Por: Julián Cortés
Los campesinos lecheros atraviesan una profunda crisis. Hace unos años, el litro de leche era pagado a 2.500 pesos, ahora escasamente lo pagan a 1.600, y en algunos a 800. En varias regiones, las empresas dejaron de recoger la leche obligándolos a desecharla o dejársela a los terneros. Los intermediarios, por su parte, tienen camiones detenidos, rutas bloqueadas y algunos incluso culpan a los lecheros de entregar leche contaminada, agria o con antibióticos. Para los actores del sector, que desde hace años controlan y monopolizan el mercado, la crisis era esperable. Culpan al eslabón de la cadena láctea con menor capacidad de afrontarla que son los campesinos lecheros y, de paso, plantean que el gobierno nacional no hace nada. Los campesinos de Cundinamarca, Boyacá y otros departamentos del país se quejan de haber perdido su sustento económico y de no poder seguir viviendo de la leche. Claramente, el mercado de la leche está en crisis, pero más que el mercado, es el mismo modelo de producción y comercialización el que representa un reto, principalmente institucional y también para la economía campesina.
Hace muchas décadas toda esta región producía alimentos, algunos a gran escala y otros desde la economía campesina. Cuenta Alfredo Molano en uno de sus textos, que los campesinos de la Calera y su propia familia eran productores de grandes cantidades, principalmente papa y cereales. En las provincias del Guavio, Almeidas y Sabana Centro se producía cebada, que rápidamente se convirtió en un cultivo fracasado con la importación del cereal por parte de Bavaria en los 90s en un escenario de apertura económica y por tanto de eliminación de aranceles a la comercialización internacional ¡similar a la historia de la leche! Por fenómenos de gentrificación, y precisamente por la debilitación de la agricultura, muchos municipios de vocación campesina cercanos a Bogotá pasaron a ser tierra para los bogotanos que querían dormir viendo las montañas mientras de día trabajaban en la capital. Sin embargo, los campesinos son tercos y se han negado a desaparecer. Campesinos de la región de Almeidas y otras provincias lecheras del departamento, afectados por el mismo fenómeno de gentrificación, transitaron de la producción de productos agroalimentarios a la producción de leche. El ganado reemplazó la producción de otros alimentos en la economía campesina y estas familias se vincularon a la cadena de la leche solo vendiendo la materia prima y ganado en pie ocasionalmente para la reproducción y ceba de ganado, es decir, doble propósito. Los tiempos fueron cambiando. Un taxista hace 30 años podía comprar su casa haciendo viajes. Ahora un solo taxi no alcanza para alimentar una familia con un hijo. De la misma manera, un campesino ya no sobrevive con unas pocas vacas, sino que requiere de muchas para generar un ingreso decente que dé sustento a su familia. Ahora, con la crisis lechera, ni hablar: “no vale la pena tener vacas lecheras”, dicen ellos mismos.
Entonces la pregunta que debimos hacernos hace más de una década es ¿por qué si muchos colombianos consumimos leche y sus derivados, los campesinos lecheros no logran hacer una economía sostenible para sus familias? Si todavía consumimos leche, ¿por qué los campesinos están en crisis? La respuesta está en la distribución de las ganancias, o para ser más exactos: la plusvalía. Dentro de la cadena de valor de la leche, venderla cruda es la parte más depreciada del proceso. Mientras el que vende leche UHT (transformada) o quesos, se lucra mucho, los campesinos lecheros ganan cada vez menos. Nadie le explicó al campesinado que lo que tenían que hacer era agregar valor. Durante décadas, como es bien sabido, el acceso al conocimiento también fue limitado para este sector. La información y apoyo económico para producir quesos y transformar la leche les fue negado, o peor aún, perdieron ese conocimiento ancestral que nuestras abuelas ya tenían. Los requisitos y dificultades presentados por entidades de control de alimentos son tan grandes que la posibilidad de tener permisos para productos transformados termina siendo una talanquera para la agregación de valor en la granja campesina.
Los gobiernos anteriores concentraron sus esfuerzos en la formalización de los campesinos lecheros solo para que estos vendieran leche cruda a las grandes industrias, pero nunca para agregar valor. Este es apenas uno de los elementos del diagnóstico profundo que hay que hacer de la crisis lechera. Dentro del contexto actual, también es conocido el impacto de la importación de leche en polvo por parte de los industriales que ha generado una acumulación de inventarios que ya está siendo analizada por el Ministerio de Comercio. Y a esto se suma el aparente bajonazo en el consumo de leche de los colombianos. Algunos insisten que el consumo disminuyó de manera intencionada porque la pauta de las grandes empresas en los últimos meses también cayó. No es raro imaginar que exista un intento de desprestigiar al gobierno del cambio provocando un ambiente de crisis entre los campesinos. La economía política de la cadena láctea nos lo dirá en las próximas semanas.
En el marco de las soluciones que se están pensando para resolver la situación actual y que tiene que ver con la intencionalidad política de quienes proponen soluciones desde un gobierno progresista, se presenta una diversidad de perspectivas. Una de ellas plantea salidas institucionales donde la gran empresa es la que pareciera ser la beneficiada, desconociendo la responsabilidad parcial de esta en la generación de la crisis. Otro sector, de carácter progresista y con una perspectiva más popular y claramente a favor de la propuesta del presidente, propone que la pequeña economía pueda desarrollarse.
La primera propuesta liderada por funcionarios sembrados por la derecha en gobiernos anteriores y que, de manera muy “técnica”, “apolítica” y si se quiere “neutral”, se concentran en pensar cómo sacar los inventarios de las grandes empresas a través de las compras públicas o subastas en la bolsa mercantil. Lanzan también una campaña totalmente cuestionable pidiéndole a los campesinos que se inscriban y cuenten cuántos son sus inventarios. Su salida prevé la maquila para producción de leche en polvo. Solo Nestlé y Parmalat concentran la producción nacional de leche en polvo, según un documento publicado en la web por el DNP
Por otro lado, un grupo de funcionarios progresistas, proponen que las pequeñas asociaciones vendan la leche a algunas instituciones directamente transformando la materia prima, a través de maquila con empresas ya existentes, pero participando de la logística de captación y distribución de la leche transformada a los batallones, mejorando así sus ingresos. La idea es que los pequeños campesinos lecheros asociados sean parte de la solución. Tan sólo los militares para sus necesidades de consumo a nivel nacional requieren 5 millones de litros mensuales. Actualmente esa demanda se satisface con leche en polvo. Si bien consumir leche en polvo en estas entidades responde a prácticas de almacenamiento y transporte, se le planteó al Ministerio de Defensa la posibilidad de que, en la crisis campesina actual, los militares podrían ayudar a solventar la crisis comprando leche UHT en bolsa. Imaginemos no más el gran mensaje político de las FFAA.
Ante esta última propuesta, los funcionarios tecnócratas se sienten incómodos. Es claro que su posición “neutral” defiende la idea de que solo los grandes pueden participar en esta salida a la crisis a través de su venta de inventarios. Claramente el campesino de a pie no tiene inventarios, o bota la leche, o se la da a los terneros. Por si fuera poco, en las reuniones para plantear salidas, paradójicamente, son estos funcionarios quienes hacen lobby para que los grandes industriales participen en las sesiones y que sus propuestas ante la crisis sean aprobadas. En un reciente debate en el congreso, citado para verificar las alternativas planteadas desde el gobierno del cambio, uno de estos funcionarios parecía más asesor del representante de Fedegan que del gobierno. No se niega la participación de grandes industriales en la solución de la crisis, solo que pensar que ellos representan la única salida, es la misma lógica neoliberal que cree que son los grandes empresarios los únicos que hacen patria y ayudan a sacar al país adelante, mientras se minimiza el rol de los trabajadores y en este caso de los campesinos.
En este proceso, el liderazgo en la búsqueda de soluciones para la crisis lechera fue cedido, al parecer premeditadamente, al gobernador Jorge Rey. Los funcionarios tecnócratas saben que si salen de una institución nacional caen siempre de pie en la gobernación o en cualquier otro ente territorial en manos de la derecha. Sus apuestas son similares, hasta son conocidos de vieja data. Así las cosas, tienen más cercanía con los cacaos de la leche y los politiqueros tradicionales que con el campesinado. Normal, nada que no se pudiera esperar de aquellos que vienen de gobiernos de antaño y siguen tomando decisiones como cuadros medios de las entidades del gobierno del cambio.
En el mismo escenario, cuando se plantea la posibilidad de vender leche jarreada localmente y, en una etapa a corto plazo pasteurizada en la finca campesina, generando capacidades en el productor local para ofertar un producto inocuo y de calidad e incluso, impactando positivamente la salud y la economía del consumidor final, estos funcionarios se incomodan porque para ellos el campesinado solo debe vender leche cruda a los grandes industriales. Palabras más, palabras menos, sugirieron que los campesinos no podrían garantizar la inocuidad de la leche. Para este sector solo los grandes pueden hacerlo. La agroindustria campesina que quiere el presidente Petro y que las comunidades campesinas necesitan, no se va a desarrollar si tenemos funcionarios que no la ven posible, ni son capaces de imaginar al campesinado agregando valor.
Lo sorprendente es que, a dos años de gobierno de cambio, quienes estén tomando las decisiones en esta crisis sean funcionarios con mentalidad neoliberal, quienes plantean únicamente salidas en el marco del mercado controlado principalmente por los grandes industriales y en detrimento de la salida de la economía popular de las y los campesinos. Con ellos se pierde el enfoque del fortalecimiento de esta economía planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y se reafirma la lectura que llevó al Consejo de Estado a tumbar la posibilidad de que las Juntas de Acción Comunal construyeran vías terciarias. Según su sentido común, los trabajadores no son los que construyen el mundo a nuestro alrededor, son los empresarios y, por el contrario, se tiene la visión de que lo popular es mal hecho, como si a Sarmiento Angulo no se le cayeran los puentes. Es claro que los individuos sentados en los puestos de toma de decisiones, más que ingenieros, administradores o abogados, son seres humanos cuyo sentido común e historias de vida están transversalizadas por la historia política del país, por sus visiones del mundo y, así no lo queramos, por la influencia de los sectores políticos que representan y han gobernado durante años. No hay decisiones ingenuas y sin intenciones.
Esta situación nos deja la siguiente conclusión: la tarea del relevo político de los funcionarios no es menor. No se puede seguir justificando la continuidad de los expertos de derecha con la tesis neoliberal de que las soluciones a los problemas son neutrales o meramente técnicas. Los técnicos del consenso de Washington fueron los que dieron al traste nuestra economía en los 90s. Que funcionarios desde un enfoque neoliberal sigan definiendo rutas, políticas, programas o proyectos no tiene presentación. Sus mentes sólo piensan en la gran industria, el emprendimiento neoliberal, la negación del impacto del Estado en el desarrollo social y en la capacidad que puede tener para promover la salida de las crisis.
Aunque los altos cargos tengan toda la voluntad de hacer el cambio y provengan de los procesos sociales y políticos que dieron victoria al gobierno Petro, los funcionarios medios conocen el detalle de lo público, manipulan la información, la memoria histórica de las entidades y los procedimientos para bloquear a los liderazgos políticos. Quedan dos años. La salida para garantizar el gobierno del cambio y la reforma agraria es con los más coherentes y consecuentes. Ya es tiempo de valorar la curva de aprendizaje de quienes le pusieron el pecho a la lucha durante décadas. Si la tarea se hizo, es hora de que los nuevos liderazgos, también con respuestas técnicas y mucho conocimiento, asuman las riendas de las decisiones.
