Por: César Jerez
La noche del 13 de diciembre de 2022 Petro sancionaba la “reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”, dos días antes había anunciado su plan “hambre cero”, casi al tiempo que informaba que la Universidad del Catatumbo será una realidad, tan solo unos días antes de la realización (este fin de semana) del primer encuentro cocalero, para avanzar hacia la sustitución de cultivos de coca, en esa martirizada región.
Tres semanas atrás, durante la primera convención campesina en la historia del país, el presidente y su gobierno reiteraban su compromiso de cumplir con la Reforma Rural Integral del acuerdo de paz de La Habana, poniendo el acelerador en la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra y en la formalización con derechos de propiedad en 7 millones de hectáreas de fincas campesinas.
Esta descarga de política social, sin precedentes, se daba mientras en el Perú era depuesto por un golpe de Estado institucional el Presidente Castillo, en un país donde el congreso puede declarar insubsistente al presidente y donde el presidente puede disolver al congreso, todo un ceviche constitucional que nos recuerda la música de Pastor López, “golpe con golpe yo pago”. La referencia a la crisis peruana, mientras millones de peruanos se dirigen a Lima, no es gratis, pues en diferentes escenarios, desde la derecha hasta la izquierda, se habla de su posible similitud con un desenlace colombiano, “si las cosas no salen bien”.
¿Qué podría desestabilizar a un gobierno que apenas comienza y del cual hacen parte actores tradicionales de la “política”, los mismos responsables de la situación actual del país? Las mayorías en el congreso fueron construidas con una lógica clientelar y burocrática de control del gobierno y con el mismo modelo de las cuestionadas prebendas del pasado. Una parte considerable de la institucionalidad del Estado es controlada por el uribismo y los carteles de la corrupción institucional siguen vigentes y fortaleciéndose después de 4 meses de gobierno.
Este equilibrio a la colombiana, con más de lo mismo, sin embargo es frágil y efímero, puede ser roto por cualquiera de las partes según convenga.
La pérdida de la muchedumbre por parte del uribismo fue oportunamente cooptada por un discurso alternativo que finalmente se reflejó en las urnas. Así que la disputa por la voluntad de la muchedumbre, ya sea desde dispositivos mediáticos y de odio, o desde su inclusión social se vuelve determinante.
El hambre, aparte de desnutrición, genera inconformidad y explosividad social. Unos 21 millones de colombianos no comen bien, aguantan hambre. La cifra coincide con los 19,6 millones de colombianos en pobreza monetaria según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). En ciudades capitales como Valledupar, Montería, Florencia, y Cartagena, entre el 40% y el 50% de los hogares comen solo entre una y dos veces al día. De las 133 muertes de niños por desnutrición en menores de cinco años, en 2022, según el Instituto Nacional de Salud (INS), la mayoría murieron en La Guajira y el Chocó, los dos departamentos con mayores índices de pobreza y pobreza extrema.
Por eso la presentación reciente de un plan oficial de lucha contra el hambre, que inicia con la iniciativa “hambre cero” es trascendental, 500 mil pesos mensuales para dos millones de familias en pobreza extrema, medida que debe ser complementadas con otras políticas públicas como:
- Una red nacional de ollas comunitarias.
- Una red de comedores comunitarios en los barrios y veredas con más hambre.
- Subsidio para comensales en restaurantes de estratos 1, 2 y 3.
- Implementación de la Reforma Rural Integral y de su plan sectorial de alimentación.
- Crear institucionalidad para la lucha contra el hambre.
- Crédito a proyectos productivos e iniciativas de lucha contra el hambre.
- Solución a la falta de agua para economía campesina y de agua potable para comunidades víctimas del hambre.
- Atención médica nutricional para las víctimas del hambre, dotación de suplementos de vitaminas y minerales.
- Incluir un capítulo sobre la lucha contra el hambre en el Plan Nacional de Desarrollo - PND.
Si el actual gobierno no va a cumplir con la resurrección del Instituto de mercadeo agropecuario IDEMA, liquidado en su momento por la actual ministra de agricultura, pues se debe optar por apoyar un mecanismo que garantice procesos de asistencia y extensión rural, logística, acopio y comercialización de alimentos.
Algunas organizaciones campesinas, indígenas y afro han venido proponiendo que el gobierno apoye la creación del Instituto de mercadeo propio - IDEMINGA.
IEMINGA podría ser una organización para el acompañamiento a procesos productivos, logísticos y de comercialización de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afros y de reincorporados, para el fortalecimiento de las economías campesinas y las economías propias, en el marco de la Reforma Rural integral, su plan de alimentación, la sustitución de cultivos declarados ilícitos y las políticas públicas contra el hambre.
IDEMINGA es un potencial instrumento de lucha contra el hambre, para implementar los acuerdos de paz en economía campesina y su plan de alimentación, para articular procesos de producción campesina, compras estatales y distribución social y estatal de alimentos, para aportar a los planes de sustitución de cultivos declarados ilícitos e implementar políticas de precios de sustentación, articulando redes de productores y consumidores.
Para esto es necesario garantizar acceso a fondos y a crédito público y construir una red de extensión, logística, acopio y de comercialización directa.
IDEMINGA puede iniciar brindando atención alimentaria a los miles de damnificados de la ola invernal, suministrando alimentos a redes de comedores comunitarios, redes de ollas comunitarias, a restaurantes subsidiados y a entidades, instituciones y políticas de alimentación de lucha contra el hambre (escuelas, colegios, universidades, cárceles, ICBF, PAEs, Ejército y Policía, hospitales, hogares, ancianatos, guarderías).
Para lograr que las compras estatales de alimentos y su distribución, se haga de manera transparente, se deben eliminar los carteles de corrupción en las compras y los suministros de alimentos que existen en las entidades e instituciones del Estado. Luchar contra el hambre es luchar contra la corrupción.
En 2003 Lula Da Silva inició su programa de “hambre cero” en Brasil (Fome zero), con el paso de los años se logró medir el aumento de ingreso a la escolaridad de niños(as) y la disminución de trabajo infantil, los niños crecieron más y tuvieron mejores resultados escolares gracias a que comían una buena dieta. Esos niños venían de familias que ganaban menos de la mitad de un salario mínimo en Brasil. En la escuela recibían una comida diaria gratis de calidad producida por los campesinos brasileros.
La política de Fome zero fue financiada con empréstitos del Banco Mundial y con recursos propios. Fome zero benefició a 52 millones de brasileros, el 27% de la población de Brasil durante los 7 años de los dos gobiernos consecutivos de Lula. Lula terminó su gestión con un 80% de popularidad.
En 1952 Lula, su madre y sus 6 hermanos migraron desde Pernambuco, en el nordeste, hasta Sao Paulo, en el sur, viajaron durante 13 días en un camión de carga, el viaje para salir de la pobreza. Lula fue trabajador infantil para luchar contra el hambre: fue niño lustrabotas, tintorero, vendedor ambulante de yuca y frutas, antes de ser un adolescente obrero metalúrgico.
Lula da Silva volvió a ganar este año, elegido por la misma muchedumbre que fue menos pobre gracias a su política de “hambre cero”. El hambre nunca se olvida.
El cambio es un discurso vacío y muerto, si nuestros niños se siguen muriendo de hambre, de sed y de pobreza, mientras nuestro silencio se duerme hastiado, contemplándolo, todos los días.
