Por: Eduardo Montealegre Lynett *
La propuesta de Gustavo Petro para alcanzar la paz total en Colombia es audaz: negociar con la insurgencia (ELN y FARC), someter a los grupos organizados ilegales, ensayar una nueva política global en la lucha contra las drogas, consolidar los acuerdos de La Habana y dar un “salto social” para superar la pobreza y conseguir equidad. Es un reto descomunal cargado de buenas intenciones. Merece el apoyo de los colombianos.
Lo difícil es el camino escogido: las herramientas para desarticular las estructuras del crimen organizado, vinculados al narcotráfico y conexos, son equivocadas. Mas exactamente: son ingenuas. Le entregan esta misión al fiscal general de la Nación, quien hace parte, ideológicamente, de los sectores de ultraderecha que le apuestan al fracaso del Pacto Histórico como proyecto político de largo alcance. Colocar a Barbosa a impulsar la paz, es tanto como “poner al ratón a cuidar el queso”. No será un militante encubierto del Centro Democrático, que recibe ordenes desde el Ubérrimo, el actor central de este proceso. ¡Están muy equivocados! Barbosa es un caballo de Troya, como lo fue Néstor Humberto Martínez. También es un sueño pensar que, sin evidencias fuertes que demuestren la responsabilidad de los grupos al margen de la ley, se conseguirá el desmonte de sus actividades ilegales. La Fiscalía General —debido al salto hacia tras de las dos últimas administraciones— no tiene el músculo que se requiere para desactivarlas. Sus modelos son anticuados.
Además, es inconstitucional entregarle al comisionado de paz facultades de negociación con el crimen organizado, que requieren, para ser realistas y eficaces, poderes jurisdiccionales que le permitan disponer de la acción penal. Lo que están planteando, de ponerlo a conversar, es pura retórica barata (bla, bla, bla). Un engaño. Reiteramos: mientras no se cambien los modelos de investigación existentes por herramientas modernas como la inteligencia artificial y financiera, el análisis de redes, el manejo de grandes bases de datos (big data), la posibilidad de investigar simultáneamente las infracciones penales, aduaneras y tributarias de organizaciones, entre otros, no podemos enfrentar el desafío de grupos —cada vez más sofisticados— que usan las herramientas de la sociedad del conocimiento y la información. La lucha contra el crimen organizado requiere un “giro copernicano”: una nueva entidad moderna e independiente de la corrupción en la que el “humilde” Barbosita —el “narciso general”, el mejor fiscal de la historia, el más brillante de su generación— sumió la lucha contra el delito. Sí: el mismo que le puso escoltas a sus mascotas mientras los lideres sociales son asesinados por las mafias del narcotráfico y del paramilitarismo. El Gobierno, inexplicablemente, no quiere entender esta elemental realidad. ¿Por qué soluciones para la coyuntura y no para el largo plazo? ¿Pactos ocultos? ¿Soberbia? ¿Ignorancia?
Si el gobierno sigue empecinado en creer que la paz total se conseguirá con unos retoques cosméticos a ciertas formas procesales —además, mal hechos e inconstitucionales—, este ambicioso proyecto se convertirá en una utopía, en un rotundo fracaso que implicará defraudar las expectativas del país y catapultar nuevamente a los apologistas de la guerra y el paramilitarismo. Quienes asesoran al comisionado de paz —vinculados a la administración de un enemigo de las salidas negociadas al conflicto armado como Néstor Humberto Martínez, francotirador a los acuerdos de Cuba— están impulsando mecanismos totalmente ineficaces (burdos) para desarticular el crimen organizado. Como están las cosas, van a convertir la gran propuesta de Gustavo Petro en un colosal mecanismo para lavar los activos y fortunas del narcotráfico. Un resultado ética y jurídicamente impresentable que puede convertir a Colombia en un Estado capturado por organizaciones delictivas. Más papaya para las diatribas del neo-fascismo Latinoamericano.
Los lineamientos que hasta ahora ha presentado el Gobierno —no conocemos los textos definitivos— muestran una política de paz improvisada: propuestas de normas que violan la Constitución, como la de poner el eje central de una negociación en un funcionario —el comisionado— que no tiene potestades para hacer acuerdos que impliquen la renuncia o disposición de la acción penal; modelos procesales que desconocen el derecho fundamental a la igualdad al excluir, sin razones justificadas, grupos ilegales que también podrían estar amparados por políticas de sometimiento; violaciones a principios universales como el de legalidad de los delitos al consagrar ambiguas estructuras de imputación; incoherencias y contradicciones en el sistema planteado que hacen las normas inconstitucionales por violar el principio de seguridad jurídica; creación de un sistema de alternatividad penal que viola el principio constitucional de proporcionalidad; darle facultades al presidente para reglamentar temas que tienen reserva de ley como la intervención de víctimas en el proceso; asignarle a la Defensoría del Pueblo funciones que desbordan su margen de juego consagrado en la Constitución.
Como dijo el premio nobel de la paz Juan Manuel Santos, “el gobierno está lleno de buenas intenciones, pero le falta rigor”. Las propuestas de paz son políticamente acertadas; plausibles, razonables. Lo peligroso es el camino que están abriendo para consolidarlas y llevarlas a la realidad. La paz debe conseguirse a través del derecho y no contra la institucionalidad que impera en un Estado social y democrático. El fin que se busca, totalmente loable, se puede tornar en ilegítimo si los medios con que se alcanzaran los objetivos valiosos se apartan del marco axiológico de la Constitución. El proceso de justicia transicional que tuvo Colombia —las negociaciones con las FARC— alcanzó un enorme apoyo internacional por el respeto a los estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de crímenes internacionales. No hubo impunidad. Situación que no se vislumbra en las perspectivas de negociación con el crimen organizado ( grupos vinculados al narcotráfico). Por el contrario: la percepción que tenemos es que los instrumentos para el sometimiento son tan débiles que pueden terminar en una burla a la justicia. Argumento: está estructurada fundamentalmente en la confesión y el testimonio de quienes se verán beneficiados, sin que el Estado tenga una herramienta fuerte de investigación para verificar la veracidad de las mismas y el desmonte real de las estructuras. Estamos repitiendo experiencias fracasadas en el pasado, como la del Gobierno de Cesar Gaviria que pacto con el cartel de Medellín y este siguió delinquiendo. “Cesar Imperator” se convirtió en un rey de burlas. ¿Le pasará lo mismo al presidente Petro?
La paz total nos concierne a todos los colombianos. El país tiene derecho a saber cuáles son las reglas del juego que estarán sobre la mesa. Hasta ahora no las han mostrado, y la percepción es que hay cartas marcadas. Por el bien del país: necesitamos una paz construida sobre las base de una democracia deliberativa fundada en el peso y la controversia de argumentos y no en pactos opacos que no conocemos. Hago estas críticas porque creo en el proyecto histórico de la paz total. Soy parte de él. No podemos darnos el lujo de fracasar. Ojalá este equivocado en mi escepticismo, pero esto empezó mal. Es hora de que el Pacto Histórico abandone la campaña electoral y empiece a gobernar. Mas seriedad, menos retórica. Colombia espera soluciones, no discursos. Ojo: la culebra sigue viva, activa en el Uberrimo.
