El abogado Hernando Morales Plaza, quien actúa como apoderado judicial del alcalde Jorge Iván Ospina, del exgobernador Juan Carlos Abadía y de Juan Diego Flórez, ex gerente de Emcali, suscribió un contrato por valor de 238 millones de pesos con Emcali, para prestar servicios profesionales especializados en el área del derecho penal, respecto de acciones penales de imposible ejecución en contra de aliados estratégicos de Abadía.
En representación de sus impolutos poderdantes, Morales inició hace poco una contra ofensiva judicial, dirigida a amedrentar a quienes los han denunciado por actos de corrupción. La arremetida incluye denuncias penales, tutelas y hasta quejas disciplinarias.
Morales ha reconocido públicamente que tiene demandado al municipio de Cali por cientos de miles de millones de pesos, lo cual, según dice, no le genera ningún tipo de inhabilidad o conflicto de intereses para actuar como abogado del alcalde, pues, afirma, no tiene vínculo contractual con la administración municipal de Cali.
Nos pusimos en la tarea de averiguar si es cierto que el acucioso abogado del alcalde ha guardado las formas y actúa en honor a su apellido, y evita contratar con las dependencias del municipio. Al poco tiempo de iniciar la indagación encontramos un contrato suscrito entre las Empresas Municipales De Cali (Emcali) y el abogado Hernando Morales Plaza por valor de 238 millones de pesos. El contratante fue nada menos que su representado Juan Diego Florez. Otro dato importante es que alcalde Jorge Iván Ospina es el presidente de la junta directiva de EMCALI.
Con la sola firma del contrato, el abogado Morales se echó al bolsillo la bobadita de 119 millones de pesos (ver copia del acta de inicio del contrato) para cumplir una labor imposible, porque, repito, no pueden existir procesos penales en contra de personas jurídicas.
Este error pone de manifiesto que no hubo planeación antes de la celebración del contrato, como también que se contrató a una persona desconocedora del derecho penal porque cualquier aficionado a esta disciplina jurídica hubiera advertido semejante yerro. Lo peor de todo es que el gerente de Emcali sabía muy bien de la falta de idoneidad de Morales en asuntos penales, por cuanto su experticia es reconocida en litigios contra el Estado. Es como si hubiera contratado los servicios de un médico siquiatra para que le realizara una operación de corazón abierto.
Los contratos del estado que carecen de planeación e idoneidad configuran el delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” y de paso el delito de “Peculado”. La responsabilidad penal abarca a quienes lo suscriben (contratante y contratista)
Como suele ocurrir en este tipo de casos, siempre hay más irregularidades.
El contrato fue firmado el 13 de octubre de 2021 para ser ejecutado al 31 de diciembre del mismo año. En ese plazo el contratista debía presentar las denuncias y lograr imputación, acusación y sentencia de primera instancia. Ya dijimos que las denuncias están planteadas contra personas jurídicas, lo cual hace imposible el cumplimiento del contrato, pero si en gracia de discusión aceptáramos que las mismas debían dirigirse a sus representantes legales (cosa que no aclara el contrato), es imposible que en dos meses y medio las denuncias culminaran en sentencias condenatorias. Por esa razón, fue necesario realizar un otrosí al contrato que amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, y así tendrán que hacerlo indefinidamente.
Este contrato es de imposible ejecución, por donde quiera que se analice, especialmente si se tiene en cuenta que los consorcios que tendrían que “denunciarse”, fueron traídos a Cali, de la mano del exgobernador Juan Carlos Abadía, precisamente para que contrataran con Emcali, quiere esto decir, que la misión de Morales consiste en enfrentar a los socios de su gran amigo, mentor y poderdante, algo que, es apenas obvio, no va a suceder.
Los caminos de la corrupción son anchos y le pertenecen a los corruptos, por ellos se mueven a su antojo, sin vergüenza alguna, pero, sobre todo, sin miedo a ser sorprendidos por la justicia que por estos días sigue prisionera en los calabozos de la fiscalía.
