Por: Dumar A. Jaramillo-Hernández
Profesor Universidad de los Llanos MVZ. Esp. MSc. PhD.
La minería es una industria crucial pues dependemos de ella para los bloques básicos de construcción del mundo moderno. Es un sector en rápida evolución, donde la transición hacia la energía limpia y la digitalización aumenta la demanda de materiales como el cobalto y el litio, mientras que reduce la necesidad de otros, como los combustibles fósiles. Sin embargo, sabemos sorprendentemente poco sobre lo que está sucediendo en el sector a nivel mundial.
Esta columna está dirigida a amplificar el llamado que muchos científicos en el mundo hacen al respecto de la minería: se necesitan inventarios integrales de los sitios y zonas de exploración minera para conocer los impactos sociales y ecológicos.
Comenzando este año, la prestigiosa editorial científica Nature publicó datos que nos muestran la hecatombe silenciosa que abarca la producción minera en el mundo, donde de los 120.000 km2 del uso total de la tierra para minería, tan solo hay información pública de 53.000 km2 (44%). Es así, que más de la mitad de las áreas mineras globales (56%) visibles a partir de imágenes satelitales, no tienen información de producción, situación que genera preocupación sobre las consecuencias ambientales y sociales, en su mayoría no medidas.
De los 67.000 km2 de área de producción minera indocumentados en el mundo, gran parte se ubican en países como Rusia, China, Indonesia, Brasil y Estados Unidos. Además, es altamente preocupante la situación de Myanmar, donde no hay un solo documento de producción minera oficial.
Para dar más luces, es importante aclarar que ese 56% de zonas mineras sin información pública en el mundo, no todo hace parte de minería ilegal (es decir, sin concesión Estatal). Eso quiere decir que muchos ejercicios de minería “legal” tienen serias lagunas de información de los datos que publican, o simplemente se desconocen.
Al respecto de la minería ilegal, hasta el año 2016 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Interpol estimaron el valor de esta entre 12.000 y 48.000 millones de dólares cada año. Por ejemplo, esta forma de extracción de arena prevalece en al menos 70 países (un dato crítico nacional, las operaciones ilegales representan más del 80% de todo el oro extraído en Colombia y Venezuela ¡hágame el favor!).
La minería ilegal tiene graves consecuencias ambientales, incluida la contaminación por mercurio procedente de la extracción artesanal de oro, la destrucción de la flora y la fauna, la degradación del paisaje y los riesgos de radiación, e influye directamente en las tierras cultivables y los bosques.
Al desconocer los datos reales del los impactos sociales y ambientales nos encontramos en un limbo mientras que las principales economías del mundo dedicadas a la extracción de recursos, siguen acelerando sus motores de devastación para ofertar en el mercado mundial sustratos mineros altamente necesarios y demandados para las famosas “tecnologías de energías limpias”. Se estima que se demandarán hasta seis veces más minerales para 2040 en comparación con 2020 para una vía de emisiones “netas cero”.
Esta situación de desinformación deja a los científicos con una visión fragmentada de la industria y obstaculizan su capacidad para rastrear estrategias de descarbonización y proponer políticas y decisiones. No podemos gestionar lo que no podemos medir, es hora de abordar las "incógnitas conocidas" del sector minero.
Hoy todos los Estados, sus gobiernos y pueblos saben qué se debe hacer al respecto, por consiguiente, la presión social sobre nuestros dirigentes es absolutamente necesaria para se encaminen esfuerzos locales, regionales, nacionales e internacionales para abordar y solucionar estas “incógnitas”
En primera instancia, donde haya zonas de explotación o exploración minera, se deben exigir declaraciones sobre el sesgo y la integridad de los datos que se generan en la misma, esto puede incluir el alcance de la minería no oficial y el comercio de materias primas en un área de estudio. Esta primera parte es esencial para que existan leyes que obliguen, vigilen y permanentemente sigan a la industria para que se garantice el mejoramiento de la calidad y cantidad de datos que publica sobre sus actividades.
Los propietarios de las concesiones mineras deberán subir en bases de datos de acceso abierto, información integral de las zonas de explotación y exploración. En este momento, los ejecutivos de la industria minera dirían “eso ya lo hacemos en S&P Capital IQ Pro”, pero lo hacen parcialmente y esta base de datos no está abierta al público (la información se puede consultar la plataforma dispuesta para compilar la información minera mundial: https://www.spglobal.com/marketintelligence/es/sp-capital-iq-pro).
Cumpliendo esta primera exigencia, los investigadores deben coordinar sus esfuerzos y compartir datos de sus análisis de impacto ecológico y social en bases de datos nacionales e internacionales, que fácilmente podrían ser administradas por entes que han liderado (sin ningún resultado) este ejercicio, por falta de apoyo público y privado. Aquí la ciencia juega un papel preponderante para identificar las causas fundamentales de las lagunas de información que resultan de una falta de responsabilidad histórica, así como problemas de confidencialidad, intereses comerciales y regulación.
Por último, es imperante vincular técnicas de teledetección e inteligencia artificial en este ejercicio de medición de impacto de la minería en el mundo. Los datos satelitales, los sensores de los teléfonos inteligentes y los vehículos aéreos no tripulados podrían complementar las fuentes de datos reportadas sobre los sitios mineros, además de ser parte del trabajo de vigilancia en tiempo real de las concesiones otorgadas.
Estamos llamados todos a hacer parte de las soluciones inmediatas a esta hecatombe silenciosa, no podemos desconocer que el sector primario y extractivo minero es vital dentro de las economías de diversos países, de allí resultan recursos de regalías que permiten el crecimiento social, desde sus inversiones en educación y salud, pero también es uno de los pilares asociados al calentamiento global, contaminación con residuos orgánicos persistentes en los ecosistemas y afecciones aún por determinar a corto, mediano y largo plazo en comunidades, debemos exigir políticas públicas veedoras que garanticen la prevención del impacto para la comunidad.