Por: Estefanía Ciro
Hemos celebrado en el mundo la introducción de la palabra "reducción de daños" en la resolución de prevención de la sobredosis, liderada por los Estados Unidos, país protagonista de las mayores crisis por opioides en el mundo y por colectivos de sociedad civil que llevan más de 15 años haciendo presión política para derrumbar el prohibicionismo. A pesar de que es una política que ya ha sido usada en muchos países y que aún así está citada en la Asamblea General de las Naciones Unidas (2001) y en el Consejo de Derechos Humanos (2003), en la resolución de la Convención de Drogas de Viena nunca se había usado. Pero las cosas en Estados Unidos cambiaron y hasta Anthony Blinken - secretario de Estado de los EEUU- participó en este evento haciendo un llamado, principalmente, para tomar medidas sobre el control de las drogas sintéticas y su manufactura, ante todo del fentanilo, del cual acusa a China y a México de ser parte de la cadena. Algo se debió negociar al respecto.
Cuando se habla de que se rompió el consenso de Viena, se habla entonces de que la decisión de tomar la decisión principalmente en conjunto EEUU, China y Rusia, se rompió. Y así, lo primero que hay que hacer saber a los lectores es que esta es solo una de las tantas expresiones geopolíticas del quiebre y escenario de guerra actual. Como los colegas de IDPC relataron, por primera vez la influencia de los Estados Unidos en los pasillos fue enorme y particularmente Colombia hizo parte del juego.
La manera en que se ha tratado tradicionalmente el consumo se basa en lo que Steve Rolles, un analista referente en temas de regulación, llama sado-moralismo, es decir, ese morbo del bienpensantismo global cree que seguir insistiendo en que es necesario acabar con el consumo de las drogas y que si este ocurre debe ser bajo un (auto) castigo social, moral y físico. Lo máximo que se debe hacer es hacer todo lo posible por "prevenir el consumo", afirman. Este tema también ha sido tratado en términos geopolíticos por China y Rusia, que tienen sus propias formas de tratar el tema y sus prevenciones, aunque es necesario señalar que a diferencia de Estados Unidos y los países occidentales, en China desde 2015 se han reducido en un 73% el número de casos atendidos en el sistema penal sobre drogas en primera instancia. Algo está pasando.
La reducción de daños consiste en crear estrategias para que los consumidores puedan acceder a las sustancias psicoactivas disminuyendo los riesgos asociados a la manufactura y consumo como los daños a la salud por usar drogas adulteradas. No obstante, hay preocupaciones y tensiones que es importante reseñar.
Por un lado, la reducción de daños es algo que viene siendo aplicado en muchos países pero que ya empieza a tener sus límites, como ocurre en Portland, Oregon, reseñadas en una miríada de investigaciones que cruzan reducción de daños, consumos de sustancias y situación de clase. Estos análisis muestran que la reducción de daños sin mejoramiento de condiciones socioeconómicas de los consumidores, sin justicia social y comunitaria y sin mejoramiento del Estado Social de Derecho para los usuarios, no resuelve nada, al contrario, los inserta en mecanismos y programas sociales que terminan usándolos, explotándolos, aislándolos y poniéndolos en más riesgo, como ocurre con las madres solteras consumidoras que deben decidir entre atender el programa o cuidar a sus hijos. Muchas de ellas terminan perdiéndolos en otros programas de gobierno.
Con esto quiero decir que la reducción de daños en Londres, en Viena, o en Nueva York no es lo mismo en Tumaco, Florencia o San José del Guaviare. La propuesta de la política de drogas de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro está hecha para el consumidor de Teusaquillo en Bogotá con salas de atención, análisis de sustancias en fiestas y escenarios higienistas que desconocen lo comunitario, la justicia social y lo que de verdad ocurre en el país en guerra. Estamos hablando de jóvenes en Cali que están en medio de la violencia, de bandas, combos, pandillas, de "ollas" de consumo hasta en la misma Bogotá, de las protestas sociales y sus protagonistas, de los combatientes de los actores armados actuales que cargan sus bolsas de marihuana en medio de los combates, para los cuales la propuesta de la política de drogas construida por la dirección no es suficiente. Ningún tema en nuestro país sobre economías y sustancias ilegalizadas debe pasar por algo que la Paz Total atraviesa.
Un segundo punto es que la reducción de daños es también la creación de un mercado y de unos servicios contratados por el Estado para la atención de reducción de daños. Al igual que hay un lobby político en Viena para cambiar estas resoluciones, uno de los temas que ha generado más desconfianza es a quiénes van estas contrataciones y licitaciones, cómo se crean los términos de referencia y quiénes terminarían prestando estos servicios. En el país hay experiencias en muchas ciudades, Medellín y Cali, pero la atención se la sigue llevando algunos grupos en Bogotá. Un debate central en el país es si la reducción de daños se va a privatizar y no va a tener dimensiones comunitarias o estatales; eso solo enriquecerá a unos pocos.
Un tercer punto es la oportunidad perdida. Nadie puede hablar de logros en Colombia en términos de política de drogas si en dos años ya no hemos sido capaces de regular el cannabis de uso adulto, ni de hacer los debates nacionales que se deben hacer con productores y consumidores, no solo en el Senado. Nadie en el gobierno lideró ni lidera esto, solo se hacen transferencias de recursos a terceros para que hagan sus propias reuniones, conferencias y eventos pero se perdió el impulso que existía en torno al tema. Por supuesto, la articulación con seguridad y paz total no existe. Con esto nos arriesgamos a que se pacte en algún momento en la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, quien controla el mercado, o no se haga nada.
Esto tiene que ver con las fricciones en el gobierno en torno a los funcionarios que manejan sustitución y quienes están en la dirección de drogas. Frente a los ataques groseros e inaceptables de ciertos funcionarios sobre la directora, muchos sectores cerraron filas para protegerla aunque eso fue darle vía libre para hacerse la vista gorda con su falta de criterio y conocimiento del tema. Claramente hay también una serie de cosas que preocupan que es necesario advertir porque sin control político, estamos creando monstruos en un futuro. Hay cosas que corregir en todos los sentidos, no más en la entrevista de La W señala que la reducción de daños "salva 12 mil personas", un dato sin metodología y desinformador, es decir, la dirección de política de drogas todavía no tiene un observatorio que ofrezca las cifras más precisas sobre uno de los mercados de sustancias más importantes del mundo, que es el de Colombia; seguimos basándonos en el "nos dijeron".
En la misma entrevista, los periodistas introducen el tema de la regulación del cannabis - e insisten con unos comentarios "muy cachacos" - por decir lo menos- sobre lo joven, lo pelirroja, de lo elegante de la directora, pero nunca cuestionan por qué no se ha hecho realidad en el país, solo se instala como un anhelo futuro, una utopía, y no se le exigen cuentas sobre este avance. Las discusiones sobre el tema siempre terminan en el avión que no recogió a Alexander Flores o en el mal timing para la última votación aunque es hora de que de cuentas más allá de la apariencia, porque no se está haciendo el trabajo. La directora dice que "incluso el presidente" piensa en esos términos, como si Gustavo Petro fuera un invitado acá, cuando él ha sido el líder de este debate en su presidencia. Importante que no se le vaya el piso.
Es necesario insistir en que en estas ventanas de oportunidad históricas tenemos poco tiempo y pocos recursos, y hay que saber bien dónde usarlos, hacia dónde dirigir los cambios. Los funcionarios en términos de política de drogas del gobierno de Gustavo Petro lo han usado mal preocupados más por pelear entre ellos que por articular y tener criterios mínimos. Este también es un llamado para los colegas también para que sigan manteniendo sus posiciones críticas frente a temas muy complejos y pongan las cosas en sus justas proporciones.
No se espera la regulación de la cocaína pero sí la del cannabis. Se espera afianzar los criterios de reducción de daños con justicia social para un país en guerra pero no privatización de servicios. Se esperan pilotos de investigación sobre coca y cocaína, algo que ni se plantea, y solo lo del abono orgánico ya mostró ser un lío. Hasta ahora la agenda de la reducción de daños en Colombia es para unos pocos y lo que se juega sigue estando por fuera del foco de algunos funcionarios de gobierno.
