Por: Carolina Corcho Mejía
Médica psiquiatra y exministra de salud
La situación actual que afronta Colombia con la llegada de un gobierno alternativo al bipartidismo tradicional que ha gobernado a Colombia durante su vida Republicana implica la continuación de una transición democrática que inició con la Constitución de 1991, momento histórico que implicó una ruptura en la configuración del poder político en Colombia.
La constitución de 1991 avanzó en la apertura democrática para participar en los procesos electorales por fuera del bipartidismo, la división de poderes, la descentralización política, administrativa y fiscal, que posteriormente tendría un retroceso con la ley 715 de 2001 que se calcula habría restado a los sectores educativo, salud y del agua una suma 285 billones de pesos que se destinarían vía proceso de descentralización. También existen algunos mandatos que no se han desarrollado como el estatuto del trabajo y la implementación de las entidades territoriales indígenas. Uno de los vacíos que deja la Constitución es la reforma social y económica en favor de las mayorías excluidas del país, la reforma a la fuerza pública y a la política.
En ese contexto me propongo hacer una síntesis de lo que constituyen un conjunto de reformas y políticas públicas que requiere Colombia para dar continuidad a esa transición, estas hacen parte de un trabajo en el que participaron alrededor de 60 investigadores de la “Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible”, varias de estas propuestas contaron con la participación de cientos de organizaciones regionales y ciudadanas a lo largo y ancho del país y constituyen una parte importante del programa de gobierno del Presidente Gustavo Petro. Estas están referidas al sistema político, la superación de la pobreza, los derechos humanos, la garantía del derecho a la seguridad social, la distribución equitativa de la riqueza, toso esto orientado al logro de una justicia social que garantice derechos fundamentales.
Para iniciar es importante señalar que una transición significa que se establece un proceso reformista que requiere o no el paso por el Congreso de la República, dado que muchos sectores ya cuentan con algún marco legal para la ejecución, lo importante es que este proceso tenga un claro punto de llegada y que las políticas públicas que se desarrollen vayan en el sentido correcto del punto de llegada de la transición, que debe conducir a resolver las causas de los problemas identificados. Las reformas de una transición tampoco se realizan por un capricho del gobierno de turno, se hacen porque se debe responder a unas demandas sociales sentidas que en el caso colombiano la ciudadanía ha expresado recientemente en dos estallidos sociales en el año 2019 y 2021, y en un proceso electoral en donde las mayorías del país votaron por un cambio.
En las propuestas que se desarrollaron la mayoría requieren reformas legales que implican enfrentar la correlación de fuerzas de los poderes políticos representados en el Congreso de la República, por tanto, esta última variable va ser crucial para que se lleve a cabo la transición.
Algunos temas de la Agenda de Transición Democrática:
Uno de las deudas históricas para el logro de la equidad del país es la reforma agraria, Colombia es un país con una excesiva concentración de la tierra, situación que ha estado atravesado por el conflicto armado y el narcotráfico, el Gini es de 0,9 siendo 1,0 la máxima concentración existente. El país ha pasado a importar 15 millones de toneladas de alimentos al año que pudieran ser producidos en sus campos, los casi 12 millones de ciudadanos campesinos y campesinas se encuentran en el quintil de mayor vulnerabilidad social, económica y de negación de derechos fundamentales entre la sociedad colombiana. Es importante reconocer el avance del Gobierno y del Congreso de la República en la aprobación de la reforma constitucional que reconoce al campesinado como sujeto de derechos.
En ese sentido, se ha propuesto la necesidad de establecer una renta básica campesina como un derecho a un mínimo vital que posibilite los mínimos de la proyección de una vida que no se desarrolle en la extrema pobreza. Para el desarrollo del campo se hace necesaria la pavimentación de vías terciarias que conforme a los cálculos de los investigadores costarían al país 115 billones de pesos en un proyecto que podría realizarse en un tiempo de 15 años. En la actualidad existe un marco normativo dado por el acuerdo de paz en los puntos 1 y 4 para la distribución de tres millones de hectáreas entre víctimas y familias campesinas. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha avanzado en la compra de 25.802 hectáreas, más que lo que lograron los dos gobiernos anteriores que no alcanzaron ni siquiera llegar a las 20 mil hectáreas en dos períodos gubernamentales. Según la propuesta de transición democrática el costo de la implementación de la Misión de Transformación del campo es de 373 billones, lo que significa 24 billones anuales a 15 años, esto implica además la formalización de 7 millones de hectáreas y la sustitución de cultivos ilícitos, que podría tener como unas de las alternativas la industria cannábica entre otras, lo que implica medidas legales en el Congreso de la República, no obstante la reforma constitucional que establecía ese marco normativo, la regulación del consumo de cannabis de manera recreacional, se hundió en el Congreso recientemente.
La reforma agraria implica además un cambio en el modelo de desarrollo hacia una economía circular, con una concepción agroecológica que elimine prácticas que contribuyan a la deforestación y a la crisis climática, además de la incorporación de circuitos urbano/rurales para que la población de las ciudades acceda a los alimentos directamente del campesinado, cuya participación debe ser central en el abastecimiento de alimentos al país. El reto es enorme, es del tamaño de la deuda histórica.
Reforma Política
El sistema de partidos políticos en Colombia se ha caracterizado por ser fragmetario y tener una pobre regulación, si bien la Constitución de 1991 permitió la apertura del sistema político a una participación más amplia, esto posibilitó la fragmentación y la emergencia de diversas colectividades, muchas de ellas que solo implicaban personalismos, lo que obligó a la realización de una reforma política en el año 2003 que estableció el sistema de umbrales que obligaron a reagrupamientos, aun así el Consejo Nacional Electoral en el último año ha aprobado mas de 35 personerías jurídicas, esto supone de nuevo un tránsito hacia la fragmentación de los partidos que se han comportado más como empresas electorales.
Otras de las debilidades es el fraude electoral como lo ha demostrado fallos del Consejo de Estado frente a elecciones del Congreso en donde se han establecido pérdidas hasta de un millón setecientos mil votos fraudulentos, sin que se hayan identificado y sancionado las causas de tan aberrante comportamiento electoral. La financiación ilegal de campañas por parte del narcotráfico o por contratistas del Estado gozan de un 100% de impunidad. Ahora se ha desatado las investigaciones por financiación de Odebrecht a la Campaña del entonces candidato presidencial del Uribismo Oscar Iván Zuluaga, pero todo parece indicar que estas investigaciones se realizan más como una respuesta tardía a la iniciativa del sistema judicial de los EEUU que por un cumplimiento oportuno de la misión del sistema judicial en Colombia.
El juicio y sanción de los delitos electorales en Colombia están dispersos en varias instituciones del Estado y el órgano de inspección vigilancia y control de los Partidos, el Consejo Nacional Electoral, no goza de independencia dado que es elegido por los propios partidos políticos a través del Congreso de la República. Todas estas deformidades del sistema político electoral colombiano es la que debe abordar y corregir una reforma política.
En este contexto se ha propuesto la creación de un tribunal electoral con siete integrantes turnados por las altas cortes, con tribunales regionales que puedan dar respuesta oportuna a las demandas requeridas. El Consejo Nacional Electoral quedaría como la parte administrativa de los comicios electorales, vigilancia de inscritos para la competencia electoral, por tanto, este órgano no debe ser elegido por el Congreso de la República, sino por las altas cortes. En cuanto a los partidos políticos se hace necesaria la instauración de listas cerradas paritarias, con la exigencia que se surtan procesos democráticos al interior de los partidos para la definición del orden de las mismas, esto evita los mecanismos del bolígrafo que se ha practicado por décadas en los directorios partidistas.
En la pasada legislatura se hundió la reforma política que había sido presentada por el gobierno nacional, dicho sea de paso que esta no consideró dentro de su articulado el referente a la Corte electoral, consideró las listas cerradas con muy poco apoyo en la corporación, pero en el camino del trámite se fueron introduciendo aspectos como la posibilidad de que Congresistas puedan pasar de manera inmediata a hacer parte del ejecutivo, condición que en nuestra opinión pone en riesgo el principio republicano de la división de poderes. En medio de la inviabilidad política de la misma el Gobierno solicitó el retiro de la misma.
Reforma Pensiones:
Las pensiones hicieron parte de la reforma de la ley 100 a la seguridad social, en esta se abrió la posibilidad del manejo de los aportes públicos pensionales por parte de los fondos privados de pensiones mediante la creación del régimen de ahorro individual RAIS, la promesa del momento era la cobertura universal en pensiones, asunto que 29 años después es demostrable que no se dio, dado que la cobertura apenas se ha ampliado en 7% de los trabajadores que conforman la Población Económicamente Activa, PEA, llegando a tan solo un 40% de la misma, el 83.2% en RAIS y el 75.3% en Colpensiones no logran acceder a una pensión.
Los fondos Privados de pensiones hoy tienen a la mayor parte de los trabajadores cotizantes, esto corresponde a 17.6 millones en los fondos privados y 6.8 millones en Colpensiones que es el fondo público, esto significa que actualmente el 72.1 % de los trabajadores están afiliados a los fondos privados, el resto está en Colpensiones y en las entidades y fondos de los regímenes especiales.
El otro problema que tiene el sistema pensional es los bajos montos por los cuales se pensionan los trabajadores, en Colpensiones se aproxima al 70% del ingreso promedio cotizado en los últimos 10 años y en los Fondos privados no supera el 30%, en ambos sistemas es baja, pero mucho más en los fondos privados. El 81% de los pensionados de Colpensiones reciben un monto inferior a 2 smmlv mientras en los fondos privados la pensión en general es 1 smmlv.
La propuesta que radicó el gobierno nacional en el Congreso de la república contempla la generación de un sistema pensional universal fundamentado en pilares, un primer pilar básico, universal y obligatorio en donde deben cotizar todos los afiliados, que en un principio era hasta los 4 smmvl pero que en las conversaciones con los sectores empresariales se redujeron a 3 smmvl. Un segundo pilar de cotización por encima de los 3 smlv de capitalización en los fondos privados de pensiones y un tercer pilar voluntario de capitalización, donde deseen aportar los afiliados para aumentar su pensión de vejez. Esto permitiría que los cotizantes a Colpensiones sustenten la pensión de los propios afiliados, lo que implica la liberación de billonarios recursos que hoy aporta la nación para garantizar dichas pensiones, recursos que podrían ser dirigidos a una renta básica a los casi tres millones de adultos mayores que no pudieron cotizar en su vida debido a que estaban en la informalidad.
La propuesta que va en el sentido correcto ha recibido críticas por parte de un número importante de profesores de la Universidad Nacional de Colombia, en el sentido de que la reforma tal y como está en la actualidad afecta a la clase media, profesores, independientes, maestros que cotizan en el régimen de prima media, dado que al obligar a que solo puedan cotizar hasta tres salarios mínimos en Colpensiones y el resto en los fondos privados, se vería reducida de manera considerable el monto de su pensión, en algunos cálculos que presentan esta disminuiría de 7 millones mensuales a 4 millones. A nuestro juicio les asiste la razón en la crítica, y consideramos que el Gobierno debería revisar y ajustar la reforma de tal manera que no se afecte a la clase media, permitiendo por ejemplo que quienes ya se encuentran afiliados a Colpensiones puedan permanecer allí, como una alternativa que no afecte a este grupo poblacional.
