Por: Dumar A. Jaramillo-Hernández
“La educación es un derecho” gritan a viva voz en las plazas públicas candidatos políticos mientras el pueblo se llena de esperanza. “El cambio está cerca” pensábamos muchos. Aquí, desde esta introducción, se debe aclarar que la palabra “políticos”, para este caso, se escribe con “p” minúscula, trayendo la definición del libro El Hombre Transhumante, donde el ser Político –con “P” mayúscula- es el llamado natural a pensar en comunidad, lo innato del ser al construir sociedad; muy lejano de ese juego populista y tergiversado de la mayoría de los políticos de nuestro país.
Pues este sueño de nuevo país fue hace ya un poco más de dos años aquí en Colombia, donde miles de jóvenes y otros tantos no tan jóvenes, pero sí altamente ilusionados con la promesa de los 500.000 cupos nuevos en instituciones de educación superior (360.000 estudiantes en las universidades y 140.000 en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-), se fueron a las urnas impulsados por el idilio del cambio.
Tal cual con la hecatombe de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 adoptados desde el 2015 por los países de la Organización de las Naciones Unidas, donde a la fecha, solo se ha proyectado un posible alcance del 17% de las 169 metas propuestas en estos 17 ODS (y faltan 5 años para llegar al límite de tiempo). En Colombia, el Gobierno del Cambio en su ya avanzado primer bienio (más de la mitad de su tiempo de gobernanza), solo ha alcanzado 65.000 de 500.000 cupos que pretendían ofertar en la educación superior. O sea, en un poco más de su mitad de tiempo de ejecución de su propuesta de gobierno, en este momento solo se ha avanzado en un 13% respecto a la apertura de nuevos cupos para que la población colombiana pueda iniciar estudios en instituciones de educación superior.
La mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años en Colombia, no consiguen iniciar una carrera profesional, tecnológica o técnica. Es así, que la educación superior ofertada entre instituciones privadas y públicas, incluido el SENA, que ofrece programas de formación técnicos y tecnológicos gratuitos, llega tan solo al 55% en ese rango etáreo de la población. Aunque esa cobertura ha subido más de 20 puntos porcentuales en los últimos 15 años, está lejos del promedio del 70% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Si vemos esta cifra por zonas geográficas en Colombia, encontramos que departamentos considerados “zonas de difícil acceso” (históricamente olvidados por el Estado y sus gobiernos, sin condiciones de vías de comunicación dignas que brinden conectividad con el resto del país), el acceso a la educación superior es más bajo. Por ejemplo: Vaupés 4%, Arauca 5,9% o Vichada 6,2%, y otros tantos que no llegan al 20%. En contraste, departamentos como Antioquia 55,7%, Atlántico 56,9% o Quindío 65,3%, están por encima del promedio nacional. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), actualmente se ofrecen programas de educación superior en 382 municipios, un 34% del total de Colombia.
En este momento, después de presentar un panorama muy resumido de la oferta de la educación superior en Colombia, trataré de desglosar el título de esta columna de opinión, en especial “La decadencia de la inversión”. Partamos con los datos del MEN, donde entre los años 2000 y 2023 la matrícula en las instituciones de educación superior públicas aumentó un 176%, mientras que las transferencias de la Nación se incrementaron en un 62% en términos reales. Desde esa brecha económica histórica es imposible desarrollar la promesa promulgada en campaña presidencial de “democratizar el derecho a la educación superior”.
Aunque el MEN promulgaba cifras de 70,4 billones de pesos para ejecutar en el 2024 en todos los niveles educativos (con vítores se recitaba “… la cifra en inversión de la educación históricamente más alta en Colombia”), el panorama es sombrío, y como ocurre en este gobierno, la capacidad de ejecución ha sido paupérrima, menos del 50%, distribuidos en un 49,3% en funcionamiento y un 32,7 % en inversión, se había ejecutado a agosto 2024.
Mientras esto ocurre en la realidad, en teoría (y bien en teoría, cifras del gobierno no reflejan la realidad), para las IES públicas, los recursos transferidos para funcionamiento e inversión en el año 2023 fue de un poco más de 1.3 billones y en el 2024 por más de 1.6 billones. Donde, en participación en el Producto Interno Bruto (PIB) esto significa pasar del 0.4 al 0.53% en los recursos que se destinan a educación superior. Y en teoría (súper bien en teoría), la propuesta prospectiva del gobierno según su Plan Nacional de Desarrollo es llegar al 1% del PIB.
Es tan crítica la gestión gubernamental de sus carteras, que este año (ahora sí históricamente) este gobierno no giró los recursos de los “Planes de Fomento a la Calidad” (PFC) a las instituciones de educación superior –IES- públicas del país. Resulta que el mismo MEN en julio de este año, notificó a las 64 IES públicas sobre los $300.000 millones destinados a financiar los PFC 2024; recursos extras de los 70,4 billones del MEN, que permiten sostener y alcanzar condiciones de calidad en la oferta educativa a través del financiamiento de proyectos de inversión con fuente de recursos de la Nación, provenientes del impuesto a la renta para la equidad (CREE).
Pero ahí no está todo el recurso. Las IES públicas, especialmente las universidades públicas por regiones, reciben más recursos: estampillas pro universidad (impuesto de causación instantánea que por regla general grava documentos o actos en los que interviene una entidad territorial como suscripción de contratos, venta de licores, entre otras). Actualmente 25 de las 32 universidades públicas cuentan con estampillas pro universidad y son una importante fuente de recursos para las mismas. Además, dentro de los Planes de Desarrollo departamentales, de forma bienal se consideran el 5% de los recursos de regalías para la financiación de proyectos de inversión en las universidades públicas por departamento.
El lector en este momento sabe que las universidades públicas del país reciben dinero del Gobierno (MEN y PFC) y desde los departamentos (estampilla y regalías). Además, estas IES generan recursos propios (ej. matrículas y otros servicios que puedan prestar). Siendo así ¿por qué no ha alcanzado el dinero? Recurso que mínimamente podría evitar el desfinanciamiento histórico de las mismas. Y para la respuesta rápidamente volvemos a las raíces de los males en nuestros países latinoamericanos, entre otros: la corrupción.
Con esta entrada de recursos económicos frescos (año a año) de las arcas del Estado, las Universidades públicas se convierten automáticamente en bastiones de pujas del poder político de los gobiernos de turno, nacionales, departamentales y hasta municipales (en la academia las llamamos: “fuerzas extrañas”) para dos asuntos muy particulares: tomar ese dinero para el clientelismo político (vuelve la “p” minúscula), esa práctica de usar el dinero público para favores en la generación de contratos laborales que construyen la base de votos futuros en las justas electorales; y para la constitución de mafias en la designación de los contratistas (desde mi vocablo “los nuevos traquetos legales”) que ejecutarán los proyectos de cualquier talante dentro de las IES públicas (desde ofertar trasporte y comida a estudiantes, hasta la construcción de edificios que serán elefantes blancos futuros, entre otras formas de desfalco del Estado).
Siendo así, tenemos todos los males para crear la tormenta perfecta de la decadencia de la inversión estatal en la universidad pública colombiana; por un lado, una histórica desfinanciación de la educación superior que ha generado una muy baja tasa de oferta educativa superior a los jóvenes. Por otro lado, un gobierno actual con muchos “sueños” pero con una muy baja capacidad de ejecución presupuestal, y una arista más, de las más críticas y punzantes: una sociedad política (con “p” minúscula) que jamás desaprovechará la oportunidad para montar “rectores” en las universidades públicas y así amañar toda la contratación pública de sus recursos.
Si nuestra sociedad continúa permitiendo esta debacle de la cordura donde jamás el dinero alcanzará, la universidad pública como muchas otras IES públicas seguirán trágicamente la senda del estado catatónico en la generación de conocimiento, en la atrofia de su utopía, en el desangre de sus mártires que en cada protesta exigen calidad en la educación superior, en especial en la pública.