Por: Margarita Jaimes Velasquez
En Colombia, cada vez que ocurre un acto execrable contra un niño, niña o adolescente se levantan las voces pidiendo justicia y sanciones severas para los victimarios; sin embargo, terminan siendo titulares de la mañana que en la tarde son noticias olvidadas. A pesar de que existe el mandato constitucional de priorizar el goce efectivo de los derechos de la niñez, el Estado sigue en deuda con el deber de prevención y protección que le asiste. La prueba de ello es la elevada cifra de violencia y maltrato que, según datos de la Policía Nacional, asciende al reporte de 78.124 casos durante el 2024, entre los que se cuentan violencia sexual, maltrato infantil e inasistencia alimentaria, sin mencionar otras formas de violencia que no son denunciadas o que se han naturalizado por la sociedad. Hasta agosto del año en curso, se cometieron en Colombia, 345 homicidios de niños, niñas y adolescentes.
Es muy importante revisar cómo está el acceso a la justicia para estas víctimas, pero, el debate no debe centrarse únicamente en el aumento de pena para los agresores. La verdadera discusión debe plantearse en el que hacer para prevenir y proteger a la niñez de toda forma de violencia. El centro de la disputa legal y política debe ser garantizar el desarrollo armónico del individuo y para ello, deben diseñarse instituciones sociales y legales capaces de resignificar el deber de protección, es decir, es el momento de pasar de la retórica al cumplimiento de las obligaciones.
Lo anterior significa romper las redes de corrupción que se apropian de los dineros del PAE, la infraestructura escolar, los parques y demás recursos que deben destinarse para garantizar que este sector social pueda desarrollarse plenamente. También implica la existencia de un verdadero andamiaje institucional que sea capaz de responder oportuna y eficazmente cuando un derecho esté en riesgo o haya sido violentado.
No es posible que solo pensemos como nación, en un incremento de las penas para los delitos contra la vida y la libertad sexual de la niñez, y dejemos de lado a los cómplices institucionales que por acción o por omisión facilitan las condiciones para la ejecución de actos atroces contra los niños, niñas y adolescentes.
En efecto, revisando varios planes de desarrollo en algunos municipios y departamentos del Caribe, se observa que, algunos establecen actividades tan generales que es imposible saber cómo ello garantizará el derecho a ser protegido y al desarrollo en ambientes libre de violencias, incluso, algunos, entes territoriales no asignaron recursos económicos a los temas de niñez ¿será que los planes de desarrollo no deben regirse por el interés superior del niño? Ahora bien, ese es un problema mayúsculo ya que son estos los responsables de materializar las políticas públicas. No obstante las falencias descritas, es mucho más incomprensible que las otras autoridades no hagan algo al respecto.
La desidia por los temas de niñez es tan grave, que, revisando la estructura del gobierno, se observa que hay ministerios para todo, menos, para el presente y el futuro de la nación: la niñez. En nuestros entes territoriales, es más factible encontrar un comité operativo para las fiestas patronales, que una mesa de trabajo para diseñar estrategias de prevención contra el reclutamiento forzado, por poner un ejemplo.
A pesar de que Colombia tiene el compromiso internacional de proteger a sus niños, niñas y adolescentes, la realidad muestra que persiste el reclutamiento, uso y utilización de niños, la explotación sexual y ni que decir de la trata de personas que sigue galopando en nuestras ciudades. Eso en el caso de los delitos, porque en la cotidianidad los niños y niñas de los territorios empobrecidos o del campo que deben transportarse en motos sin que las autoridades, la familia y la sociedad se percaten de los riesgos a que están expuestos.
La prevalencia de los derechos de la niñez, así como el principio del interés superior que debe direccionar la acción estatal, no puede seguir siendo ignorado por las autoridades. Es hora de abrir los ojos, limpiar los oídos y actuar adecuadamente para garantizar que todos los niños y niñas tengan derecho a vivir esa etapa sin más limitaciones que las normas de convivencia solidaria.
