Por: César Jerez
El lunes 1 de septiembre fue radicada en la Registraduría, por unos 1.200 delegados campesinos de todo el país, la primera Consulta Popular Campesina en la historia de Colombia. Previamente se había realizado un trabajo de varias semanas entre organizaciones de la Agenda Nacional Campesina, con otras organizaciones campesinas y Comités Municipales de Reforma Agraria para llegar a un acuerdo sobre su realización, proceso que culminó en una Asamblea Nacional Campesina, desarrollada en el recinto de Corferias, en Bogotá, los días 30 y 31 de agosto, donde se redactaron las preguntas y se presentó al país la Consulta Campesina.
La consulta tiene unos antecedentes importantes:
- El punto uno del Acuerdo de Paz entre los gobiernos Santos y las FARC sobre Reforma Rural Integral.
- El papel definitivo de la producción campesina durante la pandemia del COVID para garantizar seguridad y soberanía alimentaria en el país.
- El acto legislativo 01 de 2023 que modificó el artículo 64 reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
- La política pública de Reforma Agraria del actual Gobierno.
- Y la realización de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) que deja bien parada a la Reforma Agraria, donde los encuestados aprueban la redistribución de tierras, manifiestan una enorme favorabilidad de la sociedad colombiana hacia el campesinado y dicen que mayoritariamente (64%) apoyarían la realización de una Consulta Popular Campesina.
Y es que el acuerdo de paz le dio centralidad a la cuestión agraria y campesina; la pandemia demostró la importancia de tener un sector productivo campesino, incluso sin respaldo del Estado; el artículo 64 reconoce políticamente al campesinado con marco constitucional; la Reforma Agraria por primera vez trata de solucionar los problemas estructurales del campo y la encuesta realizada demuestra la simpatía de la sociedad colombiana frente a la Reforma Agraria y frente al sujeto campesino.
Estos antecedentes arrojan la siguiente lectura: por primera vez, y pese a la permanencia de la guerra, el campesinado deja de ser un sujeto proscrito, estigmatizado y señalado por una doctrina militar (el enemigo interno) y por la exclusión de las élites, para pasar a ser un sujeto esperanzador, de cambio, de equidad y justicia, con un papel protagónico en la sociedad, como productor de comida, actor cultural y defensor de la naturaleza y el ambiente.
Las 5 preguntas de la consulta buscan dotar de institucionalidad, política pública y presupuesto a la Reforma Agraria y materializar de esa forma los derechos campesinos, son las siguientes:
1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?
Esta pregunta busca fortalecer y hacer expeditos los procesos de acceso a tierras para los sin tierra.
2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?
Esta pregunta busca fortalecer la institucionalidad del sector y la economía campesina para lograr la soberanía y seguridad alimentaria del país.
3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?
Esta pregunta busca solucionar los conflictos socio-ambientales que hacen inviables los derechos campesinos en Parque Nacionales y Regionales, Zonas de Reserva Forestal y Páramos, una de las grandes deudas de este Gobierno.
4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?
Esta pregunta busca materializar los derechos campesinos, su territorialidad, reglamentando el artículo 64 y haciendo los arreglos institucionales necesarios.
5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?
Esta pregunta abre la puerta a los diálogos territoriales de paz y al diálogo directo de comunidades campesinas con grupos armados para lograr mínimos humanitarios que defiendan y garanticen la vida en el campo.
No obstante, el alcance y el tenor progresivo de las preguntas, los críticos de la Consulta apuntan a riesgos inherentes de este proceso sin precedentes:
- La instrumentalización de la Consulta por parte de campañas y candidatos electorales.
- La cooptación de la Consulta por parte de funcionarios del actual gobierno.
- La instrumentalización de la Consulta por parte de grupos armados con base social campesina.
- Mayor debilitamiento y la profundización de la división en el movimiento campesino si no se logra recoger las firmas aptas requeridas (más de dos millones) y si no se llega a la fase de votación de la consulta.
- Una baja votación en caso de llegar a la fase de votación de la consulta.
Estos riesgos serán superados en la medida en que el movimiento campesino supere las diferencias, los oportunismos y se fortalezca en la ruta de la autonomía. Si todo sale bien y la Consulta avanza, la Reforma Agraria perdurará como política pública, daremos un salto en la materialización de los derechos campesinos y tendremos organizaciones campesinas más fuertes, con autonomía y con una agenda campesina sólida de interlocución y negociación con el próximo Gobierno y con la institucionalidad del Estado.