Por: Freddy Ordóñez Gómez
“Se calcula que 5.100 millones de personas —dos tercios de la población mundial— carecen de un acceso significativo a la justicia”. Con esta impactante cifra inicia el primer informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, titulado La promesa del empoderamiento jurídico para avanzar en el acceso a la justicia para todos presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo octavo periodo de sesiones.
El informe expone cómo existe una brecha enorme entre lo que los sistemas jurídicos pueden ofrecer y los problemas de justicia para cuya resolución la gente necesita ayuda, a lo que se suma la falta de datos sobre la justicia centrados en las personas, esto es, la carencia de “información que capte toda la gama de problemas de la justicia, incluidos tanto los asuntos para los que las personas buscan ayuda como los problemas que pueden considerar imposibles de resolver”, esto último ha sido llamado necesidades jurídicas insatisfechas, teniéndose que las desigualdades sociales están asociadas con la exposición a los problemas jurídicos. Así, indica el documento, “quienes sufren discriminación, exclusión o marginación suelen tener más probabilidades de que no se atiendan sus necesidades jurídicas”. Existen muchas razones para que las personas no asistan a la justicia estatal a tramitar sus problemas jurídicos, desde la falta de abogados o su concentración en grandes ciudades, hasta la discriminación a grupos específicos por parte de abogados y operadores del sistema judicial.
Dentro de los principios de una justicia centrada en las personas se tiene el empoderarlas para que accedan a servicios y oportunidades. Después de indicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos y referir a las relatorías especiales del sistema de naciones unidas que abordan el derecho del acceso a la justicia, el informe presenta el empoderamiento legal o jurídico como “un enfoque para ampliar el acceso a la justicia que pone el derecho en manos de quienes se ven afectados más directamente por la injusticia”, que es definido como “el esfuerzo por garantizar que las personas puedan conocer, usar y transformar el derecho para lograr justicia”, transformaciones que pueden incorporar cambios sistémicos.
El empoderamiento legal presenta una gran variedad de métodos para promocionar el acceso a la justicia, dentro de los que se destacan: la ampliación del ecosistema jurídico a través de trabajadores comunitarios de la justicia, quienes sensibilizan sobre derechos, leyes y políticas; acompañan a las personas en procesos jurídicos y administrativos de reparación; apoyan la participación de las comunidades en reformas legales y políticas, y contribuyen a democratizar el estado de derecho; pero, no reemplazan el derecho a acceder a un abogado y a la asistencia jurídica estipulados en el derecho internacional de los derechos humanos.
El empoderamiento jurídico, nos recuerda la sra. Relatora, va de la mano de la educación jurídica popular, de la comprensión crítica del derecho. La apropiación de lo jurídico por las comunidades lleva a que, por una parte, estas usen el derecho como herramienta para promover sus objetivos vitales; y, por otra parte, a que se llegue a entablar una relación democrática más profunda con el Estado. En tercer lugar, el acompañamiento y la orientación a quienes acuden ante la justicia con asesoría legal o sin ella, y, además, el uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias, sistemas jurídicos indígenas y de otros marcos regulatorios (pluralidad jurídica, derecho de la calle); También, el empoderamiento legal implica el seguimiento y la recopilación comunitaria de datos que permitan documentar las violaciones a los derechos, la promoción o impulso de litigios con la información compilada; así como la presentación de denuncias, reclamaciones y demandas, en las que los procesos sociales y comunitarios juegan un rol central en su estructuración, direccionamiento y desarrollo. Finalmente, los trabajadores comunitarios de la justicia ayudan a las comunidades para identificar situaciones individuales como procesos más amplios, colectivos y sistémicos de exclusión y marginación, y a que estas se organicen para demandar su cambio, transformación y superación.
Dentro de los retos para impulsar el empoderamiento legal se tienen el acoso y ataque a trabajadores comunitarios de la justicia, la prohibición o sanción a sus actividades, y la falta de recursos para los procesos de programas de empoderamiento jurídico y el accionar de los asistentes jurídicos comunitarios.
Es de resaltar el llamado que hace la sra. Relatora para que los abogados y los jueces apoyen y defiendan el papel de los asistentes jurídicos comunitarios, ya que “la colaboración entre abogados y trabajadores comunitarios de la justicia puede impulsar la justicia para todos de un modo que los abogados no pueden hacer en solitario”; y para jueces de muchos países, los trabajadores jurídicos comunitarios forman parte “de un esfuerzo más amplio encaminado a promover el acceso a la justicia”.
Finalmente, el informe recomienda la transformación de los sistemas jurídicos para lograr que el acceso a la justicia sea una realidad, para ello los Estados deben, entre otros aspectos, “centrarse en los conocimientos y sabidurías de las comunidades para responder a sus necesidades jurídicas”, establecer alianzas entre comunidades, sociedad civil y academia, adelantar reformas legales y políticas para eliminar obstáculos y promover el trabajo de los asistentes jurídicos comunitarios, proporcionar recursos para la prestación de asistencia jurídica efectiva y para “apoyar la labor de empoderamiento jurídico que realizan organizaciones de la sociedad civil”.
En Apartadó, un líder comunitario y defensor de derechos humanos, acompañó a un campesino del corregimiento de San José a hablar con su abogado en un proceso de restitución de tierras. En la conversación, tras la negativa del jurista de abordar el caso delante del dirigente, debió indicársele al apoderado que parte del trabajo de este líder social es acompañar a los integrantes de su comunidad en las diferentes actuaciones judiciales y explicarles lo que debe esperar de cada proceso, asesorarlos y velar porque sus derechos sean respetados por abogados, entidades y jueces. El abogado, ante la aclaración brindada accedió a entregar información al acompañante de su defendido, en tanto reconoció en él un asistente jurídico comunitario.
En el país, instituciones públicas, abogados y jueces están en mora en reconocer que muchas y muchos líderes sociales cumplen un papel de asistentes jurídicos comunitarios y que, como en el caso del líder del corregimiento de San José de Apartadó, son aliados fundamentales para que el acceso a la justicia sea una realidad para todos. La lectura, socialización y apropiación del informe y de sus recomendaciones es un primer paso hacia ese reconocimiento. De otra parte, las reformas al sistema judicial deben orientarse a una justicia centrada en las personas y en ampliar el acceso a ésta, considerando la importancia del papel del empoderamiento legal y de los trabajadores comunitarios de la justicia.
