Por: Andrés Gómez O.
Ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería geotérmica de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda)
Al gas debemos llamarlo por su nombre: gas fósil, no gas natural. Debe ser claro que estamos hablando de un combustible fósil, y como tal, de uno de los energéticos responsables de la crisis climática. De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la quema de carbón, petróleo y gas es responsable del 86% de las emisiones de dióxido de carbono de la pasada década. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), quemar gas fósil libera alrededor de 28% menos de emisiones de CO2 que petróleo; si se compara con la gasolina, 34% menos. Sin embargo, buena parte del gas extraído se libera directamente a la atmósfera sin quemarse. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la liberación de metano, principal componente del gas fósil, es recurrente en la industria petrolera; fue cuantificado en 2021 en 180.000 millones de metros cúbicos, un valor 70% mayor a las cifras reportadas. Su efecto al liberarse directamente a la atmósfera es 86 veces más potente que el del dióxido de carbono (CO2) en un horizonte de 20 años. El metano es responsable de alrededor del 30 % del aumento de la temperatura global desde la revolución industrial.
Estimaciones hechas en la cuenca hidrocarburífera del Permian estadounidense, indican que alrededor del 9,4 % del total de gas extraído se fuga a la atmósfera. El impacto climático de estos escapes en Estados Unidos en 2015 fue aproximadamente el mismo que el de las emisiones de CO2 de todas las térmicas a carbón que operaron allí ese año. Para la Universidad de Cornell, aunque las emisiones de CO2 de la quema de gas son menores que las de la quema de carbón y otros derivados del petróleo, las fugas de metano del 4,8% contribuyen a una huella general de gases de efecto invernadero mayor que para cualquier otro fósil. Afirman que “el gas no tiene una ventaja inmediata en términos de emisiones sobre el carbón para generar electricidad si las emisiones fugitivas son superiores al 3,2%”. Combinando las fugas en procesos extractivos, de transformación, transporte y uso, las emisiones promedio generales de metano en Estados Unidos corresponden al 4,8% del total de la extracción de gas. No se cuenta con estudios parecidos para Colombia, pero se podría inferir un valor mucho más alto, teniendo en cuenta la permisividad de nuestra legislación, y la falta de capacidad de vigilancia independiente, en comparación con los estándares estadounidenses.
En el mismo estudio se indica que alrededor del 50% de las fugas de metano se dan en las tuberías de media y baja presión que recorren calles, casas y edificios, y en la combustión incompleta en estufas, hornos y calentadores de agua. Las empresas de servicios públicos están obligadas a mantener los niveles de fuga por debajo de la posibilidad de explosiones, pero las inferiores son muy dispendiosas de evitar. Se advierte que estas podrían reducirse reemplazando el sistema de distribución de gas, acción con pocas posibilidades de cierre económico al requerir la destrucción de calles, aceras y pavimento. Por eso el estudio afirma que “en lugar de gastar fondos para reducir las fugas en los ductos de distribución, la sociedad debería dejar de utilizar gas natural lo más rápido posible en edificios y viviendas.” En este sentido se podría citar como referencia la ley aprobada por el Estado de Nueva York en 2023, que prohíbe las estufas de gas, los hornos y las calefacciones para los nuevos edificios con menos de siete pisos y, desde 2029, para construcciones más altas. Es importante tener en cuenta que se utiliza gas fósil en el 52 % de las viviendas estadounidenses.
En el caso colombiano, la utilización masiva del gas en el sector residencial fue promocionada por el gremio petrolero con el descubrimiento del campo Chuchupa en los años setenta del siglo pasado. Mientras las actuales reservas probadas del país alcanzarían para 7,2 años de consumo, son los mismos gremios los que promueven continuar con su dependencia con la exploración por campos que se evidencian cada vez más costosos desde el punto de vista ambiental, energético, económico y social (Uchuva y Gorgon, por ejemplo). Esta dificultad es una realidad física inexorable que nos muestra que primero se encuentran los yacimientos de más fácil acceso, mayor tamaño y mejor calidad y, con el paso del tiempo, la incorporación de nuevas reservas se hace más difícil. Como se explica ampliamente en la investigación ”Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia”, a pesar de las altas inversiones en exploración en los últimos 30 años, no se registran descubrimientos comparables con Chuchupa, Cusiana, Pauto y Cupiagua. En 2022 se extrajeron 392 Gpc de gas, y los nuevos descubrimientos solo repusieron el 9,18% del gas consumido. Más aún: solo 10 campos (de 313 donde se explota gas), aportan el 83,97 % de este. Y de los cuatro campos antes mencionados, sale el 44,22%.
Los publicitados descubrimientos de gas en Uchuva y Gorgon en el Caribe colombiano son evidencia de esta condición. Se trata de yacimientos que se encuentran en aguas profundas y ultra-profundas, muy diferente a las condiciones someras de Chuchupa. La profundidad a la que está el lecho marino en el pozo Chuchupa 1 (1973), es de 46 metros. En contraste, para Uchuva 1 (2022) es 830 m. y para Gorgon 1 (2017), 2316 m. Para el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), el posible desarrollo de estos campos conllevaría grandes incertidumbres y altos riesgos económicos. Según su análisis estas inversiones no tendrían viabilidad comercial dado que el valor actual neto (VAN) es negativo en los escenarios de precios de gas más probables. Concluyen, además, que suponer la rentabilidad de estas inversiones a partir de la venta de gas en el mercado colombiano aumentaría los precios internos e implicaría al estado pagar importantes subvenciones buscando precios aceptables para los consumidores. Wood Mackenzie alerta con elementos adicionales, señalando la capacidad limitada para transportar el gas desde altamar al interior, y la necesidad de la expansión de la infraestructura en tierra que estaría sujeta a múltiples conflictos sociales, como los asociados a consultas previas.
Con una mayor oferta de renovables, junto a una reducción sectorizada en la demanda de gas, Colombia satisfaría su mercado interno sin nuevos proyectos de explotación. Para la generación eléctrica, (22,2% del consumo), las fuentes eólicas y solares con almacenamiento de baterías tienen costos menores. De acuerdo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con aval social, voluntad política, y especial énfasis en generación distribuida, se podría llegar a una matriz eléctrica 100% renovable antes de 2030. Para el sector residencial (17,6% del consumo), las cocinas de inducción son una alternativa económica y con un importante impacto benéfico en la salud, como se observa en el análisis del exitoso programa de “Cocinas eficientes” en Ecuador, que redujo la dependencia al GLP importado a partir de la transición de más de 750.000 hogares de cocinas a gas a eléctricas de inducción. También para el sector residencial, y con aplicaciones industriales y comerciales (32% del consumo), existen posibilidades con el desarrollo del potencial solar térmico del país; de acuerdo a un reciente estudio, existe un potencial de 10.000.000 de m2, lo que podría ahorrar hasta un 40% del uso de gas fósil en estos sectores. Una salida gradual y planeada de la dependencia del gas no solo es posible: es urgente.
