Por: Felipe Tascón Recio
Históricamente los dos primeros eslabones de la cocaína, el cultivo de coca y la fabricación -en el campo- de su producto intermedio, tanto en Colombia como en Bolivia y Perú, han sido reducidos al calificativo de “el problema de las drogas”, así se omite cualquier análisis socioeconómico que explique su génesis en territorios abandonados por las instituciones de nuestros tres países.
“El problema”, queda entonces constreñido a su definición como asunto legal, que por ende tiene como única solución, la persecución militar o policial y demás herramientas represivas de la ley. Por esto, incluso el desarrollo alternativo o sustitución, solo se entiende como “políticamente correcto” cuando queda supeditado a la ley que, en este caso, blande como su herramienta a la erradicación de cultivos. Por eso, a pesar de que el discurso político al más alto nivel reconoce la gradualidad como reclamo válido de la comunidad cultivadora, funcionarios intermedios -cual oficiales de la inquisición prohibicionista- bloquean esta necesaria secuencialidad en la sustitución.
Vale entrarle al detalle de esta negativa. La gradualidad parte del reconocimiento del abandono estatal como factor fundacional para que las poblaciones afro, indígena y mestiza, se dediquen al cultivo conociendo su ilicitud. Negarlo es un ejercicio digno de Poncio Pilatos, se construye el falso relato del Estado perfecto, que solo puede actuar con mano dura, reprimir a mujeres y hombres rurales cuya vocación delincuencial los llevó al ilícito. Así desaparece la culpa estatal, el aislamiento y abandono de los territorios donde se cultiva, la falta de alternativas y se oculta al colonialismo interno ejercido desde nuestras capitales.
Además, oculta la razón por la cual estas familias migraron hacia territorios aislados y abandonados. En el caso colombiano, al impedirse el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, -el conflicto, el latifundio o la mal llamada reforma agraria de los años 60- desplazaron a las personas del campo hacia baldíos selváticos o montañas de alta pendiente. Así su exclusión socioeconómica devino daño ambiental.
El Micay, el Catatumbo, el Putumayo o el litoral Pacífico en Colombia, al igual que el VRAEM o el Ucayali en Perú, y el Chapare o Los Yungas en Bolivia, han sido áreas atrasadas y abandonadas por los centros de cada país, ahí impera la regla económica colonial: extraer sin invertir, subrayando que tal extracción se realiza precisamente desde territorios cuya preservación es trascendente para el equilibrio ambiental del planeta. Cuando la nómina niega la gradualidad, y condiciona las inversiones públicas a la erradicación previa, perpetúa el daño ambiental y oculta la realidad colonial presente en los territorios cocaleros. Pero como cantó Rubén Blades con Calle 13 “La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso”.
Es esta política que prioriza la represión como acción del Estado, la que tiene como corolario histórico la deforestación. Así, la guerra como única herramienta frente al “problema de las drogas” ha sido siempre un factor contra la ecología de nuestros tres países. Cuando a una familia cultivadora se le fumiga, se le erradica, o se le incumple lo pactado en la sustitución, más temprano que tarde, volverá a tumbar monte adentro, para otra vez cultivar coca para cocaína, lo hará mientras no tenga otra alternativa de entradas para vivir. Quien cultiva se arriesga a la ilegalidad, a cambio de garantizar ingresos de sobrevivencia para su familia.
En épocas de bonanza cocalera, la incidencia sobre el deterioro ambiental fue incluso mayor, así, cuando las familias lograban un ahorro, la inversión “natural” de este fue acumular tierra, creando potreros en la selva, lo que incrementa exponencialmente el daño ambiental. Sin olvidar que antes que la ilicitud siempre estuvo el colonialismo interno, subrayo que todos los caminos del uso ilegal de la coca van contra el planeta.
¿Cómo revertimos esto? con la recuperación de la vocación original de los territorios, que antes del cultivo siempre fueron baldíos selváticos, es decir la política debe ser pagarles a las familias por su abandono de los cultivos de coca para cocaína y para que cuiden el resurgimiento del bosque, algo del todo ligado a los objetivos de esta COP16. Con la selva recuperada, los emprendimientos viables serían los clasificados como negocios verdes, cadenas de valor de frutos amazónicos, o de aceites esenciales de la flora biodiversa del litoral Pacifico, también turismo ecológico o pesca artesanal. Mientras ahí donde ninguna alternativa sustentable sea viable, lo correcto es propiciar el retorno de los nietos adonde fueron expulsados sus abuelos: los territorios fértiles interconectados, es decir, la reforma agraria que pague la deuda histórica a la tercera generación.
Tanto el conocimiento científico, como el saber ancestral indígena amazónico y andino, documentan el potencial del uso medicinal y alimenticio de la coca. Vale promover los usos alternativos de la coca, cuyos derivados benéficos han sido estigmatizados de arrastre por la cocaína ilegal. Entonces, el punto clave es borrar la hoja de coca de la lista de prohibición de la ONU, lucha inicial del expresidente Evo en Bolivia, ahora acompañada por el presidente Petro. La COP16 debe servir para sumar apoyos en esta línea.
También son atractivos, los proyectos del uso industrial del cáñamo promovidos por el Sindicato de Trabajadores del Cannabis con los cabildos indígenas del norte del Cauca, a los que -sin razón conocida- se les retiro el apoyo institucional; incluyen el aprovechamiento integral de la planta, su uso en construcción, homeopatía, combustible y aceite esencial. Igualmente son válidas las compras estatales de productos alternativos para hogares infantiles, fuerzas militares, cárceles, etc.
En las alternativas de sustitución de la economía ilegalizada, considero retardatario limitar a los cultivadores a la mera producción de materias primas. En Colombia hoy, la mayoría de las familias que cultivan coca para cocaína, participan parcialmente del valor agregado, en lo que la economía política clásica llama Trabajo Agrícola Accesorio, porque su procesamiento debe ser in situ, hablo del primer proceso de transformación de hoja de coca a pasta básica de cocaína, lo que su inventor -Edward Robinson Squibb- llamó cocaína cruda en 1880. Entonces, cuando se propone que los cultivadores sustituyan con fruta fresca o cacao en mazorca, para vender materias primas a supermercados y agroindustrias, se propicia un retroceso.
Además, no sobra recordar que la transacción comercial entre cultivadores y mafiosos mexicanos, no la define su carácter ilegal, si no la relación económica entre un comprador rico y muchos vendedores pobres. Con la entrada de comerciantes ingleses o industriales árabes, no se modifica esta ecuación, porque la legalidad no elimina tal desequilibrio capitalista.
Por esto, reafirmo la estrategia escrita tanto en el Programa de Gobierno, como en el Plan de Desarrollo. En ambos se propuso al Estado como promotor de agroindustrias ubicadas en el propio campo y propiedad asociativa de campesinos afros, indígenas y mestizos, dirigidas a la transformación de los productos agrícolas de sus propios territorios. Solo la sostenibilidad económica de las familias cultivadoras permite superar la ilegalidad y garantiza la sostenibilidad ambiental del territorio.
