Por: Freddy Ordóñez Gómez
La jurista Alicia Ruiz, Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advierte como ante las luchas de las mujeres orientadas a ocupar el espacio público y a ser reconocidas como sujetos de derecho y como ciudadanas, “los poderes judiciales no están a la altura de las interpelaciones que se les dirige”. En efecto, los sistemas judiciales mantienen prejuicios y estereotipos, pretenden ignorar el carácter social y político del juzgar, la fuerza prescriptiva del discurso jurídico, su efecto performativo y capacidad para instituir relaciones sociales; a través del derecho, magistrados y jueces aceptan acríticamente o reproducen los modelos hegemónicos legitimadores del poder, anuladores de identidades y de diferencias*. Ahora bien, una forma de revertir la situación expuesta es con la igualdad de género en la judicatura, la presencia de más mujeres en el sistema judicial es una necesidad urgente especialmente en nuestra América y en el país.
En el informe Participación de la mujer en la administración de justicia el entonces Relator Especial sobre la independencia de los abogados y magistrados, Diego García-Sayán, si bien, reconoce el esfuerzo realizado por varios países para intentar garantizar la igualdad de género en el sistema judicial y fiscal, afirma que los resultados son aún insuficientes, por lo que los Estados deben redoblar esfuerzos, pues, “según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual de cambio, se necesitará casi un siglo para lograr la igualdad”.
La representación de las mujeres en el poder judicial de América Latina ha mostrado avances en las últimas décadas, pero persisten grandes desafíos para alcanzar la paridad a nivel regional. Efectivamente, las cifras disponibles indican que, a diciembre de 2021, las mujeres ocupaban sólo el 30,4% de los cargos en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de América Latina.
La presencia de las mujeres en la justicia colombiana es más alta que la media regional: según datos de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, de más de seis mil jueces y magistrados en el país, el 46,87% son mujeres, mientras que el 53,13% son hombres. Lo anterior, no se ve reflejado en las altas cortes donde las cifras varían. Así, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de 22 magistrados en ejercicio sólo 5 son mujeres, lo que representa únicamente el 22.7% del total; por su parte, en el Consejo de Estado, de 27 consejeros (hay 4 vacantes), tan solo 5 son mujeres, es decir apenas cuentan con un 18,5% de participación en el órgano de cierre de lo contencioso administrativo; en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de 7 magistrados, 2 son mujeres (28,5% del total).
Por otra parte, la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, de los cuales cuatro son mujeres y cinco son hombres, lo que representa aproximadamente un 44,4 % de magistradas y un 55,6 % de magistrados. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, compuesto por seis magistrados, la composición es paritaria: tres hombres y tres mujeres. Por su parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistratura está conformada por 20 mujeres y 18 hombres. En el caso de la Corte Constitucional, en los próximos meses deberán elegirse tres nuevos integrantes, dado que finalizan su período las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, así como el magistrado José Fernando Reyes, cuyos reemplazos se espera que sean mujeres.
Ante la necesidad de avanzar en la igualdad dentro de los sistemas de justicia, como una oportunidad para eliminar los obstáculos que enfrentan las juezas y como un llamado al empoderamiento de las mujeres, el 28 de abril de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, mediante la Resolución 75/274, proclamar el 10 de marzo de cada año como Día Internacional de las Juezas. Esta decisión se fundamentó, entre otras razones, en: (i) la observación del número relativamente reducido de mujeres que han ocupado cargos judiciales, en particular en posiciones directivas superiores dentro de la judicatura en todos los niveles; (ii) el reconocimiento de la labor de la Red Mundial de Integridad Judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para incorporar la perspectiva de género en los sistemas judiciales; (iii) la reafirmación de que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas contribuyen de manera decisiva al progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y (iv) la convicción de que la participación activa de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los niveles de toma de decisiones, es indispensable para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.
Es imperativo que, en países como Colombia y en consonancia con lo expresado por el relator García-Sayán, se implementen acciones dirigidas a combatir la discriminación de género y garantizar la igualdad en el acceso de las mujeres al sistema judicial, especialmente a las altas cortes. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante políticas y medidas afirmativas que permitan superar barreras, el establecimiento de cuotas en la administración de justicia y el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos a la labor de juezas y magistradas. Todo lo anterior debe considerarse bajo la premisa de que “la representación equitativa de mujeres y hombres en el sistema de administración de justicia es tanto un objetivo en sí mismo como una condición esencial para la protección equitativa y efectiva de los derechos humanos y la igualdad sustantiva”, condición inicial para que el sistema judicial responda efectivamente a las interpelaciones que por derechos, igualdad sustantiva, nuevos modelos de ciudadanía y del sistema social desde las mujeres y el feminismo se le hacen.
* Ruiz, Alicia E. C. De las mujeres y el derecho. En: Idas y vueltas. Por una teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2001.
