Por: Prof. Dumar A. Jaramillo-Hernández
La universalización del saber es la doctrina principal de las universidades en el mundo, de ahí su denominación. Promover las discusiones relevantes y crecientes en diversas áreas del conocimiento es parte fundamental del deber ser de la universidad; especialmente la tarea preponderante de generar conocimiento en contexto, capaz de transformarlo positivamente en pro del bienestar común o brindar las bases conceptuales de esa transformación, cambios que tanto adolece y requiere nuestro país para garantizar de verdad discursos políticos cotidianos.
Estas tareas las ha adoptado y perfeccionado la universidad pública en Latinoamérica y por supuesto en Colombia, donde con un bajo presupuesto estatal (en Colombia después de múltiples paros nacionales promovidos por estudiantes y profesores universitarios, se ha logrado un incremento paupérrimo del 0.6% del PIB para el 2024) ha logrado la formación de capital humano excelso para los desarrollos de país, además de posicionarse en múltiples regiones olvidadas por sus gobiernos nacionales, como los núcleos principales en la generación de conocimiento.
Ejemplo de esta última inferencia, es el departamento del Meta, donde cerca del 50% de los investigadores y grupos de investigación reconocidos y categorizados en los preocupantes resultados preliminares de la última medición de MinCiencias 2024, son originarios de la única universidad pública del departamento. Es decir, una única institución universitaria alberga cerca de la mitad del ecosistema de investigación en todo un departamento, aun cuando este mismo tiene más de 15 instituciones de educación superior, ofertando servicios de formación profesional; por supuesto más del 90% de estas son de naturaleza privada con imponentes edificios y una puesta en escena comercial que absorta.
He ahí la importancia de lo público, de lo pensante, del pueblo y para el pueblo. Con base en esta breve introducción, esta columna de opinión atípica, se centrará en la presentación del nacimiento de la Asociación de Representantes Profesorales a los Consejos Superior y Académico de las Universidades Públicas (ARPUP), movimiento académico político de profesores que a través de procesos democráticos (que en algunas instituciones no son amplios y suficientes) han sido elegidos en sus Alma mater para representar a sus colegas ante los más importantes cuerpos colegiados en Consejo Académico y Consejo Superior (que a veces son todo menos colegiados).
ARPU oficialmente aprobó sus estatutos de origen y función este mes en la Asamblea Nacional celebrada en la histórica e importante Universidad de Cartagena, con la consigna de promover transformaciones sustanciales en las políticas englobadas en la famosa autonomía universitaria para la mejora de la comunidad académica, especialmente del profesorado, esa masa crítica que sustenta en sus actos el quehacer de la universalización del conocimiento (en la foto se observan los colegas profesores que asistimos y conformamos ARPU).
Comparto con la opinión pública nacional el primer comunicado de ARPU, el cual explora la condición imperante de reformas a los procesos democráticos reales que deben existir en las universidades públicas, así como presenta pragmáticamente el panorama de financiación de la educación superior pública en el país.
“COMUNICADO 01 DE 2025
FORTALECER LA DEMOCRACIA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS
La Asociación de Representantes Profesorales a los Consejos Superior y Académico de las Universidades Públicas (ARPUP) reunida en Asamblea los días 6, 7 y 8 de marzo de 2025, en la Universidad de Cartagena, envía un saludo a todo el profesorado universitario del país, invitando a aunar esfuerzos y cerrar filas para fortalecer la educación superior como un derecho, así como fortalecer la naturaleza pública, la función social y la democracia en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.
Comprendemos que, frente a las múltiples dificultades que atraviesan las universidades públicas, fortalecer la democracia resulta prioritario para garantizar soluciones creativas y consensuadas, además de una convivencia armónica, que nos permita robustecer la institucionalidad, logrando que la comunidad universitaria en su conjunto se reconozca incluida en las decisiones y en la política institucional.
Con este propósito, extendemos la invitación a los Consejo Superior Universitario (CSU) de las universidades públicas a promover acuerdos dentro de sus estatutos generales y demás normas que integran la autonomía universitaria, que permitan implementar la participación democrática amplia y suficiente de la comunidad académica en decisiones como el gobierno universitario y la elección de autoridades académicas y representaciones en los diferentes cuerpos colegiados.
Si bien la Ley 30 de 1992 estableció como función del CSU la designación del rector, no podemos desconocer que, desde los campus universitarios, hoy se reclama que esta designación tenga en cuenta la opinión que al respecto emita la comunidad universitaria en las urnas, esto es, que la consulta para la escogencia de rector tenga carácter vinculante. En los procesos de elección y/o designación del gobierno universitario, ARPUP insta a la legitimidad que no puede ser menospreciada a través de vías que, aunque se soporten en la legalidad, desconocen la voluntad y el sentir de las comunidades académicas. Adicionalmente, es necesario que se revise la configuración del CSU, pues hoy deja en franca desventaja a la comunidad académica universitaria frente al número de integrantes externos.
De igual manera, preocupa que en algunas universidades no se respeten los derechos políticos de todo el profesorado, y que, por el contrario, se discrimine su participación según la modalidad de vinculación. La docencia ocasional y de hora cátedra (“profesores temporales”), establecidas en la Ley 30 como figuras excepcionales, hoy constituyen la regla predominante en la contratación del profesorado universitario del país, con una absoluta mayoría -superior al 70%- de docentes vinculados mediante estas modalidades, con lo cual resulta inadmisible que a estos(as) colegas se les niegue su derecho a elegir y ser elegidos en los cuerpos colegiados de las instituciones, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
En nuestra Asamblea se abordó también el Decreto de Formalización Laboral para las IES públicas, el cual ya fue firmado por Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública, y se encuentra pendiente de ser sancionado por el presidente de la República.
Diversas manifestaciones se han expresado en torno a este decreto, empezando por su extemporaneidad, pues el compromiso del Gobierno Nacional era sancionarlo en diciembre del 2024; sin embargo, la mayor preocupación se centró, primero, en la incertidumbre de garantizar que su implementación constituya verdaderamente un proceso de formalización laboral para los(as) docentes actualmente vinculados pero no adscritos a la planta y, segundo, en la financiación para la implementación de los planes de formalización de cada universidad. ARPUP espera prontamente la publicación del Decreto y que se den garantías plenas para que las universidades públicas en conjunto, y a través del fortalecimiento de sus bases presupuestales, procedan a diseñar e implementar los planes de formalización laboral, buscando, en un proceso gradual, poner fin a la situación de precarización laboral que se ha normalizado en todas las IES públicas del país.
Al respecto, cabe señalar que existen antecedentes como el de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde se aplicó la Ley 1610 de 2013 para formalizar las relaciones laborales de 150 docentes a través de un concurso excepcional de mérito; esta ley se cita en los considerandos y en el parágrafo final del Decreto. También en la Universidad del Quindío se tuvo una experiencia similar, a través de un concurso excepcional para profesores(as) que se encontraban vinculados en la modalidad de docencia ocasional.
Finalmente, ARPUP, comprometida en la defensa de la educación superior pública y por tanto en la defensa del estamento profesoral, en pro de su dignificación, llama a no seguir normalizando situaciones de discriminación y vulneración de derechos de nuestros colegas, profesores y profesoras de las universidades públicas de Colombia.
Por la dignidad del profesorado de las universidades públicas en Colombia
Asociación de Representantes Profesorales de las Universidades Públicas (ARPUP)
Cartagena, Marzo 8 de 2025”
