Por: María Fernanda Barreto
El Estado colombiano se fue configurando desde su nacimiento para servir a los intereses trasnacionales antes que a los nacionales y desde hace décadas se convirtió en plataforma de la guerra contrainsurgente, implementando una estrategia militar y paramilitar en la que no sólo las organizaciones insurgentes son objetivos, sino también, la dirigencia social que confronta los intereses de quienes expolian las riquezas de Colombia y de los países vecinos cuyos gobiernos se atreven a insubordinarse a las políticas que representan los Estados Unidos.
Por eso, aunque mucho suele acusarse al expresidente Álvaro Uribe Vélez de la paramilitarización del Estado, lo cierto es que las dos décadas de su hegemonía en el poder fueron simplemente tiempos en los que groseramente se hizo más evidente que ese Estado subordinado está dispuesto a masacrar al pueblo colombiano para garantizar el enriquecimiento de una oligarquía cada vez más enquistada y unas trasnacionales cada vez más omnívoras.
Por supuesto, nunca faltó el discurso, impulsado por las corporaciones mediáticas, que descalificara ante la opinión pública cualquier crítica, desestimara incluso a las víctimas directas de esas políticas y acusara de paranoia y, por supuesto, subversión, a las voces que se levantaron para señalar a los responsables. ¿A quién si no a una persona muy mal intencionada podría ocurrírsele que, por ejemplo, una institución tan apegada a las leyes, como se supone debe ser la Fiscalía General de la Nación, pudiera servir para concitar y encubrir crímenes contra el propio pueblo colombiano?
Por eso, esta semana los titulares de las corporaciones mediáticas del país titularon como escandalosas las declaraciones del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quien dijo que entregará las pruebas de sus nexos con militares, magistrados y sobre dos personajes en particular que ocuparon la fiscalía general de la Nación: Mario Iguarán y Néstor Humberto Martínez. La declaración de Macaco, ante los medios de comunicación, se suma a las anteriormente dadas por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien desde hace más de una década ha involucrado en el entramado criminal al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, quien hoy es parte de la delegación del gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las declaraciones públicas de ambos exjefes paramilitares aportan argumentos contundentes sobre el triste papel que han jugado las instituciones colombianas en el conflicto político, social y armado del país, en este caso, la fiscalía general de la Nación, ente investigador y acusador del país. Lo que debe conducir a cuestionar a todo el sistema judicial al que por mala costumbre o resignación histórica, solemos llamar “la justicia”.
La configuración del lawfare continúa
Por todo lo antes dicho, no es sorprendente que el Fiscal Francisco Barbosa este señalado de atacar toda posibilidad de paz en Colombia. Sus más recientes acusaciones contra el ELN sobre un supuesto plan para atentar contra su vida pretenden avanzar en ese sentido, cumpliendo al menos tres objetivos inmediatos que cuentan con el apoyo de los carteles mediáticos colombianos, encabezados por los del grupo Gilinski.
El primer objetivo es atacar la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el ELN, luego de que el 3 de agosto esa mesa lograra consolidar dos grandes avances: el inicio del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, y dos, la instalación del Comité Nacional de Participación, lo cual ocurrió en un evento de masas inédito que contó con la presencia del Presidente Gustavo Petro y superó las capacidades del aforo previsto en Corferias.
Por su parte, la delegación del ELN en la mesa de diálogos ha negado las acusaciones del Fiscal Barbosa. En un artículo reciente, el propio comandante Antonio García calificó esta noticia como “parte de la estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la opinión nacional e internacional para restarle credibilidad y generar dudas sobre el ELN, referidas al cumplimiento del Cese el Fuego Bilateral, Nacional y Temporal acordado con el Gobierno Nacional”. Y agregó que “cualquier incidente debe tramitarse con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación acordado”.
Mientras tanto, el presidente Petro declaró que tal información nunca pasó por los canales regulares, defendiendo la labor del General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. A pesar de ello, el presidente ordenó reforzar la seguridad de Barbosa, así como del General (R) Eduardo Zapateiro y la política de extrema derecha María Fernanda Cabal, quienes también dijeron estar bajo amenaza de la misma organización guerrillera.
El segundo objetivo es continuar atacando la recuperación de las relaciones entre Venezuela y Colombia, pues en su denuncia el Fiscal señala que la planeación del presunto atentado en su contra se habría hecho en territorio venezolano.
Una fotografía ilustra claramente el tercer objetivo. Tal como denunciamos en un artículo anterior, Barbosa procura avanzar en las posibilidades de una operación de guerra jurídica o lawfare contra Gustavo Petro y ahora se acerca a un experto en apoyar golpes de Estado en el continente: nada menos que Luis Almagro. Por eso el fiscal colombiano acudió el martes 15 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar una solicitud de medidas cautelares que garanticen su seguridad y la de su familia. Y ahí, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, se capturó la mencionada imagen de su apretón de manos con su Secretario General.
Barbosa declaró que no siente que el Gobierno de Gustavo Petro se haya tomado en serio su denuncia por lo que solicitó a la CIDH que le exija al ejecutivo colombiano que tome mayores medidas de protección y que “respete la independencia judicial”, lo que resulta casi irónico.
Probablemente todo esto continúe posicionándolo como el candidato uribista para las elecciones presidenciales de 2026. Su empeño en atentar contra la paz y la democracia sin duda lo califican, cada día más, para dicha postulación de la derecha.
El actual Fiscal General de Colombia no ha presentado la primera prueba de sus denuncias, pero en un mundo donde la verdad es cada vez más relativa al posicionamiento mediático que a los hechos reales, salta a la vista que el Fiscal Barbosa cuenta con un gran equipo de propaganda nacional e internacional dispuesto a apoyarlo, lo que implica una amenaza real para la democracia y contra todos los esfuerzos para construir la Paz en Colombia.
