía experiencia en contratación y que lo habían utilizado para operar, con fondos públicos, a algunos políticos y sus amantes, así me lo refirió convencido que estaba al tanto de la irregularidad. Cuando supo que no hacía parte del “combo de Abadía”, me citó nuevamente para hacerme entrega de toda la documentación, que incluyó las historias clínicas de los pacientes.
En aquella época estaba acompañado de un escolta de la policía debido a una amenaza proveniente de las FARC. El policial, que sigue vinculado a la institución, estuvo al tanto de todo lo ocurrido.
Debido a las irregularidades detectadas en este contrato, presenté la queja disciplinaria y la denuncia penal. Mientras el asunto era investigado, nos percatamos de decenas de contratos irregulares suscritos por Abadía. Recuerdo por ejemplo un contrato por 1000 millones de pesos suscrito con el Hospital Psiquiátrico de Pasto, para atender pacientes del Valle del Cauca, el cual carecía de soportes, la doble compra de ambulancias en un municipio del centro del Valle, la falsa inversión en la remodelación de la Casa del Valle en Bogotá, los consejos comunitarios que nunca se hicieron pero sirvieron para justificar gastos exorbitantes, las fiestas privadas que Abadía realizó en lujosos restaurantes de Cali, la compra de 3 pantallas gigantes de televisión, de las cuales solo apareció una, etc., etc.
Con el gobernador Lourido viajé a Bogotá y nos entrevistamos con el vicefiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, a quien le hicimos entrega de un informe detallado de los contratos irregulares, alrededor de 80 de un muestreo aleatorio que realicé durante un mes, asistido por un pequeño equipo de expertos en derecho administrativo.
Pasaron los meses. El procurador Fernando Brito Ruíz asumió el caso contra ABADÍA por el contrato suscrito con el médico, quien en audiencia pública refirió que lo contacté en calidad de secretario general de la gobernación y que como tal recibí la documentación que acreditaba la realización de buena parte de las cirugías. La honestidad del médico echó al traste la estrategia del abogado Hernando Morales Plaza, de invalidar las pruebas de cargo, argumentando que habían sido obtenidas mediante un supuesto allanamiento que realicé al consultorio del contratista, al que según dijo, me presenté como fiscal.
Brito sancionó a Abadía a 17 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, sanción que luego fue mermada a 10 años.
Por eso, cuando digo que Abadía es un corrupto, parto del conocimiento directo que tengo de sus actuaciones cuando fue gobernador del Valle del Cauca y con fundamento en la decisión de la procuraduría que lo sancionó por un caso de corrupción.
Si la justicia penal no ha tomado decisiones en su contra, se debe a las maniobras que realizó para que le engavetaran las investigaciones. Precisamente, hace pocos meses la fiscalía le imputó cargos por haber entregado 400 millones de pesos al abogado Gustavo Moreno, quien a su vez entregó una gruesa suma al fiscal Bertini para que detuviera las investigaciones contra Abadía.
Abadía goza de una impunidad comprada, fruto de haber corrompido a servidores de la fiscalía, por lo tanto, carece de legitimidad y autoridad moral para exigir que no lo califiquen como corrupto.
Morales Plaza, quien tiene la doble función de abogado de Abadía y contratista de Emcali, tuteló a las personas que acudimos a la audiencia pública convocada por el contralor general de la república, para denunciar los aberrantes casos de corrupción en la alcaldía de Cali y Emcali. En mamotretos inteligibles reclama amparo al buen nombre de Abadía y solicita a los jueces ordene retractación pública a los presuntos injuriantes.
Las tutelas están siendo declaradas improcedentes porque Morales omitió cumplir con un requisito de procedibilidad consistente en solicitar, previamente, a los accionados la retractación. Se trata de un error de principiante que causa risa y a la vez preocupación, porque vencido en el escenario judicial y al no tener eco la campaña infamatoria que emprendió, nos obliga a preguntarnos, ¿ahora qué harán para callarnos?
