Por: Karla Díaz
El año pasado, las ministras de Ambiente y Agricultura realizaron una gira por los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, uno de los principales focos de deforestación en Colombia. Durante esta visita, anunciaron la reglamentación de las concesiones forestales campesinas, consideradas una de las soluciones más prometedoras para proteger la selva. La resolución 0057 del 17 de enero de 2025 finalmente las reglamentó, sin embargo, el texto genera más incertidumbre que claridad sobre su implementación.
La concesión forestal campesina apareció por primera vez en la legislación colombiana en el artículo 55 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026). Su objetivo principal es que las comunidades campesinas que actualmente ocupan Zonas de Reserva Forestal (ZRF) en la Amazonía, transiten de la ganadería a una economía forestal. Es decir, lo que se quiere es que el campesinado cambie las vacas y le apueste a sacar madera y a transformar frutos amazónicos, fibras u otros productos que da la selva, negocio englobado en el término de bioeconomía.
El modelo se inspira en la experiencia de Guatemala, donde algunas comunidades han logrado explotar la madera de forma sostenible y hasta exportar. La propuesta sin duda representa una alternativa económica para transformar los modelos productivos en la Amazonía y con eso, reducir el impacto de la ganadería. No obstante, en el país la apuesta institucional y los incentivos son aún difusos.
Reconociendo el avance en la generación de acciones específicas orientadas al fortalecimiento del campesinado, la reglamentación deja varios aspectos sin resolver sobre cómo garantizar que la economía forestal pueda competir con la ganadería. Las principales dudas giran en torno a tres factores: (1) la falta de compromisos claros del Estado en el apoyo a este modelo, (2) la ausencia de mecanismos de financiamiento definidos y (3) la falta de articulación entre ministerios claves para su implementación.
La resolución 0057 establece en su capítulo 4 que el Estado debe acompañar el proceso mediante la elaboración de un plan de asistencia técnica, a cargo de las corporaciones autónomas, con apoyo del Ministerio de Ambiente. No obstante, esta asistencia se limita a capacitaciones, extensión y asesoría técnica dentro de los acuerdos de conservación y planificación ambiental participativa.
En estos acuerdos, los campesinos asumen compromisos de conservación y no deforestación, mientras que el papel del Estado se reduce a la promoción de capacidades técnicas. Esta relación desigual plantea interrogantes, pues tenemos bastante evidencia de que intercambiar acuerdos de cero deforestación a cambio de talleres, no funciona.
Otro problema es la falta de fuentes de financiamiento claramente establecidas en la resolución. En varios apartados, se sugiere que la implementación recaerá en organismos de cooperación internacional, academia y sociedad civil. Esto podría convertir la concesión forestal campesina en un nuevo nicho de cooperación, sin una apuesta firme del Estado para fortalecer la economía forestal con un enfoque asociativo y comunitario. La cooperación internacional, si bien es un apoyo valioso, es volátil, como lo hemos visto esta semana y no puede sustituir un compromiso estructural del gobierno.
Para que esta propuesta sea una alternativa real a la ganadería, es imprescindible hacer que el negocio forestal sea rentable en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, debe sustituir los ingresos de la leche y el queso, que es la fuente corriente de dinero de las familias de estas zonas. En el mediano plazo debe estabilizar la economía campesina para no sucumbir a otros modelos o peor, ser desplazados por el modelo. Finalmente, a largo plazo debe desarrollar un sistema forestal campesino y comunitario fuerte, con encadenamientos productivos y que genere valor agregado. Aquí el modelo debe aprender de los muchos desaciertos del programa de sustitución de cultivos denominados de uso ilícito.
Para lograr esto, es crucial la participación de otros ministerios como el de Comercio, Industria y Turismo y una mayor participación y compromiso del Ministerio de Agricultura, pues aunque la ministra Carvajalino firma la resolución, pareciera que lo hace solo para dar tranquilidad a aquellos a quienes les preocupa que la solución del problema agrario afecte las discusiones sobre usos del suelo en la Amazonía, cosa no menor dada la constante confusión entre derechos de uso y aprovechamiento, con derechos territoriales.
Ahora bien, como modelo productivo, la bioeconomía o productos de la selva, requieren del compromiso del sector agrario para generar encadenamientos productivos y valor agregado; también es necesario considerar aspectos como infraestructura de transporte, acceso a mercados nacionales e internacionales, para que el modelo sea económicamente viable. Falta también discutir aspectos propios del campesinado, como el reconocimiento y protección de sus conocimientos, seguridad y soberanía alimentaria, manejo comunitario y entre otros elementos que lo hacen socialmente apropiado.
Así pues, el establecimiento de concesiones forestales campesinas es un paso inicial importante, pero insuficiente. Se requiere un diálogo nacional más amplio y una decisión firme del Estado para convertir esta iniciativa en una política sólida y efectiva. La resolución 0057 puede ser un punto de partida, pero necesita salir del escenario sectorial del MADS para realizar los desarrollos necesarios que permitan que la figura de concesión forestal campesina sea realmente una alternativa para la Amazonía y su gente.
