Por: Gustavo García Figueroa
Como si fuera una idea que a nadie se le hubiese ocurrido antes, los medios, opinadores políticos e influencers, han reaccionado vivazmente al llamado al constituyente primario que hizo el presidente. El grito al unísono fue ¡Petro quiere reelegirse! ¡Petro dictador !hay que defender la institucionalidad! Y así una sarta de arengas efectistas y desinformadas que buscan “emberracar” a la gente y contribuir a una matriz desinformativa y de posicionamiento político que cada vez más se sustenta en titulares provocadores y en enervar el odio.
Resulta hilarante que tras los reiterados pronunciamientos del presidente en el sentido que descarta su propia reelección, los titulares continúen exponiendo que una Asamblea Nacional Constituyente tendría por único fin reelegir al presidente actual. Nada más desacertado; en primer lugar porque, de acuerdo a la cláusula pétrea impuesta en la Reforma al Equilibrio de Poderes, “La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”, con lo cual resultaría más práctico convocar la ciudadanía al referendo de iniciativa popular con unas pocas preguntas que toda la parafernalia que implica una Asamblea Nacional Constituyente. Y, en segundo porque precisamente una de las complicaciones de la Asamblea es que su vocación democrática puede implicar incluso un recorte a las potestades presidenciales, como quiso amenazar Vargas Lleras.
Pero todo este ruido, como casi siempre, solamente ha servido para sobresimplificar el problema y evitar el debate sincero sobre si en Colombia, de manera objetiva, requerimos o no un rediseño institucional que haga funcionar realmente a la carta de derechos y haga funcional el Estado y sus instituciones.
En realidad, los partidarios de una gran modificación institucional son muchos más de los que dicen serlo. Es más, me atrevería a decir que los más acérrimos críticos del pronunciamiento del presidente son quienes mas tienen la urgencia de una constituyente para materializar sus propuestas. Para la muestra basta recordar el grito de “autonomía ya” que enarbolaban distintos gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y algunos congresistas. Me pregunto ¿este justo afán de fortalecer las débiles instituciones departamentales o municipales se puede hacer únicamente con uno o dos artículos? ¿O tal vez con una ley? La respuesta es no. Más allá de un fortalecimiento presupuestal el calado de la palabra autonomía implica pensar en reformas tributarias regionales, modificar el sistema de representación y los órganos colegiados tanto de carácter administrativo como legislativo, permitir que normatividades locales tomen fuerza de ley, revisar las funciones de cargos uninominales y, por supuesto, fortalecer el esquema de control fiscal. Entonces ¿quienes daban ese grito ahora se oponen a que el presidente, con una visión de territorialización de las políticas del ejecutivo para lograr la paz mediante la transformación de las economías locales e ilegales, así como la implementación de la seguridad humana, proponga que revisemos el sistema político en conjunto? ¿o acaso quieren hacer todos esos cambios sin una Asamblea Constituyente? No lograrían mas que pañitos de agua tibia.
Por otra parte, tenemos una Procuraduría General de la Nación cuya función no repetida en el ordenamiento jurídico, era el control disciplinario, mediante la suspensión de derechos políticos a las personas. Esto ya conllevó una sanción por parte de la CIDH, imagínense el despropósito: condenaron por violador de derechos al Estado colombiano gracias a una actuación del “Ministerio Público” cuya misión es precisamente la guarda del interés social y los derechos humanos. Claramente debe pensarse en la reunificación de ese Ministerio Público en cabeza de la Defensoría del Pueblo, afrontar de una vez por todas la lucha contra la corrupción, fortaleciendo la independencia y capacidad territorial de la Fiscalía y dar por finalizada la existencia de la PGN con un discreto resultado sobre sus asuntos misionales y en cambio si, muy útil para el lawfare y la componenda política ¿También creen que sus múltiples menciones en la Constitución se puede arreglar con un artículo? Improbable.
Otra coincidencia importante entre orillas diversas es la necesidad de reformar la justicia. En su momento sectores representativos de la derecha impulsaron la unificación de las altas cortes en una sola (aunque hay que decir con claridad que era un ataque contra la corte Suprema de Justicia por la imputación a Álvaro Uribe), y por otra parte en 2017 la Corte Constitucional declaró que era “inconstitucional” el tribunal de aforados por considerar que su propio fuero es “pilar de la Constitución”.Esta institución ahora “inconstitucional” fue resultado de un amplio consenso político que consideró que la responsabilidad en las altas cortes es presupuesto de la justicia del sistema judicial, pero ahora, tras el fallo que declara que esa irresponsabilidad de los magistrados es pilar de la Constitución pues la única vía es la Asamblea Constituyente.
Hasta ahora ha sido imposible eliminar las contralorías regionales y mucho más difícil hablar de un Tribunal de Cuentas Nacional. Con seriedad ¿creen que el congreso puede deliberar de manera libre y desinteresada sobre este tema tan espinoso y necesario para afrontar la corrupción enquistada en todos los niveles?
La introducción del campesino como sujeto de derechos a la Constitución que se hizo en este gobierno contribuyó a una reivindicación necesaria, pero aún insuficiente. Se requiere profundizar en la estructuración de una relación sería y coordinada de lo público, lo privado y el sector social que está presente en la Constitución actual pero no tiene organismos ni protecciones concretas. Haberse olvidado de esta parte en la Constitución del 91 es quizás el mayor pecado con el que convivimos y por supuesto, un factor de violencia territorial. Escuchar este reclamo de estos sectores comunales, sociales y solidarios es inaplazable.
Me quedan pendientes mil temas, organización electoral, reforma política, regalías, competencias en temas de seguridad territorial, el sistema de adquisición progresiva de derechos y otros del Acuerdo de Paz que implican reformas constitucionales así se desconozca, etc y l o que empezó como columna de opinión podría convertirse en tesis fácilmente.
En fin, la necesidad de una constituyente, con o sin Petro es evidente y urgente y querer desdeñar de esto, es querer tapar el sol con un dedo. La estructura que hoy maneja el Estado es inequitativa, ineficiente y excesivamente centralista. No se debe rehuir una discusión de país, con lo que tenemos tardaremos varios siglos para reparar las víctimas del conflicto, lograr la paz en nuestros territorios y sobre todo para lograr un verdadero cambio. Así que a todos aquellos que quieren afrontar los problemas estructurales del país les hago un respetuoso llamado: ¡Salid del Closet!
