Por: César Gualdrón
En días recientes, después de su última visita a Washington, el presidente de Argentina, Javier Milei ha hecho varias apariciones en los medios de comunicación de su país, intentando dar un impulso a su agrupación política en la campaña parlamentaria de medio término del próximo domingo 26 de octubre, al carecer dicha agrupación política de candidatos que tengan algún mínimo reconocimiento público o positivo o, cuando menos, una básica capacidad discursiva.
En tales entrevistas ha dado más pistas de lo que es su modelo económico falsamente prodigioso, incluso más que en la mal llamada presentación de su último libro “La Construcción del Milagro”, que fue apenas un pésimo espectáculo en el que vociferó las mismas consignas vacías en contra los “zurdos de m”… y poco o nada dijo del libro. Así pues, a pesar de que él mismo se atropella en sus palabras cuando intenta explicar su proyecto de país, quizás porque no piensa en un país sino en mercados abstractos que solamente existen en los manuales de economía, resulta elocuente tanto en sus afirmaciones como en sus evasivas frente a las preguntas de los entrevistadores.
En ese sentido, por una parte, indica que el destino de Argentina es el de ser una economía primario-exportadora, como en el siglo XIX, pero esta vez haciendo énfasis en enclaves extranjeros, principalmente estadounidenses, en la extracción de petróleo, gas natural, cobre, litio, oro, etc. Para ello ya se ha establecido el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el cual contiene ventajas cambiarias, aduaneras y fiscales para las empresas que quieran involucrarse en el sector, sin tener la más mínima consideración de los efectos adversos que sobre los ecosistemas-sistemas tiene este tipo de actividad económica .
A su vez, con la completa liberalización del flujo de capitales podría llegar a convertir a la Argentina en un gigantesco paraíso fiscal, al peor estilo de Panamá, para que una gran cantidad de activos financieros puedan trasladarse allí, haciendo posible la evasión de impuestos en los respectivos países de origen, además del consabido lavado de activos que son producto de actividades ilegales y del desvío de recursos públicos. Y también un escenario para la operación de los conocidos fondos buitre y demás especuladores financieros. De todas maneras, ese flujo de capitales hacia el interior de la economía argentina podría mostrarse, en su momento, como indicador de crecimiento y prosperidad; indicador que sería engañoso o, para ser más precisos, que no haría referencia a la concentración en una porción bastante reducida de la población de dicha prosperidad.
En un caso y en el otro, el mecanismo para la atracción de esa inversión extranjera es una reforma de la tributación, consistente en la reducción de impuestos a los grandes propietarios (tanto empresas como personas, nacionales y extranjeras), pues se asume que semejante medida hace más barata la inversión y, como consecuencia, se incrementa su rentabilidad, cuya búsqueda constituye el objetivo de los empresarios. Sin embargo, esto no es más sino una declaración de fe en un supuesto automatismo del mercado, el cual no tiene en cuenta otras variables que inciden en el nivel de la inversión, tales como los costos financieros, los costos de la energía, la infraestructura disponible, la situación de los mercados interno y externo, entre otras.
Mientras tanto, durante el gobierno de Milei han cerrado más de 18.000 empresas y se han perdido más de 250.000 empleos en los diferentes sectores económicos, particularmente concentrado en la industria, la construcción y el transporte y almacenamiento. Así mismo, los salarios han tenido una muy fuerte pérdida de su capacidad de compra, lo cual conduce a un círculo infernal consistente en menor consumo que, a su vez, se traduce en menos ventas por parte de las empresas y, consiguientemente, en un mayor número de cierres y mayor desempleo.
No obstante, en su modelo “milagroso” no se contempla medida alguna para la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido empresarial y mucho menos un atisbo de política de promoción a la industria, sector que es el principal motor generador de empleos (empleos de calidad) y de una economía dinámica mediante la constitución de diversos encadenamientos productivos con el mismo y con otros sectores.
Por otra parte, la antedicha reducción de impuestos (solamente en favor de los más grandes propietarios pero no en favor de la mayor parte de la población) conduce a que el Estado argentino cuente con una menor cantidad de recursos para hacer viable el cumplimiento de lo que cabría suponer que son las funciones de un Estado civilizado del siglo XXI, que no se reduce a ser un Estado gendarme como lo fuera en el XIX. O sea que el correlato del hipotético aumento del flujo de recursos externos hacia el interior de la economía argentina es la reducción del gasto público en los rubros de infraestructura y del gasto social en educación, salud, pensiones de jubilación, subsidios para mitigar la condición de pobreza de ciertos sectores de la población, etc., a la manera en como ha venido sucediendo, empeorando la situación de la mayor parte de la población del país.
Se reduce en esos rubros como consecuencia de la búsqueda del equilibrio o superávit fiscal, pero no se piensa reducir en lo que hace referencia al aspecto represivo del Estado y, mucho menos, en el rubro correspondiente al pago de la deuda pública, la cual ha superado los montos históricos durante este gobierno. Es decir, para ese gobierno no es prioritario el bienestar de la población sino la satisfacción de los intereses económicos de los acreedores y especuladores financieros. Y, en caso de que cualquier sector de la población se atreva a alzar la voz y protestar por semejante injusticia, ese gobierno estará dispuesto a emplear la violencia represora en su contra (nota: ya lo hace ante cada concentración de jubilados, por ejemplo).
Finalmente, el eje principal del modelo económico propuesto por Milei, y por ese motivo ha insistido con mayor ahínco es la reforma laboral, flexibilizando absolutamente las condiciones de la contratación de la fuerza de trabajo, la cual significa una completa eliminación de cualquier medida protectora de la clase trabajadora frente al poder del empresariado. Esta eliminación de las medidas mínimas de protección al trabajo se justifica con el argumento de que van en contra de la generación de empleo, puesto con los aumentos de dichos cargos salariales se incrementan los costos laborales de las empresas; es decir, en la medida en que los costos laborales aumentan, se incrementarían los costos de la inversión, lo cual conduciría a su disminución y, por tanto, a una ralentización o deterioro de la dinámica económico y al incremento del desempleo.
Sin embargo, salvo en la imaginación de los economistas neoliberales, tal flexibilización laboral no conduce a la superación estructural del fenómeno del desempleo, ni siquiera lo reduce significativamente en el mediano plazo y menos puede decirse en cuanto a la generación de empleos de calidad, aun cuando sí tiende a contribuir a incrementar las ganancias de las grandes empresas. Entonces, su objetivo real es la postración de la población trabajadora ante el capital; población que sin derechos garantizados por el Estado queda expuesta al desempleo, a desempeñar actividades de rebusque, o a la resignación frente a unas muy precarias condiciones de contratación laboral y de ejercicio del trabajo y, consiguientemente, a la negación de la posibilidad de una vida digna y de construcción de futuro.
