Por: Margarita Jaimes Velasquez
La educación constituye un recurso efectivo para el ejercicio de la ciudadanía crítica. Este derecho tan importante para el desarrollo de la sociedad política y económica de Colombia está en crisis por la falta de compromiso de las autoridades para proteger a uno de sus pilares: las y los maestros. La protección de la que hablo es la protección física, especialmente de quienes se encuentran en la Colombia profunda donde el conflicto armado sigue vigente mediante la violencia contra la población civil, particularmente, contra aquellas personas a los que consideran no afines o potencialmente peligrosas para sus intereses.
Sea entonces el homicidio del docente de Guaranda, Armando Rivero Manjarrez, el sábado 13 de julio en la troncal de Occidente entre Sucre y Córdoba, el pretexto para explicar mis reflexiones al respecto. En la Alerta Temprana 003 de 2020 para los municipios de la Mojana sucreña, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos al que están expuestos los docentes, ya por el ejercicio de la docencia o por los procesos de prevención del consumo de drogas, embarazos y del reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños que desarrollan para el estudiantado. En ese momento la Institución instó a las autoridades para que diseñaran estrategias que garanticen la seguridad y vida del personal docente, especialmente, de aquellos que laboran en los entornos rurales.
No obstante, cuatro años después de emitida, las recomendaciones sobre los riesgos descritos en la advertencia persisten sin que las autoridades hayan logrado mitigar la situación de orden público en la región, impactando la tranquilidad y la seguridad de los sectores sociales identificados en riesgo. Esto es un ejemplo que tal vez, no se acerca a la gravedad de otras zonas del país donde los escenarios de riesgos son más complejos.
Con esta pequeña introducción de un problema mucho más complejo, me pregunto ¿Cómo impulsar el pensamiento crítico en las aulas de clases sin exponerse a perder la vida? Difícil tarea para esos maestros y maestras que trabajan en regiones remotas de nuestra geografía, en donde, la única presencia estatal es la escuela. Pero también son territorios dominados por grupos armados ilegales, en los que el actor armado impone las reglas de convivencia y limita las libertades fundamentales. En esos espacios de hegemonía, la libertad de enseñanza, que es la libertad para expresarse y para generar debates críticos sobre asuntos trascendentales para la nación, es desafiar la autoridad.
Por eso creo, que paz total debe pasar por garantizar el ejercicio de la práctica docente libre de toda injerencia de cualquier aparato de poder. Es necesario que se proteja de toda forma de intimidación, amenazas contra la vida y la seguridad personal al cuerpo docente de las escuelas, de modo que, el derecho a la educación cumpla su misión que es impulsar el sujeto de derechos.
En estos contextos de miedo, seguramente, la educación se limita a la impartición de información sin análisis y discusiones que cuestionen la realidad. Esto es problemático porque, es en la escuela donde se desarrollan habilidades para analizar los contextos pasados y actuales, además, es el lugar que sienta las bases para comprender, aceptar y respetar el pensamiento divergente. También es el escenario primordial en el que se desarrollen destrezas para la resolución solidaria y pacífica de los conflictos ¿Cómo esperar ciudadanos y ciudadanas capaces de cuestionarse y cuestionar la realidad sin haberlo aprendido en el primer espacio de socialización con otras personas no familiares? ¿Cómo soñar el respeto por la diferencia, si la educación está permeada por el miedo?
Por ello, insisto, la paz total requiere un modelo educativo que promueva sujetos pensantes, capaces de transformarse para transformar; pero ello, no es posible, si no se protege de manera efectiva, eficiente y oportuna la vida y las libertades de las maestras y maestros.
