Por: Jimmy Viera Rivera
La política abandona los pasillos del Parlamento y las alfombras del Palacio de Nariño, para trasladarse nuevamente en las calles, consecuencia de la sistemática agresión por parte de las bancadas de derecha del Congreso contra las reformas sociales por las cuales votó mayoritariamente el pueblo colombiano. Aunque las reformas sociales no amenazan la supervivencia del capitalismo, su archivo perjudica a millones de colombianos, profundizando la conflictividad social.
La movilización callejera, más que las alianzas políticas bipartidistas, ha sido el escenario político que marca el ascenso del actual gobierno. La equivocada política de gobierno, de creer en la construcción de un acuerdo nacional con sectores oligárquicos del Congreso, fracasó y el presidente Petro lo ha reconocido. Hoy, este se ve forzado a convocar a la movilización nacional y una consulta popular.
Las viejas reglas de juego del sistema de conciliación de las cúpulas políticas no funcionaron, debido al carácter mafioso de las élites económicas que manejan el poder político y que, por causa de su voracidad, no permiten tocar las enormes ganancias producidas mediante el negocio de la salud, pensiones y trabajo.
No obstante, su interés fundamental es ahogar al Gobierno, a través de la maraña de legalismos, trámites constitucionales y desinformación mediática, con el fin estratégico de paralizarlo y frenarlo en todos los terrenos, por medio de la legalidad y leyes de hierro construidas durante muchos años, desde el Congreso, por las oligarquías.
Bloquear al Gobierno es una de las estrategias, ya que cada obra ejecutada a favor del pueblo es la muerte política de la derecha en la oposición y del modelo económico neoliberal.
Si bien, hundir los proyectos de ley de salud y laboral, mediante la votación mayoritaria por parte de la comisión séptima del Senado, sin previo debate democrático, el martes 18 de marzo (día de las movilizaciones) significaría posiblemente una ventaja para las bancadas de derechas, sin embargo, se les convirtió en una victoria pírrica que se devuelve contra ellas y el cuerpo legislativo.
“Los amos del poder económico, conjuntamente con sus testaferros del poder político, permitieron que el proyecto de reforma laboral se aprobara en la Cámara de Representantes, porque en negociación con el Gobierno, pactaron la eliminación del capítulo de los derechos colectivos y las libertades sindicales. Pero la liebre saltó en la comisión séptima del Senado, porque ni siquiera suprimiendo los derechos colectivos y la libertad sindical, que son media reforma, permitieron su trámite democrático y de justa restitución de los derechos conculcados a la clase trabajadora” 1.
El Congreso se encuentra en una encrucijada, ya que si aprueba la consulta popular, su realización niega de hecho el papel de este que no fue capaz de tramitar las reformas sociales. Por el contrario, si el Congreso niega el trámite de la consulta popular, reafirma el carácter clasista y antisocial de éste, y será el punto de partida de su revocatoria política de facto por parte del pueblo en el 2026.
No se descarta que por razones de conveniencia táctica algunos sectores de la derecha en el Congreso, le den vía libre a la consulta, pero luego se abstengan el día de la votación para que no cumpla el umbral electoral y quemarla y al gobierno.
Entregar hoy la propuesta de consulta popular, al Congreso donde la mayoría es de derecha, es similar a entregar una criatura a Herodes. Sin embargo, considerando este requisito, es necesario preparar las fuerzas para esta batalla, con el ánimo fundamental de contribuir al fortalecimiento del poder del pueblo como un actor político protagónico y no desde el solo cálculo electoral.
La negación de las reformas sociales y la corrupción, han producido que los partidos se resquebrajen a pasos agigantados, pierdan la legitimidad y el manejo de las demandas e intereses de sectores populares, trabajadores y clase media que supuestamente representan.
La alianza de partidos de derecha que se reunieron bajo la batuta de Cesar Gaviria, es una perversa coalición de todos contra el pueblo, pues, le apuesta a la abstención de la consulta en caso de que pase en el Congreso, con el propósito de liquidar las reformas sociales.
Las organizaciones de izquierda y progresistas no pueden asumir el rol de observadores y críticos pasivos del proceso, ya que su papel es emplearse a fondo, no solo desde la movilización, sino también en una contraofensiva a los planes de la derecha fascista en el país e impulsar niveles progresivos de poder popular con consulta o sin ella.
La política de la izquierda social, partidista e institucionalizada, debe hacer énfasis en impulsar la lucha independiente por parte de los sectores populares y étnicos, para construir una fuerza social revolucionaria con organización flexible, autonomía y gran capacidad de responder al momento de exacerbación y bloqueo desestabilizador proveniente de la derecha. Impulsar la movilización de la gente, para crear el poder popular territorial y potenciar el liderazgo regional, es la única garantía para profundizar los cambios sociales y democráticos.
El Gobierno no puede seguir brindando inútiles concesiones a la oposición de derecha, sino más bien, profundizar las reformas y medidas que favorecen a los sectores populares (el único respaldo real al gobierno, como el pueblo demostró en las calles este 18 de marzo), mediante impulso a la organización y unidad desde abajo, para socavar las bases del poder corrupto de la derecha.
Para detener y superar el bloqueo político e institucional contra las reformas sociales, es necesario pasar de la movilización de respaldo, a la ofensiva. Es decir, pasar al paro nacional, atacando los factores reales de dicho bloqueo como son los gremios económicos, las bancadas de los partidos y los carteles mediáticos de la derecha colombiana que niega las reformas.
Derrotar con la movilización y organización, cualquier decisión legislativa o salida que esté a espaldas del pueblo.
La manera de derrotar a las clases dominantes, implica dar un giro en la disputa por el poder, cristalizando una nueva hegemonía social, política y cultural, mediante un nuevo proyecto de país soportado por el poder del pueblo.
La intensa conflictividad política que vive el país y que estalla diariamente en cualquier lugar, con manifestaciones espaciales no sólo en centros urbanos sino también rurales, y que no se procesa aparentemente por la vía institucional, es la más clara expresión de la brecha social profundizada por parte del modelo neoliberal, desde hace 35 años.
Opongamonos al poder institucional de los politiqueros de derecha, el desarrollo del poder popular en los territorios a través de las asambleas populares, iniciativas culturales, cacerolazos y autoconvocatorias, movimientos asamblearios de mujeres, jóvenes, afros, indígenas, trabajadores, la diversidad en todas sus expresiones y la unidad de todos los sectores del pueblo, allí está la potencia y el poder transformador.
Los parlamentarios que ayer aplaudieron las masacres al pueblo, hoy cuentan en el Congreso, con sus herederos que hunden las reformas sociales. El Congreso de la República perdió toda legitimidad política y está en peligro su monopolio de la representación pública. Con las mayorías en las calles movilizadas de forma permanente, la revocatoria política es inminente, será el prólogo de su disolución y de las bancadas de derecha, que siguen disparando contra el mandato popular de más de once millones de colombianos.
Notas:
