“La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios” (Flora Tristán, 1844)
Por: Carolina Jiménez Martín
Las luchas de las mujeres y de los movimientos feministas tienen un valor social y político fundamental para la democratización de la vida. En lo corrido del siglo XXI, estas expresiones de resistencia han logrado situar en el debate público las múltiples violencias y desigualdades basadas en el género y la raza y la inoperancia estatal y social para su abordaje. También, han traído a la discusión las importantes contribuciones económicas del trabajo reproductivo a las cuentas nacionales y la economía mundial. Y nos han enseñado, a través de las prácticas concretas, la importancia de la juntanza y el cuidado de lo común con la comunidad para garantizar una buena vida.
Para el caso específico de las comunidades académicas estas luchas han permitido caracterizar el despliegue de las relaciones patriarcales y racistas que aunque han tendido históricamente a ser subvaloradas y desconocidas por las instituciones hacen parte de su vida cotidiana. De ahí que desde diversas voces se ha venido denunciando que las desigualdades basadas en el género, la clase o la raza son estructurales y estructurantes de los sistemas académicos y se soportan en las relaciones de saber-poder, la dependencia académica y los modos de producción del conocimiento, marcados por el binarismo dominación-subalternidad.
Las violencias sexuales y las desigualdades asociadas al género y la raza se constituyen en problemáticas muy sentidas por el conjunto de la comunidad universitaria. En los últimos años, las colectivas estudiantiles, los y las estudiantes, trabajadoras y profesoras han denunciado y alertado sobre las graves afectaciones que éstas tienen sobre la vida de las personas que las padecen y el conjunto de la comunidad académica.
Sin embargo, y a pesar de la magnitud del problema, la institucionalidad universitaria no ha logrado desplegar una política amplia e integral que permita su atención y resolución. Por el contrario, su inoperancia ha generado condiciones de impunidad, revictimización e inexistencia de garantías de no repetición. De ahí que resulte impostergable formular acciones y políticas que contribuyan a la erradicación de estas violencias y a la generación de garantías y condiciones democráticas para que los y las integrantes de nuestra comunidad universitaria puedan desarrollar todas sus capacidades como seres humanos sin temor a ser violentados o discriminados por su género, opción sexual o pertenencia étnica.
En la Universidad Nacional (UN) de Colombia las violencias y desigualdades se expresan y ejercen, entre otras, por medio de las siguientes prácticas: i. Comentarios sexistas dentro y fuera de las clases, ii. Acciones de acoso sexual y violaciones; iii. Discriminaciones y bullying hacia las personas con opciones sexuales diversas; iv. Los factores culturales e institucionales que determinan el ingreso a la planta docente siguen siendo masculinos y patriarcales lo cual explica la menor vinculación de profesoras mujeres; v. Restricción en el ingreso a la vida universitaria; vi. Menor porcentaje de mujeres matriculadas y graduadas en pregrado; vii. Bajo nivel de asignaturas sobre género y mujeres; viii. Poca visibilización y transversalización del enfoque de género en el desarrollo de las asignaturas; ix. Ausencia de medidas institucionales con enfoque de género para el manejo de los asuntos tratados por el Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios- CORCAD; x. Inexistencia en los estatutos disciplinarios de sanciones para docentes y estudiantes referidas a violencias sexuales; xi. Mecanismos de ingreso a la comunidad universitaria sin enfoque de género (Estrategia de género Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2020).
Investigaciones realizadas sobre violencias sexuales dentro de la UN arroja datos alarmantes, la mayoría de estudiantes mujeres de pregrado y posgrado afirman ser victimas de acoso sexual; y los tipos de violencia más frecuentes son el acoso sexual y la violencia psicológica.
Un estudio de la profesora Dora Isabel Díaz, publicado en la Boletina N° 8 de la Escuela de Estudio de Género, advierte sobre el bajo nivel de denuncia “solo el 1,3% de los 5.531 casos declarados” son denunciados “lo que contribuye a ignorar y/o banalizar el sufrimiento del AS y de sus graves impactos en la salud emocional y física y en los proyectos académicos de las estudiantes”.
Aunque la universidad cuenta con dos disposiciones normativas para atender las violencias sexuales y promocionar la equidad de género éstas han resultado claramente insuficientes. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T-061 de 2022 ha llamado la atención sobre la inacción de la universidad frente a las denuncias de actos de violencia basadas en el género y sobre la existencia de fallas estructurales de la normatividad universitaria. De ahí que se avanzó en un proceso de reforma del protocolo.
Los avances en el reconocimiento de estas violencias y desigualdades son resultado de la persistencia y lucha de la comunidad estudiantil, particularmente de las mujeres estudiantes, profesoras y trabajadoras. A todas estas valientes mujeres debemos los derechos alcanzados y los caminos trazados para hundir el patriarcado. En este 25N recordamos a Rosa Luxemburgo por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
