Por: Felipe Tascón Recio
Toca contradecir a García Márquez, las familias cocaleras con medio siglo de abandono estatal y represión -es decir, una estirpe con 50 años de soledad- tienen todo el derecho a una segunda oportunidad sobre su tierra, que lo lógico es que inicie en este gobierno que ayudaron a elegir. Esto se puede dar, si desde el Estado no se suplanta a la población cultivadora, si no por el contrario se le apoya e impulsa para que se apropie del territorio que habita, para que planifique y construya su propio desarrollo en vía de sustituir la economía ilegalizada. Esto lo dejó muy claro el presidente Petro en el encuentro con cocaleros del litoral Pacifico, el 13 de mayo de 2023 en Satinga, cuando expresó: “Es la ciudadanía misma la que tiene que ser dueña del territorio que habita. En eso consiste quizás la paz. Si la ciudadanía controla y es dueña de su propio territorio y lo transforma en el sentido de su querer, de sus deseos, de sus prioridades”. Antes de formular propuestas, vale analizar desviaciones burocráticas a esta línea presidencial.
En el último semestre, parece que el eje de la política de drogas ha ido en contravía del enunciado citado; ojalá me equivoque, pero considero que mientras se mantiene en el discurso, desaparece en lo planeado para sustituir más allá del PNIS. La nómina está tomando decisiones en Bogotá o allende los mares, sin consultar a las familias cultivadoras y sus organizaciones, así invalida la imprescindible condición de que el pueblo se apropie del territorio que habita. Me refiero a los convenios anunciados, donde los cocaleros devienen en aparceros de una cadena de supermercados, hoy de propiedad inglesa, o de una industria de alimentos ahora en manos de capitales emiratíes ¿Postergación o renuncia al punto programático de agroindustrias de propiedad popular ubicadas en el propio campo?
A esto se suman las cifras de hectáreas de coca cultivadas y toneladas potenciales de cocaína en 2023, que entregó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las 253.000 H sembradas equivalen a un incremento de 23.000 H entre 2022 y 2023, esto es una reducción de la tasa de incremento del 12,7% al 10,0%, un dato previamente conocido por las fotos aéreas y satelitales de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, pero cuestionable porque no refleja las áreas no cosechadas por la falta de precio y el alza de costos en químicos y gasolina. Las dudas aumentan en el cálculo de producción potencial de cocaína, porque la cifra de 2.624 T es a todas luces incoherente, esto porque el organismo internacional omite algo presente en los titulares de los dos últimos años: la caída de precios de las arrobas de hoja de coca y de los kilos de pasta básica de cocaína, la crisis cocalera -nacional y global- que se inició en el Catatumbo a mediados del 2022.
Me temo que las cifras no cuadran, veamos por qué. Si dividimos las 2,664 toneladas entre las 253,000 hectáreas nos da un promedio de 10.53 kilos por hectárea al año. Este cálculo, aunque elevado podría ser aceptable, si todos los cultivos hubieran estado en explotación plena todo el año, con las cuatro cosechas dándose, algo que, sabemos por la crisis, no sucedió. Mientras los precios de la hoja y de la base caían, la pasta básica ya procesada se encaletó en espera de compradores. Un ejemplo se oculta tras la violación de derechos humanos por parte del Ejército sucedida en el rio Manso del Alto Sinú el 11 de septiembre de 2023. La intimidación de los militares a familias indígenas y mestizas, fue en realidad un intento de extorsión, porque en la semana anterior había aparecido el primer comprador en ocho meses. Al no vender, no solo se guardó la pasta básica, si no que en todo el país los cultivadores dejaron las hojas en las matas sin rasparlas. Parafraseando, vale decir que la estadística es la primera baja en la guerra antidrogas, la pregunta es ¿por qué ONUDD publicó cifras infladas la víspera del triunfo de Trump y por ende del retorno del ejercicio prohibicionista duro?
Oscuro resulta el proyecto de decreto de “… uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales por parte de entidades públicas”. También contrario al llamado a la inclusión que reitera el presidente Petro (verbigracia Satinga), borra la estrategia de proyectos de sustitución de economías ilegalizadas gestados desde abajo y con una sólida base social. En el proyecto de decreto, la industrialización de la coca solo la pueden adelantar entidades públicas, excluye a las comunidades sujetándolas a voluntades burocráticas. Incoherente y contradictorio, dado que a quienes, desde las comunidades, han implementado pequeñas y medianas industrias de transformación legal de la coca, las limitan a vender en sus territorios ancestrales (una suerte de apartheid), desde donde verían como sus agentes estatales, en el mejor de los casos, o industrias transnacionales, se apropian de su esfuerzo y del conocimiento ancestral. Dos antinomias en una propuesta que desconoce la relación histórica de la población con la planta de coca. Primero se contradice porque excluye a las organizaciones populares de los potenciales negocios generados por la transformación y, segundo al vulnerar derechos patrimoniales de las comunidades étnicas con relación al uso industrial de la hoja de coca. En resumen, el proyecto de decreto es una pésima copia de la regulación del cannabis medicinal, que nunca dejó nada para las comunidades cultivadoras de marihuana del norte del Cauca. Ministra Buitrago, por favor evalúe antes de promover la firma de este esperpento que usted encontró en su escritorio al llegar.
Acción consecuente con la incoherencia y contradicción anterior, con la intención de concentrar todo en el Estado, corresponde a la propuesta de copiar el modelo de la Empresa Nacional de la Coca ENACO del Perú, que repiten funcionarios y gestores. Mientras en el Cusco -el 7 de noviembre de 2024- las organizaciones campesinas peruanas de productores de coca, realizaron un foro con dos temas fundamentales: la exigencia al gobierno peruano de rectificar y sumarse al pedido de Bolivia y Colombia por el retiro de la hoja de coca de la lista 1 de prohibición de las drogas; y el rechazo “en relación con los problemas en torno al cultivo, empadronamiento, acopio, el precio que se paga, la comercialización, mecanismos de control en carreteras, industrialización de la hoja de coca, así como la situación económica, financiera y comercial de la Empresa Nacional de la Coca ENACO”. Como dijo el mensaje enviado por el experto peruano Ricardo Soberón al encuentro del Ministerio de Ciencia de Colombia sobre usos lícitos de la hoja de coca: “En la actualidad es una empresa quebrada, debe más de 12 millones de soles al Fondo Nacional de Empresas del Estado, ha perdido capacidad de compra, y no compite con el mercado legal o ilegal. Lo más grave es que ha generado una subordinación económica que es utilizada periódicamente como chantaje por el gobierno de turno, para calmar las reivindicaciones de los productores.” El modelo que se nos presenta idílico, está quebrado, es corrupto y burocrático, y además excluye a las familias cultivadoras.
Debo confesar mis dudas sobre la hipótesis de compra de cosechas de coca. Coincido en las preguntas planteadas por María Clara Torres y María Alejandra Vélez, dado que no se aclara el presupuesto para comprar, la logística de compra, el uso para la hoja comprada, etc. Además, vale subrayar que la política alternativa no puede edificarse sobre la hoja, porque el producto que sale del campo es la pasta básica de cocaína y no la hoja. En esto coincido con el, en su momento senador y precandidato Petro, quien en el debate -del 20 de abril de 2021- al proyecto de ley sobre coca y cocaína de Iván Marulanda, expresó: “el campesinado en Colombia no es solo productor de hoja de coca, el hecho que lo vuelve más rentable… relativamente respecto a otros cultivos en zonas marginadas y selváticas… pobres en fertilidad… y le permite un efecto llamémosle entre comillas “virtuoso” es que no solamente la cultivan como una planta, sino que la pueden transformar… es decir pueden ubicar en su misma finca, laboratorios para pasta de coca… que eleva el valor agregado… y obtiene un mayor rédito, que es lo que en realidad le permite sobrevivir en tierras tan pobres. ¿Qué significa eso? Que, si se compra la hoja de coca, el campesinado va decir que no, porque le daría menor rentabilidad, que si se compra la pasta de coca, y ese es, creo, un problema de visión, de falta de conocimiento que el proyecto tiene respecto a las realidades de la producción de la hoja de coca en Colombia, y entonces el proyecto se volvería inocuo”.
Reportes de varios líderes del Micay, dan cuenta de la velocidad de reacción de las mafias mexicanas al anuncio de compra de la cosecha. Mientras DNP, el Min Interior y Sustitución, por encargo del presidente Petro, buscaban presupuesto, logística y uso posterior etc., en menos de un mes los chichipatos de Argelia y El Tambo compraron toda la pasta básica de cocaína encaletada desde 2022, saliendo adelante con la recomendación del senador Petro en 2021. Pareciera que en Jalisco y El Plateado conocen mejor los planteamientos sobre coca de Gustavo Petro, que en las carreras 7ª, 8ª y 13 de Bogotá. Así, cuando en septiembre, por un kilo de pasta básica se pagaba $2’000.000, a fines de octubre, el acopio chichipato llegó a pagar $3’800.000 “hasta acabar existencias”. Lo mismo -pero a menor velocidad- parece estar sucediendo en el resto del país. Chequee los datos del Guaviare donde en igual periodo subió hasta $2’500.000. Lo complicado es que, por sentido común, de los cocaleros, o por imposición de los grupos armados, parte de estos ingresos está siendo invertido en la poda de las hectáreas abandonadas, asumiendo que lo ofrecido para el Micay -con paros y movilizaciones- se generalizará en toda la geografía cocalera. Duele decirlo, pero el mal manejo mediático del anuncio, lo convirtió en un “incentivo perverso”.
Ideas para solucionar esta consecuencia las tiene claras el presidente Petro. En mayo pasado, hablamos del proyecto para recuperar la vocación original de los territorios ahora deforestados y colonizados por la coca para producir cocaína. La gran mayoría de las tierras hoy dedicadas a los cultivos, antes fueron selva, baldíos selváticos. Entonces la política debe ser lo que técnicamente se llama sucesión vegetal para la recuperación natural, y esto traducido significa el abandono de los cultivos de coca que gradualmente se irán enmontando, enmalezando, lo que no es otra cosa que la recuperación que ejerce la naturaleza sobre los territorios previamente deforestados por la colonización cocalera. Por ejemplo, en mi visita de finales del año pasado al Cañón del Micay, pude ver matas de coca altas, amarillas y enmalezadas, es decir el inicio de la recuperación natural, proceso ahora abortado por su poda. Entonces, mientras el pago de la cosecha de coca tiene todos los bemoles citados, es correcto promover el pago a las mismas familias para que abandonen los cultivos de coca para cocaína, y acto seguido se conviertan en cuidadores del bosque en regeneración. Recursos de cooperación internacional, de bonos de biodiversidad conseguidos en la COP16, pueden tener tal destino, dado que se trata de un modelo de desarrollo plenamente consecuente con nuestra megadiversidad. Este ajuste es urgente, antes de que siga extendiéndose por el país la reacción de la poda de los predios abandonados. Para los nuevos cuidadores de selva, la ocupación posible puede ser los llamados negocios verdes, recolección y procesamiento de frutos amazónicos, o de flores, cortezas u hojas para extraer aceites esenciales de la biodiversidad del litoral Pacifico, también meliponicultura, turismo ecológico o pesca artesanal.
Afirmaba el entonces senador Petro, en el mismo debate de mayo del 2021, que “la mejor sustitución de cultivos que se puede hacer respecto a productores de hoja de coca, es sustituir las tierras, cosa que nunca, jamás se ha hecho en Colombia, lo que significa una reforma agraria, lo que significa detener la contra reforma agraria que desde hace décadas se está haciendo en Colombia, es decir voluntariamente… lograr entregarle a campesinos productores de hoja de coca… tierras fértiles, las cuales habría que comprar hacia las cercanías de los grandes mercados”. En la COP16 plantee que esto equivale al pago de una deuda histórica a la tercera generación de los expulsados por la guerra o el pacto de Chicoral de los valles interandinos fértiles e interconectados.
No olvidemos que en menor medida existe coca para cocaína en áreas menos aisladas y sin deforestación reciente, para las cuales en el mismo debate del 2021, Gustavo Petro propuso “la posibilidad de en las zonas donde están ubicados los campesinos, se puedan también montar procesos de agroindustria… lo que puede realmente sustituir, porque la hoja de coca es pasta, y porque la agroindustria en otros tipos de cultivos puede dar los niveles de rentabilidad que podría competir con los niveles de ganacia que logra el campesino… con la producción de hoja de coca y de pasta de coca”. Dicho en otras palabras, se debe imitar el proceso de la coca, que el presidente llamó “virtuoso” entre comillas, es decir la capacidad de procesar el producto alternativo en el campo, para que los cultivadores participen del valor agregado, reiterando así que las propuestas que los convierten en productores de materia prima para venderlas a transnacionales del comercio o la agroindustria es algo retardatario.
A manera de conclusión, subrayó la imperiosa necesidad de que las comunidades cultivadoras lleguen al protagonismo, se apropien de su territorio, mientras quienes ejercen cargos se circunscriban a su condición de servidores públicos y respeten las decisiones de los dueños del territorio. Si esta condición se cumple, las familias cultivadoras podrán garantizar su propia subsistencia, al tiempo que abandonan la ilegalidad y se convierten en factor de la sostenibilidad ambiental. Solo entonces, la estirpe cocalera -hasta ahora- condenada a cincuenta años de soledad, si tendrá una segunda oportunidad sobre su tierra.
